Efe.- En la actualidad, el artículo 510 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para todos los casos y fija que se imponga esta condena en su mitad superior -de tres a cuatro- cuando los hechos se lleven a cabo a través de internet, recuerda el fiscal en una entrevista con la Agencia EFE.
Miguel Ángel Aguilar (Remscheid, Alemania, 1965) es, desde el pasado mes de junio, el primer fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, un cargo de nueva creación desde el que coordina todas las fiscalías provinciales especializadas en este tipo de infracciones.
En su opinión, el «armazón jurídico» del que dispone el Estado para perseguir este tipo de delitos es «válido», pero se debería «establecer un principio de proporcionalidad de la pena» en función de cada caso, tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«No es lo mismo el discurso de odio más industrializado que el discurso de odio que puede hacer una persona concreta, con una publicación concreta, en su cuenta de red social», argumenta.
Por ello, aboga por «establecer penas alternativas a la prisión para los casos que, siendo delictivos, no son tan graves»: inhabilitación, trabajos en beneficio de la comunidad o multas.
En este sentido, valora positivamente los «programas de tratamiento» para aquellos condenados a dos años o menos de prisión sin antecedentes que no tienen que ingresar en la cárcel y que están destinados a controlar la agresividad y a concienciar sobre la aceptación de la diversidad.
Aguilar urge también a que se ponga en marcha cuanto antes la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato prevista en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para sancionar por la vía administrativa los comportamientos que no son constitutivos de delito pero que «tienen que tener una respuesta».
EL CRECIMIENTO DE LOS DELITOS DE ODIO «NO ES ALARMANTE»
Según el último informe sobre la evolución de los delitos de odio en España del Ministerio del Interior, el año pasado se denunciaron 1.869 delitos de odio, un 3,72 % más que en 2021, lo que para Aguilar «no es un crecimiento alarmante».
De todos modos, pide «prudencia» a la hora de analizar estas cifras, ya que, a falta de un estudio sociológico en profundidad, este alza puede responder a un aumento de las denuncias en un ámbito en el, recuerda, ocho de cada diez víctimas no acude a la Policía.
«También hay personas que antes, digamos, estaban dentro del armario, que ahora no lo están, que viven su orientación sexual con plena normalidad, que van cogidas de la mano, que muestran su afecto en público, como no puede ser de otra manera, y eso las hace más visibles que antes», analiza.
«SOLO UNA MINORÍA DE LOS DELITOS DE ODIO LOS COMETEN EXTREMISTAS»
En contra de lo que «siempre se ha pensado», por su experiencia de quince años como fiscal especializado en delitos de odio, Aguilar asegura a EFE: «Solamente una minoría son cometidos por personas que obedecen a perfiles extremistas. Normalmente, el prototipo de persona que comete delito de odio es una persona que actúa por prejuicios y estereotipos».
En este sentido, las «agresiones absolutamente gratuitas, en las que se escoge a una persona por el mero hecho de ser diferente», son las infracciones que más preocupan al fiscal, ya que impactan no solo en la integridad física de la persona, sino también en su «dignidad» y en su «integridad moral», enfatiza.
«No hay un perfil» del agresor, que puede ser una persona de «todo tipo de formación, educación, cultura, nivel socioeconómico», apunta Aguilar, aunque coincide con los informes de Interior en señalar que la mayoría de hechos delictivos denunciados los cometen hombres de entre 16 y 40 años.
VOX Y LA FINA LÍNEA QUE SEPARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DISCURSO DE ODIO
En el caso de Vox y sus mensajes que ponen el foco en los inmigrantes, Aguilar reconoce la dificultad de «establecer una frontera» entre la defensa de «posiciones políticas que son legítimas dentro de nuestra Constitución» y la lesión a la dignidad de la persona: «Quizá es el delito al que nos enfrentamos más difícil de todos», apunta.
Recuerda que ha habido ocasiones en las que el Ministerio Público ha tenido una labor «proinvestigación» y ha sido el juez el que no ha visto delito, como en el caso del cartel en el que Vox comparaba el dinero que supuestamente percibía del Estado un joven migrante con la pensión de una anciana y que fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid.
Aguilar cree que un caso que «en principio tiene apariencia de que puede ser un hecho delictivo», y así lo estudia la Fiscalía, es la acusación falsa difundida por Santiago Abascal en Twitter sobre el asesinato de una comerciante en Madrid, que atribuyó a «un magrebí» y por el que finalmente fueron detenidos dos españoles.
Al margen de que los referidos mensajes constituyan o no un delito, Aguilar defiende que todo aquello que «estigmatiza, que señala y que ofende, indudablemente contribuye de una manera indirecta a la comisión de delitos» como las agresiones en las calles.
Sí hay cosas que, en su opinión, no deberían ser «objeto de discusión política», como la bandera LGTBI, que Vox se opone a colgar en edificios públicos y que para el fiscal es un «emblema de libertad y de igualdad»: «Es un símbolo que reconoce derechos y que protege a las personas, no es una bandera contra nadie», defiende.
DENUNCIAR EL ODIO EN EL FÚTBOL CONTRIBUYE A HACER PEDAGOGÍA
Hechos como los insultos racistas a los futbolistas Iñaki Williams y Vinícius Júnior tienen una «proyección colectiva importante», pues no son solo una «ofensa» a su «honor», sino también una «lesión a la dignidad del colectivo de personas al que pertenecen», y denunciarlos «contribuye a hacer pedagogía».
«Tenemos comportamientos racistas, pero no se puede decir que España sea un país racista», sostiene Aguilar, a quien le preocupa especialmente este tipo de conductas en el deporte infantil y juvenil.
Como fórmula para evitar que se lleguen a cometer este tipo de delitos, Aguilar aboga por la «educación» y «las campañas de sensibilización» y también por que cada ciudadano ponga su granito de arena, al «no aceptar determinados chistes o comentarios que son micromachistas, microrracistas o microhomófobos».
Laura López y Mercedes Ortuño Lizarán
