Confilegal.- El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado abrir diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el partido político Vox por la difusión con motivo de la Semana Grande de Bilbao de un cartel de un festival de música en el que aparece la cara de su líder, Santiago Abascal, con «un charco rojo» que «escenifica y simboliza» el rastro de sangre que resultaría de pegarle un tiro en la nuca.
El magistrado, en su auto, señala que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». La formación política indicaba en su denuncia que ese póster puede ser constitutivo de los delitos de amenazas, odio y enaltecimiento y apología del terrorismo, y por ese motivo, interesaba la suspensión del acto que anuncia ese cartel, programado para las 23:00 horas de este mismo jueves.
El magistrado señala que, dado que no están determinadas «la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», se deben instruir diligencias previas para determinar como proceder, y acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal de la denuncia para que emita informe tanto sobre la competencia de la Audiencia Nacional como de las medidas a adoptar.
Fuentes fiscales señalan que, recibido este auto del magistrado, han dado traslado al mismo de su informe en el que rechazan la medida cautelar que solicitaba Vox de suspender el evento. No obstante, el Ministerio Público sí que interesa que la Ertzaintza elabore un informe por si durante la celebración de esos conciertos pudiera producirse algún hecho que fuera susceptible de ser calificado como delito de enaltecimiento del terrorismo.
En concreto, el cartel anuncia una serie de conciertos que tendrán lugar este jueves enmarcados en un festival llamado ‘Callejero’ que organizan colectivos populares en el marco de la Semana Grande de Bilbao, pero fuera del programa oficial del Ayuntamiento de la ciudad. En el cartel puede verse en primer plano a Abascal sonriendo en una imagen en blanco y negro y tras él, a la altura de su nuca, una salpicadura de color rojo que simboliza la sangre.
Según informaba este mismo jueves Vox en nota de prensa, en el escrito de denuncia redactado por la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, se indicaba que «la difusión del cartel e incluso la celebración del acto, fomenta la violencia, justifica su uso por causa de diferencias y motivos ideológicos, y por tanto, se encuadra en un acto ilegal».
Añadía que a esto hay que sumar que Abascal «ha sido durante toda su vida objetivo del terrorismo de ETA» por lo que «constituye además un claro ejemplo de apología del terrorismo».
Desde Vox explican que los organizadores del evento no pueden ampararse en la libertad de expresión para mantener ese cartel «pues ha superado todos los límites» y tampoco pueden «encubrirse» bajo la premisa de «algo neutro o de expresión festiva (…), porque todos los ciudadanos, y con mayor motivo los ciudadanos de Bilbao y Vizcaya, identifican el señalamiento de las personas con su fotografía y un tiro, o una diana, como se fueron realizando durante muchos años, con la amenaza real y certera de su próximo asesinato».
«La imagen de Santiago Abascal tiroteado incita, promueve y fomenta el odio contra su persona, y unida a su persona, a la violencia contra los dirigentes, cargos, simpatizantes y votantes de Vox», abundaba el partido, que resaltaba que esa incitación está causada por motivos ideológicos y políticos y «atenta contra la dignidad y el principio de igualdad y no discriminación».
«Además, la incitación de odio, hasta el alcance de instar a su asesinato, como es pegar un tiro en la cabeza a una persona, es un delito de riesgo y peligro, al exaltar una acción violenta de tal gravedad que provoca además de sentimientos de incitación a la violencia, discriminación y odio, la realización efectiva de la acción descrita», añadían.
Asimismo, consideraban que el hecho de que el póster muestre un método de amenaza y asesinato utilizado por ETA es una evidencia de que cuenta con el «beneplácito, aceptación y alabanza» de los difusores, y apuntaban que «resulta injustificable».
Por ello, la formación de Abascal señalaba además que, en su denuncia, solicitaban a los órganos judiciales no solo la suspensión del evento, sino que se requiriera al Ayuntamiento de Bilbao que identificara a los convocantes para que puedan ser «juzgados por los delitos de los que se les acusa».
