ElDiario.es/Francisca Bravo.- La concejala de Ciudad Real Prado Galán padeció el acoso de un hombre en la calle, en bares y también en su lugar de trabajo.
En 2015, la trabajadora social Prado Galán asumió un nuevo cargo: concejala de la coalición Ganemos Ciudad Real. Y ha continuado en el cargo de edil de esta ciudad por la coalición Unidas Podemos en esta legislatura. Fue hace ya ocho años cuando comenzó el calvario. En su vida entró el que ella llama el “odiador”. “Bollera”, “lesbiana de mierda”, “roja piojosa”. Son algunos de los insultos que recibió esta mujer, según queda recogida en una sentencia judicial de principios de mayo que condenó al acosador a seis meses de cárcel y dos años de alejamiento. El acusado mostró su conformidad y no sólo reconoció los hechos, sino que se comprometió a no repetirlo para no ingresar en prisión. Además, se le penó con 750 euros con los que debe indemnizar a la víctima y a pagar las costas del proceso.
“Parar así no es plato de gusto”, reflexiona Galán, que ha anunciado que deja la vida política que inició hace casi una década. No es por el “odiador”, dice, sino porque es el “momento”. Y se va con una de las pocas sentencias que se han conseguido de este tipo en la provincia de Ciudad Real. “En la sentencia quedan probados los comentarios que este hombre lleva haciendo desde 2015 contra Prado, relacionados con su orientación sexual, su apariencia física y su ideología política. Además, también es relevante que se trata alguien que hace esto de forma sistemática con otras personas en la ciudad, personas que se encuentran dentro del mismo ambiente”, explica Lidia Ruiz, del despacho Egalia Abogados que ha llevado el caso de Galán.
La Fiscalía anunciaba hace unos días que investigaba los gritos racistas contra Vinícius como posible delito de odio. Pero, ¿qué es un delito de odio? ¿Es lo mismo llamar “lesbiana de mierda” a una mujer que “mono” a Vinícius? La Policía Nacional explica a elDiarioclm.es que al hablar de delito de odio, realmente se hace referencia a un “conjunto de conductas” que dan lugar a otras y que están castigadas en el Código Penal. “Son conductas que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”, resaltan las fuentes policiales de Ciudad Real consultadas.
En el caso de Prado Galán, el cuerpo policial actuó de oficio, pero no siempre es así. Muchas veces se interviene tras una denuncia. “Actuamos siempre con la mayor celeridad posible”, defienden, y en coordinación con la Fiscalía especializada en delitos de odio.
“Espectro muy amplio”
Se trata de un “espectro muy amplio” el de los delitos de odio. Y en el caso de Prado Galán, explican, fue “muy importante” la percepción por parte de la víctima de lo que estaba sufriendo. “Es muy importante ver los indicadores y los indicios que se van recopilando para incorporar al atestado policial con el fin de dotar el caso con suficientes pruebas”.
Desde la Policía Nacional señalan que “la protección integral de la víctima es fundamental”. Existen ya oficinas de asistencia para ello y además el teléfono 021 está dedicado especialmente a ataques racistas. “También se apuesta por mayor formación de los grupos especializados para llevar con mayor éxito este tipo de investigación”.
En el Código Penal se señala que serán castigados con pena de prisión, de hasta cuatro años, quienes fomenten el odio, la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una persona, por pertenecer a una etnia, raza o nación; su origen nacional, sexo orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Un amplio espectro. En el artículo 510 del mencionado código, también se señala que se podrá castigar a quienes distribuyan, difundan o vendan escritos o material que fomenten, promuevan o inciten el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia. Y también a quienes nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Penas de hasta dos años podrán recibir quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos ya mencionados, o que enaltezcan o justifiquen los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo o una persona. También se contemplan otras penas, como en el caso de alteración de paz pública o qué ocurre si se han realizado estos hechos a través de internet u otras tecnologías.
