Público.- Ministros y altos representantes en materia de igualdad y políticas de diversidad de la Unión Europea han firmado este miércoles una declaración en favor de una mayor coordinación y colaboración de los 27 en materia de derechos LGTBI+. La firma del documento, que fue rubricado presencialmente en Madrid por representantes de España, Bélgica, Chipre, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia, tuvo lugar en el arranque de un encuentro auspiciado por el Ministerio de Igualdad titulado Avanzando los derechos LGBTIQ+ en Europa y que forma parte de los actos organizados por la presidencia española de la UE.
La declaración llama a la Comisión Europea a mantener e incrementar su compromiso con los derechos de este colectivo más allá de 2025 (año en que finaliza la actual estrategia actualmente en vigor) y a desarrollar indicadores y herramientas de seguimiento comunes para reforzar su aplicación. En este sentido, los firmantes piden que se mejore «la recogida y empleo de datos fiables y comparables para evaluar la situación de las personas LGBTIQ y abordar de manera efectiva las desigualdades».
Necesidad de datos homogéneos
Los distintos países de la Unión Europea no tienen una forma común de recabar los datos que afectan a las personas LGTBI+ por lo que no sólo se hace difícil poder compararlos, sino avanzar en políticas comunes para prevenir y luchar contra la discriminación que afecta a este colectivo.
Según una encuesta realizada en el año 2020 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 43% de los encuestados había sufrido discriminación en los 12 meses previos en algún ámbito de la vida. Estas cifras son incluso más elevadas en el caso de las personas trans, siendo los y las jóvenes y niños/as trans los que enfrentan mayores tasas de discriminación de todos los grupos.
Tal como refleja el último informe de 2023 de ILGA y del Rainbow Europe Map and Index 2023, en casi la mitad de los países de la UE continúan existiendo brechas importantes en lo relativo a la protección elemental contra la discriminación y la violencia.
Irene Montero: «Defender la democracia»
En la presentación del documento, la ministra de Igualdad, Irene Montero, recalcó que «defender los derechos humanos es defender las democracias» y que una Europa democrática «es aquella que no discrimina a sus ciudadanos».
Montero añadió que «estamos marcando un rumbo claro: una UE igualitaria y que coloca los derechos humanos en el centro de su agenda para proteger la democracia». La ministra recalcó, ante las ausencias en la firma del texto, que «existen posicionamientos reaccionarios» que cuestionan los derechos de las personas LGTBI+ y «crean espacios de odio y crispación con sus discursos y actuaciones políticas», una situación que, según la ministra, ha sido una «preocupación unánime» en la reunión.
El documento rubricado realiza una serie de peticiones a la Comisión Europea, que incluye la necesidad de que promueva la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de genero y características sexuales y que apoye a los países en este empeño.
Por otro lado también pide que se adopten «medidas para garantizar que los Estados miembro reconozcan la filiación de los niños y niñas», tal y como se establece en otro Estados Miembro y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Grandes disparidades y peligro de retrocesos
El reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI+ en Europa es muy desigual y varía de forma drástica entre algunos países. Unos
15 Estados miembro reconocen el derecho al matrimonio en igualdad de condiciones a personas del mismo sexo y ocho permiten el cambio registral de la mención del sexo «sin recurrir a criterios patologizantes y sin más requisitos que la autodeterminación de género», reconoce el documento.
Sin embargo, los firmantes advierten que, a pesar de los avances, en los últimos años se han producido «diversas situaciones que ponen en riesgo de retroceso los derechos de las personas LGBTIQ y que han hecho crecer el odio, la violencia y discriminación hacia estas personas y, muy particularmente, hacia las personas trans».
Países como Hungría o Polonia abanderan dentro de la UE las posturas más duras, promoviendo zonas de exclusión para este colectivo y a prácticas que alientan la violencia, el acoso y la estigmatización.
Prohibir las terapias de conversión
Además, el documento contiene una serie de peticiones a los distintos estados miembro para que elaboren sus propias estrategias contra la discriminación de personas LGTBI+ y hace especial hincapié en la necesidad de prohibir y perseguir las conocidas como teoría o «prácticas de conversión que pueden causar graves daños psicológicos y físicos en sus víctimas y que, en algunos casos, pueden constituir tortura».
También insta a los distintos países a que el reconocimiento legal del del género se realice «de acuerdo con criterios no patologizantes y mediante un procedimiento basado en el principio de autodeterminación» y que promuevan la despenalización de la homosexualidad.
Los países firmantes de la declaración son España, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia. Sin embargo, tal como afirmó Irene Montero en su presentación, el documento está abierto a que otros Estados añadan su firma.
