La Razón.- El Gobierno de Rishi Sunak ha conseguido sacar adelante su polémica ley de Migración Ilegal con la que, a partir de ahora, se detendrá y expulsará a cualquier persona que llegue al Reino Unido por rutas ilegales. Sin duda alguna, se trata de la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, en la que los euroescépticos repitieron cuál mantra la importancia de recuperar «el control de las fronteras».
La normativa era una de las grandes promesas del primer ministro de cara a las próximas elecciones previstas para 2024 a fin de terminar con la crisis migratoria del Canal de la Mancha.
Tras un debate que se alargó hasta la noche del lunes en la Cámara de los Lores, el Ejecutivo consiguió ganar una serie de votaciones clave. Por lo que tan solo faltaba la formalidad dela firma de Carlos III para aprobar una normativa cargada de controversia.
No en vano, la ONU emitió ayer una declaración inusualmente crítica, afirmando que infringe las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional. En una declaración conjunta, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, y el jefe de refugiados de la ONU, Filippo Grandi, aseguraron que «tendrá profundas consecuencias para las personas que necesitan protección internacional». «Esta nueva legislación erosiona significativamente el marco legal que ha protegido a tantos, exponiendo a los refugiados a graves riesgos en violación del derecho internacional», dijo Grandi.
Lo cierto es que no está muy claro qué sucederá con las personas que lleguen al Reino Unido en botes pequeños en los próximos meses, ya que los planes del Ejecutivo fueron declarados ilegales el pasado mes de junio por la justicia británica. En concreto, la Corte de Apelación recalcó que «las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo». No obstante, el Gobierno ha recurrido ante el Supremo.
De momento, un barco de tres pisos y 222 habitaciones atracó ayer en el puerto de Dorset para convertirse durante los próximos 18 meses en el hogar de 500 hombres –de 18 a 65 años– que solicitan asilo. La barcaza fue recibida con protestas por parte de residentes locales y grupos de derechos humanos.
Sin embargo, Downing Street defiende que este «alojamiento alternativo» será más barato que los hoteles que se utilizan ahora para albergar a inmigrantes. Actualmente hay alrededor de 51.000 solicitantes de asilo en hoteles en todo el Reino Unido, lo que le cuesta al contribuyente alrededor de 6 millones de libras por día.
El verano pasado debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros gracias a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una corte que nada tiene que ver con la Unión Europea y a la que Reino Unido sigue dando cuentas al ser miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos. El núcleo duro del Partido Conservador presiona ahora para que en el manifiesto para las próximas generales se plantee un referéndum sobre la salida de este organismo.
Fue precisamente para contentar al núcleo duro de su filas por lo que el pasado mes de abril el Gobierno presentó una enmienda a la polémica ley para que los ministros puedan decidir de modo discrecional si obedecen o no una orden de suspensión de deportación que proceda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En una carta mandada a las filas tories, la ministra de Interior, Suella Braverman, reconocía que existe «algo más de un 50%» de que «las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos». «Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional», matizaba en la misiva.
En concreto, lo que Londres quiere cambiar es la Regla 39 de las Reglas Procesales del Tribunal que permite imponer una medida cautelar urgente a la decisión de cualquier Estado miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos –y el Reino Unido, hasta ahora, lo sigue siendo– «ante la posibilidad de un riesgo inminente o de un daño irreparable».
