La Razón.- Las tres instituciones europeas- Parlamento, Consejo y Comisión- han llegado a un acuerdo este miércoles para la reforma del pacto de migración y asilo tras unas maratonianas negociaciones en la recta final de dos días y dos noches. El objetivo reside en que este compromiso pueda ser formalizado en los próximos meses para llegar con los deberes hechos a las elecciones europeas del mes de junio del año que viene.
El temor era que un nuevo fracaso diera alas a los partidos de extrema derecha europeos de tintes euroescépticos, tras la victoria en Países Bajos de Geert Wilders, conocido por sus posiciones contra la inmigración musulmana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado este acuerdo como “histórico” y ha subrayado que servirá para luchar contra la inmigración ilegal. “Significa que los europeos decidirán quién viene a la UE y quién puede quedarse, no lo contrabandistas. Significa proteger a los que lo necesitan”, ha asegurado en un comunicado.
La inmigración y la gestión de las fronteras se ha convertido en un de los temas más polémicos de los últimos años desde la crisis de refugiados del año 2015, con las llegadas masivas de sirios que huían de la guerra, unas circunstancias extremas que abrieron en canal en club comunitario entre países de llegadas (el sur) y de acogida (el norte). Entonces los países del Este boicotearon sin descanso las cuotas de reparto de refugiados diseñadas por las instituciones europeas. Según las instituciones europeas, el acuerdo alcanzado este miércoles intenta aprender de errores pasados, lo que acaba endureciendo las condiciones para acceder al territorio europeo e impone un sistema de solidaridad a la carta.
Este pacto alcanzado este miércoles pretende acelerar los retornos de los considerados inmigrantes ilegales con la puesta en marcha de centros específicos en las fronteras europeas desde dónde se gestionarán las demandas de asilo, aunque el Parlamento Europeo los define como lugares de espera que en ningún momento se pueden asemejar a cárceles.
El primer veredicto sobre la aceptación o rechazo de esta petición deberá llegar a los seis meses, con el objetivo de no demorar en exceso este tipo de procedimientos, tal y como sucede actualmente. La Unión Europea distingue entre aquellas personas perseguidas por sus creencias religiosas, ideas políticas u orientación sexual y, por lo tanto, sujetas a ser definidas como refugiadas ,y aquellos migrantes movidos por la búsqueda de un futuro económico mejor y que son considerados en situación irregular y , por lo tanto, podrán ser expulsados.
A las personas interceptadas en las fronteras europeas o que han sido rescatadas en alta mar se les identificará con datos biométricos de reconocimiento facial y huellas dactilares a la vez que se les realizará chequeos médicos y de seguridad por si pudieran suponer una amenaza. Se espera que este registro no dure más de siete días.
Esta identificación con huellas dactilares incluirá a los niños a partir de los seis años, si bien las autoridades nacionales deberán establecer mecanismos independientes para garantizar que se respetan los derechos de los menores. El propósito reside en que exista una base de datos común para que las autoridades nacionales puedan saber si el demandante ha solicitado con anterioridad asilo en otro país europeo. Todos los migrantes tendrán derecho a asesoramiento legal y los menores contarán con un tutor adulto que vele por ellos.
Como modo de superar el sistema de reparto en cuotas obligatorias que fue boicoteado sin cesar por los países del Este en la anterior crisis, se ha impuesto una solidaridad obligatoria pero a la carta. Esto significa que aquellos países que no quieren acoger a estas personas deberán pagar a un fondo común europeo que si sirva para sufragar el gasto de aquellos que sí lo hacen. La contribución de cada país se establecerá según criterios de población y PIB. Se espera que se puedan repartir a 30.000 demandantes de asilo al año y que las contribuciones financieras lleguen a los 600 millones.
Este nuevo pacto intenta también modernizar el Protocolo de Dublín por el que el Estado de llegada es el que debe tramitar la solicitud de asilo, lo que en principio hace recaer la responsabilidad en los países de primera línea que además deben evitar que los demandantes se desplacen a otros países europeos ( movimientos secundarios). Aunque este principio se mantiene, se tendrán en cuenta otros factores a la hora de elegir el Estado en el que se procesa la demanda, como por ejemplo, si el migrante tiene familiares de primer grado en otros país europeo, ha cursado estudios o domina algún idioma. Esto quiere aliviar la carga de los países del Sur del club comunitario que son los que reciben más solicitudes de este tipo.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la activación de un mecanismo de emergencia para situaciones de llegadas masivas, en los que un país se vea desbordado por el número de solicitudes e incluso la inmigración pueda ser utilizada como una amenaza híbrida para chantajes geopolíticos, tal y como ha sucedido en el caso de Marruecos con España o Rusia con Bielorrusia. Queda excluidas en este apartado las organizaciones no gubernamentales que realizan rescates en alta mar.
En esos casos, el Estado pedirá a la Comisión Europea que se activen los mecanismos de solidaridad previstos y algunas categorías de demandantes de asilo – por ejemplo los que proceden de un país en guerra- podrán gozar de una protección prioritaria. En estos casos se podrá dilatar hasta los 10 días el registro de etas personas y tanto los procedimientos para gestionar las demandas de asilo como las de expulsión podrán demorarse seis semanas más de las inicialmente previstas, lo que significa que estas personas estarán retenidas más tiempo en los centros creados ad hoc.
Reacciones
«El Pacto de Migración y Asilo es en sí un éxito en la medida en la que es un paso adelante respecto de la situación insatisfactoria e insostenible de la que venimos. A partir de su entrada en vigor, por fin contaremos con una respuesta europea al hecho migratorio y sus desafíos, especialmente ante situaciones de crisis», destacó a Efe Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).
«Tras años de estancamiento político hemos acordado hoy una respuesta común europea al reto de la migración. Las nuevas reglas nos permitirán volver a recuperar el control de nuestras fronteras externas y reducir la presión migratoria hacia la UE», dijo el eurodiputado sueco Tomas Tobé (PPE), ponente del reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, una de las piezas más importantes del pacto migratorio.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con «satisfacción» el acuerdo que permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea gestionar juntos este «desafío europeo común». «La migración es un desafío europeo común: la decisión de hoy nos permitirá gestionarla juntos», destacó la jefa del Ejecutivo comunitario en su cuenta oficial en X.
La jefa del Ejecutivo comunitario felicitó por sus «esfuerzos incansables y su arduo trabajo para lograr este acuerdo» al vicepresidente Margaritis Schinas y a la comisaria de Interior, Ylva Johansson. «Cada año, cientos de miles de inmigrantes irregulares emprenden peligrosos viajes para llegar a nuestras fronteras. A menudo son víctimas de delincuentes, contrabandistas y traficantes que los atraen con falsas promesas de salvoconducto y los extorsionan», lamentó Von der Leyen.
