Confidencial.- Los datos del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña constata que la mitad de incidentes registrados están vinculados a lo español. El año pasado contabilizaron un total de 155 sucesos frente a los 351 de 2021
Los delitos de sesgo ideológico en Cataluña se redujeron drásticamente durante el año 2022: pasaron de 351 en 2021 a 155 en 2022, según los datos del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña (OCVPC), un grupo de estudio en el que colaboran las entidades Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado José Domingo, y Movimiento contra la Intolerancia, que preside el activista Esteban Ibarra, que sufrió cárcel durante el franquismo. La reducción general de los delitos de odio político, sin embargo, queda empañada por la naturaleza de los incidentes que se siguen produciendo: la hispanofobia tiene ahora un peso descomunal, puesto que 80 de los 155 incidentes se han de achacar al odio político contra lo español. Han pasado de ser el 31,05% al 51,6%.
El estudio analiza todos los incidentes que se producen en Cataluña en el ámbito social, susceptibles de ser tildados de violencia política. Estos datos contrarrestan los del Govern, que no recoge las violencias verbales de los independentistas, a las que considera libertad de expresión pero sí recoge cualquier manifestación crítica hacia Cataluña (incluidas actuaciones fuera de la comunidad) tildándolas de catalanofobia. Los incidentes pueden ser tanto lesiones como daños materiales, escraches, amenazas leves, acoso laboral o vecinal, boicot comercial, degradación sistemática, ridiculización o ataques a la propia estima, seguridad o dignidad. No obstante, “no se consideran actos de odio ideológico la colocación o la retirada de símbolos partidistas, como lazos amarillos, pancartas, esteladas, etc, en edificios o espacios públicos”, actuaciones que se consideran como “libertad de expresión”, conforme las tilda la Fiscalía.
El informe detalla que “la violencia política y el odio ideológico en Cataluña son un elemento característico y casi exclusivo del independentismo. Este rasgo no sólo se ha mantenido en los distintos informes, sino que ha alcanzado su grado máximo en 2022, de manera que 153 incidentes -de un total de 155, es decir, un 98,70%- han sido protagonizados por independentistas. Se bate así el récord histórico de violencia independentista, superando el 95,45% sobre el total de incidentes en 2019”. Las víctimas de esa violencia política, en el 74,83% de los casos, “son inscribibles dentro del arco ideológico constitucionalista o no independentista, al que hay que añadir un 19,35% de víctimas de adscripción indeterminada. Sólo un 5,8% de víctimas de actos violentos ha sido identificada como independentista”.
Un fenómeno unilateral
En otras palabras: “Nos hallamos ante un fenómeno casi unilateral: los agresores son independentistas en un 98,7% de los casos y víctimas en un 5,8% de los incidentes; los antisecesionistas son agresores en un 0,64% de casos y los constitucionalistas y no independentistas son las víctimas en el 74,83 de los registros”. Además, se trasluce que “el 100% de las agresiones a organizaciones cívicas se han producido por parte de independentistas a entidades constitucionalistas. El 85,72% de los ataques a autoridades, instituciones y profesionales ha provenido también del independentismo, sin que se registre ningún acto violento originado por el no independentismo en este apartado”.
Hay que destacar aquí que en ocasiones son los propios independentistas los que protagonizan actos de violencia política contra otros independentistas, como pintadas en las sedes de partidos: las tres principales formaciones, JxCat, ERC y la CUP tuvieron 3 ataques cada uno durante el año pasado, pero todos provenientes de otros círculos soberanistas. “La redefinición del tablero de juego del procés, la radicalización de un sector del nacionalismo, donde ya no hay cabida para un catalanismo moderado y que combate a aquel nacionalismo que considera autonomista, ha dado lugar a un escenario de tensión y enfrentamiento interno (…) Es éste un paisaje que abarca desde la extrema derecha independentista extraparlamentaria hasta la extrema izquierda de la CUP, ahora también víctima de una inercia a la que tantas veces ha contribuido”.
Es el cuarto año en que se dan datos del OCVPC. “Como resultado de las evidencias recogidas en los sucesivos informes, se ha señalado, de manera reiterada, la naturaleza vicaria de la violencia política y el odio ideológico en Cataluña. Un fenómeno banalizado y silenciado por el nacionalismo gobernante que utiliza para su beneficio su mayor o menor intensidad, rentabilizando el clima de intolerancia y modulando su discurso en torno a este fenómeno en paralelo a la evolución del contexto político, de su estrategia y de los beneficios que pueda esperar obtener de la utilización de dicha violencia como medio de presión en la negociación política o el afianzamiento de sus intereses a corto o largo plazo”, dice el informe.
