La joven se mofaba cruelmente de algunos alumnos de la clase y los ridiculizaba
MARC ROVIRA. EL PAÍS.- Un informe de Unicef revelaba a finales del año pasado que uno de cada tres estudiantes de entre 13 y 15 años es, o ha sido, víctima del acoso escolar. Pero la lacra del bullying no es solo cosa de niños. Así se desprende de una actuación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra en un centro de formación de adultos en Tarragona, que se ha saldado con la imputación penal de una mujer de 22 años por tratos vejatorios y humillantes a, al menos, cuatro compañeros del aula. La imputada se mofaba cruelmente de algunos alumnos de la clase y los ridiculizaba por motivos de su edad, raza o condición sexual.
Agentes de los Mossos adscritos a la Oficina de relaciones con la comunidad abrieron una investigación el pasado mes de octubre para tratar de aclarar los presuntos episodios de acoso que se estaban dando en la escuela Joan XXIII, un centro de titularidad diocesana que depende del arzobispado de Tarragona y que, según consta en su página web, imparte formación académica des de la etapa preescolar hasta el bachillerato. En concreto, los hechos que motivaron la intervención policial venían alterando la rutina escolar de un aula de formación profesional donde se cursa un ciclo formativo en comercio. Hay unos 25 alumnos inscritos en el ciclo, pero el personal docente del centro detectó el comportamiento agresivo y prepotente de la que ha sido descrita como «líder» de la clase. Después de algunas advertencias con resultado estéril, se decidió acudir a los Mossos para que determinaran si la actuación de la joven era representativa de algún tipo de ilícito penal. «La mediación no funcionó» se reconoce des del centro.
Tres meses de diligencias policiales se han cerrado con la imputación de la conflictiva alumna, que tiene 22 años, nacionalidad española y reside en Tarragona, por delitos continuados contra la libertad humana, incitación al odio racial y contra la libertad y orientación sexual. De igual forma, deberá responder por conductas gerontófobas por razón de edad ya que, según la policía, la estudiante denunciada inflingía despiadadas humillaciones en el trato a algunos de los compañeros de edad más avanzada.
La policía describe los desprecios como un hecho «habitual y continuado» y pone de relieve que la «los episodios de violencia verbal y trato vejatorio» solo buscaban «humillar por motivo de etnia, orientación sexual, lugar de procedencia y edad».
La investigación concluyó que las víctimas del acoso, que acudían a la escuela de adultos con intención de obtener un aprendizaje y una formación, manifestaban un sentimiento de angustia creciente «por la gratuidad de los ataques verbales sufridos» y que, a las ofensas, insultos y provocaciones, se les sumaban amenazas y coacciones.
La actuación policial derivó en el traslado de las actuaciones a sede judicial y ahora la imputada, que no cuenta con antecedentes, deberá responder por los hechos ante la autoridad competente.
Des del Joan XXIII se habla de «caso resuelto» y se indica que la alumna ya no forma parte del centro porqué «la convivencia era imposible». No obstante, se matiza que «nosotros no la hemos expulsado», sino que fue el departamento de Educación quién la trasladó a otra escuela.
