SWI.- El investigador Patrick Zaki fue condenado este martes a tres años de cárcel por haber denunciado la discriminación contra los cristianos en Egipto.
Liberado en diciembre de 2021 después de casi dos años en prisión preventiva, Zaki –de nacionalidad egipcia– fue detenido tras la sesión celebrada en el tribunal de Mansura (130 km al norte de El Cairo) competente en cuestiones de seguridad del Estado, indicó Hossam Bahgat, fundador de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales (EIPR).
La decisión es inapelable, por tratarse de un tribunal de excepción.
Amnistía Internacional no tardó en denunciar «un veredicto escandaloso».
Rápidamente, tres figuras de la oposición liberal anunciaron que se retiran del diálogo nacional, lanzado en mayo por el poder para hablar de asuntos espinosos a menos de un año de la elección presidencial.
«La condena de Patrick Zaki (…) vuelve inútil mi presencia» en el diálogo nacional, indicó uno de ellos, el abogado Negad El Borai.
Zaki publicó en 2019 un artículo en un diario digital, donde detallaba las violaciones de los derechos de los coptos, la minoría cristiana más importante de Oriente Medio, a la que pertenecen entre el 10 y el 15% de los 105 millones de egipcios.
Los coptos aseguran ser víctimas de discriminaciones, e inciden en las dificultades que tienen para construir o renovar iglesias, y sobre todo para acceder a la función pública.
Zaki, especialista en cuestiones de género, había sido detenido en febrero de 2020 por «terrorismo» a su regreso de Italia, donde estudiaba en la Universidad de Bolonia.
Una vez en prisión, Zaki fue «golpeado y torturado con electricidad», aseguran sus allegados.
Las libertades estaban restringidas para los intelectuales bajo el mando del autócrata Hosni Mubarak (1981-2011), pero desde la llegada al poder de Abdel Fattah al Sisi en 2013 se han reducido aún más.
Egipto ocupa una de las últimas posiciones en cuanto a libertad de cátedra según el índice establecido por Academic Freedom, junto con Arabia Saudita, Turquía y China.
Desde 2014, las autoridades desplegaron una implacable represión contra profesores de universidad, periodistas, abogados, sindicalistas y otros activistas políticos.
