Expertos de la organización trasladan al Gobierno español que estas reformas legislativas “amenazan con violar derechos y libertades», según ha informado la ONG Rights International Spain. La ONU se muestra «preocupada» por que las propuestas de reforma puedan ser una «respuesta del Gobierno a las manifestaciones que se han llevado a cabo en España en los últimos años”
ANDREA SÁNCHEZ. INFOLIBRE.- La ONG Rights International Spain se ha hecho eco este lunes de que varios relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) se han dirigido al Gobierno español para mostrar su «frontal rechazo» al proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conocida como ‘ley mordaza’, y a las reformas del Código Penal en lo relativo a las «limitaciones a las libertades de expresión y de reunión, así como en materia de delitos antiterroristas», iniciativas todas ellas, como bien recuerda la organización, en tramitación en el Senado actualmente.
Según la ONG, los expertos de la ONU han dejado claro al Gobierno que las reformas legislativas señaladas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”, añadiendo que confían “en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”.
“Los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”, han indicado los relatores de la ONU, quienes han dejado claro que les «preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”.
Sobre la reforma del Código Penal
Sobre la reforma del Código Penal, los expertos han afirmado que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada de la ley por parte de las autoridades”.
Asimismo, han criticado que se trate como “circunstancia agravante” el hecho de que una serie de delitos sean cometidos en el contexto de una “reunión numerosa”. “Se busca dar una base legal para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalcó el relator especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai.
En esta línea, otro de los relatores especiales de la organización, David Kaye, ha señalado que “la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.
Por otra parte, los expertos de la ONU han señalado que la definición de los delitos de terrorismoy las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de incitación y enaltecimiento o justificación del terrorismo «son excesivamente amplias e imprecisas». “Tal y como está redactada, la ley antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet”, ha recaldado uno de los relatores.
Sobre la ley mordaza
Siguiendo con las críticas a las reformas del Gobierno español, los realotes de la ONU han señalado que, a su juicio, «la ‘ley mordaza’ vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo”
En este sentido, los relatos han querido remarcar que las disposiciones de dicho proyecto de ley relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla, “podrían permitir devoluciones en calientea su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron los expertos.