Estrategia nacionalista
El descenso de actos de violencia política, razona el texto, se debe a la estrategia nacionalista “de apaciguamiento de la violencia callejera (…) La violencia política no sólo se reduce, sino que cambia, en parte, de domicilio. En los sucesivos informes, hemos denunciado como un elemento fundamental el nexo directo entre el discurso de odio e hispanófobo en redes y medios de comunicación y el proyecto secesionista. Hemos descrito cómo los mensajes repetidos, continuos y reiterados, cargados de odio o xenofobia hacia España, el español, nuestra democracia, la justicia, las instituciones del Estado, son el semillero de la violencia en las calles catalanas”. Esos mensajes se han desplazado de los medios públicos a las redes sociales y en especial a Twitter.
Sólo hay que recordar los sucesivos escándalos por los comentarios, gags y eslóganes antiespañoles contenidos en programas de TV3 y Catalunya Ràdio, las dos emisoras públicas de Cataluña. Los sucesivos llevaron a la cancelación de dos programas y al despido de un guionista. Debido a la mayor actividad en las redes, los episodios de odio ideológico en ellas pasaron del 25,3% en 2021 al 34,8% del total en 2022. El informe rescata a los presentadores Lluís Jutglar y Jair Domínguez, que con su programa Bricohéroes hicieron habitual en la televisión pública catalana el eslogan Puta España. Pero también hay los programas El búnquer, en Catalunya Ràdio, o Zona Franca, en TV3, “donde el presentador, Joel Díaz, ha hecho de la hispanofobia su gag humorístico más recurrente”. El informe señala a este respecto que “esta promoción institucional del odio no sólo se ha producido a diario en los medios de comunicación públicos de Cataluña durante 2022, sino que han sido alentados desde las instituciones y amparados por el Consejo Audiovisual Catalán y el propio Govern de la Generalitat a través de su consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en sede parlamentaria”. Para el Govern, los insultos, menosprecios, denigraciones y burlas a España (incluso con frases, actos de mal gusto o comentarios sexuales sobre las infantas menores de edad) forman parte de la libertad de expresión.
Con la reformulación de algunos de esos programas, la violencia se ha trasladado. “Las redes se convierten en una forma de violencia subrogada que sustituye a las barricadas y los ataques callejeros, mientras que los medios de comunicación, con especial relevancia TV3, promueven el odio y siembran los enfrentamientos”, dice el informe.
La etapa de la negación
Además, se da otro fenómeno: “La violencia ya no se concentra de manera notable en determinados momentos del año, sino que se distribuye de manera relativamente homogénea durante todo 2022”. Los meses de mayor intensidad fueron enero (con 21 casos) y septiembre (con 20 casos). Noviembre fue el mes con menos delitos, sólo 3. Territorialmente, Barcelona es el epicentro de esa violencia ideológica, hasta el punto de que 90 incidentes de 101 localizados en redes se han localizado en el área de capital catalana (66 en Barcelona capital). En cambio, los incidentes casi han desaparecido en Lleida (sólo hubo un episodio el año pasado) y en Tarragona, donde no se registró ningún caso.
El hecho de disponer de datos anuales permite al Observatorio trazar un paralelismo entre “la evolución del contexto político catalán, los intereses de la estrategia nacionalista y la progresión del fenómeno violento en Cataluña”. El año 2019 fue el de máxima tensión. En aquel ejercicio hubo un récord histórico de 882 incidentes violentos, que bajaron a 380 en 2020 y a 351 en 2021. El informe lamenta que la Administración catalana y el independentismo en general niegue la existencia de violencia política y odio ideológico “porque ello representaría asumir que el propio nacionalismo es el protagonista de dicho fenómeno. El nacionalismo independentista rechaza mirarse en el espejo de sus propios actos”.
El informe del OCVPC destaca también que el actual Govern hizo desaparecer de la web de los Mossos d’Esquadra el informe de 2021 realizado por la Oficina de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d’Esquadra (ODODMA), que tenía muchas coincidencias con los resultados del Observatorio de Violencia Política. Pero las conclusiones son preocupantes: “El año 2022 ha sido, a la vez, de continuidad y de cambio. De continuidad porque se mantiene el fenómeno de la violencia política y el odio ideológico como un elemento constante, significativo, recurrente, sistemático del panorama político catalán. Se continúa señalando a todo aquel que se opone al discurso hegemónico del nacionalismo (…) De cambio porque se ha producido un descenso significativo de los incidentes, con cambio, asimismo, de la tipología (…) el peso cada vez mayor de las redes y los medios de comunicación como focos de la violencia e intransigencia basadas en el odio ideológico y la hispanofobia”.
El descenso, no obstante, no se debe a la resolución de los conflictos y tensiones en la sociedad catalana, sino que es “un nuevo capítulo de una estrategia prolongada en el tiempo, consecuencia de la connivencia del independentismo institucional y su relación utilitaria con la violencia, siempre susceptible de ser reavivada en función de las necesidades de los agentes políticos”.
