El Confidencial.- Tolerancia cero en la Fiscalía con los cánticos racistas en el fútbol o en otras competiciones deportivas. Miguel Ángel Aguilar, recién nombrado fiscal de Sala contra los delitos de odio y discriminación, pondrá en marcha un proyecto de actuación que implica la persecución de estas prácticas en la creencia de que la vía penal, y, por tanto, la acción del Ministerio Fiscal, debe potenciarse ante cánticos e insultos racistas, xenófobos, machistas, homófobos. También todos aquellos que sean discriminatorios cuando impliquen una humillación pública para jugadores, árbitros u otros profesionales deportivos, lesionando su dignidad.
El programa de Aguilar para el departamento que liderará, al que ha tenido acceso El Confidencial, deja abierta la puerta a que esa acción en los tribunales pueda complementarse con las sanciones administrativas. Estas quedan paralizadas a la espera de la decisión final de los tribunales. La Ley contra la Violencia en el Deporte, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, contempla las multas más altas del ordenamiento español. Supera incluso las sanciones de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida peyorativamente como ley mordaza. Las sanciones más graves de la ley antiviolencia en el deporte ascienden hasta los 650.000 euros.
La hoja de servicios de Aguilar muestra ya en la práctica esta argumentación teórica. Desde Cataluña, donde estaba destinado hasta el momento, abrió recientemente una vía para reclamar penas de prisión en estos casos. En concreto, reclamó penas de dos años de prisión para un aficionado del Espanyol, al que acusaba de haber imitado «los gestos que hacen los primates» y gritado «uh, uh, uh, uh» al delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams en un partido.
El fiscal se apoyó en el artículo 510.2 letra A, que castiga con entre seis meses y dos años de prisión a «quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito (…) por motivos racistas«; y el 510.5, que añade inhabilitación especial. Propuso adoptar ambos en concurso con un delito contra la integridad moral del artículo 173.1, que sostiene que «el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años». Además de los dos años de cárcel, solicitó multa de 5.400 euros, «prohibición de acceder a estadios de fútbol en cualquier categoría durante un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión impuesta» e «inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre» por el mismo periodo de tiempo. El caso está pendiente de juicio.
De forma paralela a la persecución de los cánticos, el fiscal prevé acciones de prevención que ya ha ido desplegando desde su sección autonómica. Defiende la necesidad de celebrar reuniones periódicas con los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado especializadas en el ámbito deportivo, los coordinadores policiales de seguridad. No solo eso, ve esencial el contacto con los responsables de los grandes clubes de fútbol. En Cataluña, lo puso ya en marcha con el Barça y el Espanyol para prevenir comportamientos violentos en los dos estadios, en particular en sus gradas de animación. Realizó visitas para comprobar de forma personal el grado de cumplimiento por parte de los citados clubes de las medidas de control y seguridad.
Por ser diferentes
Más allá del deporte, el nuevo fiscal contra los delitos de odio defiende que estos constituyen la expresión máxima de la intolerancia y el rechazo a las personas «por el mero hecho de ser diferentes». El racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia y la transfobia, la aporofobia (odio a los pobres), la intolerancia religiosa en cualquiera de sus manifestaciones, la misoginia y el machismo, el desprecio a las personas discapacitadas y otras «formas abominables de odio dirigidas contra las personas» basadas únicamente en el desprecio a su diferencia son —dice— una amenaza para la paz pública.
Para Aguilar, constituyen el recurso de aquellos que buscan destruir la convivencia, la pluralidad y diversidad de la ciudadanía y «convertir la libertad en miedo, y la cohesión social en fractura», y socavan los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho.
La importancia de estos delitos radica en el hecho de que comportan un doble ataque: por una parte, las víctimas de estos delitos son intencionalmente seleccionadas por motivos de intolerancia, causándoles daños físicos o, en ocasiones, un gran impacto emocional; y, por otro lado, y de ahí su gravedad, porque tienen efectos colaterales al generar sentimientos de miedo e inseguridad en el colectivo al que pertenecen, amenazando de forma indirecta la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.