Una sentencia que es un triunfo
“Entendemos esta sentencia como un triunfo, no sólo de Prado, sino de toda la ciudad. Esta persona generaba situaciones de odio en toda la población”, explica la letrada. No sólo cargaba contra personas relacionadas con Izquierda Unida, donde militaba Galán, sino de también otros colectivos o movimientos sociales, “especialmente” dirigidos hacia hombres y mujeres del colectivo LGTBI. “Era una situación insostenible” sostiene Lidia Ruiz. Por eso, animaron a Galán a conseguir pruebas para poder llevar su caso hasta instancias judiciales. Finalmente, la Policía Nacional, a través de las unidades de información, inició la investigación contra el “odiador” de oficio debido a unos comentarios realizados en la red social Facebook.
“En las redes era mucho más sibilino que en la vida real”, recalca Prado. “No lo ponía de forma tan directa, pero me agredía verbalmente por la calle y me insultaba en cualquier momento y cualquier lugar. Me llamaba ”lesbiana de mierda“, ”roja piojosa“, ”gorda“, este tipo de calificativos que eran difíciles de probar y de llevar a la Policía”, relata Galán. Finalmente, se decidió a interponer la denuncia en 2020. No fue hasta este mes de mayo, tres años más tarde, cuando se ha dictado sentencia. “Hemos hablado mucho de lo difícil que es probar un delito de este tipo. Tengo suerte de que mis abogados y la policía me creyera”, reflexiona la trabajadora social.
La situación que describe Galán es que el hombre condenado la agredía “cada vez que la veía”. “Pero claro, se necesitan pruebas jurídicas para defenderte en el juicio. Y era algo muy difícil de probar, aunque confiaban en mi palabra”, explica. Al final se trataba de valentía. “Hay que ser valiente y echarle agallas y valor”, zanja. También recuerda que no sólo le pasaba a ella en Ciudad Real capital, sino a muchas otras personas. “He recibido muchísimas llamadas y mensajes, sigo recibiéndolos en la calle porque he sido valiente y he sacado esto a la luz”.
“Era un sinvivir”
Prado resume que la situación “era un sinvivir”. “Cada vez que me encontraba con él, me agredía. Tuve que cambiar mi vida entera para evitarlo”, explica. Por ejemplo, el camino que seguía hacia su trabajo, que no sólo ha sido de concejala, sino también de trabajadora social. “Me tenía que ir a otros sitios, porque sabía perfectamente a los lugares de ocio a los que yo iba. Un auténtico sinvivir a lo que hay que agregar también que lo hemos vivido durante la pandemia. Ha sido muy complicado”, lamenta. Se veía obligada a pedirle a sus amigos y amigas que la acompañaran a casa, sólo porque “no sabía qué iba a pasar”. “Salía a trabajar y estaba en la puerta de mi casa. Iba a comprar el pan y estaba en la puerta de la tienda”, recuerda. Una agresión constante, el espacio vital “usurpado”, y la lesión de sus derechos fundamentales.
En nuestra sociedad no cabe que nos arruguemos. Hay que salir y decir que mi vida no es un delito. Lo que hacen ellos, sí
La abogada Lidia Ruiz explica que aunque se trate de una suerte de “violencia pasiva”, no significa que deje de ser violencia. “De hecho, puede ser más frustrante que sufrir violencia activa como un puñetazo en el ojo, porque lo puedes probar. Pero este tipo de violencias que se van permeando en la esfera más profunda de las personas es más difícil de probar. Por eso teníamos que ser muy cautos”, explica. No es el primer caso de delito de odio al que se enfrenta el despacho, pero señala que al poner la denuncia se crea un aspecto “disuasorio”. “Pero a efectos de prueba, no hemos tenido experiencias tan positivas como esta, aunque era muy difícil de probar”.
Al conocer que el despacho llevaba este caso, recibieron más llamadas de personas que habían sufrido agresiones del condenado, y que por sus “propias circunstancias” no habían podido llevar el procedimiento adelante. “Estas personas también se sienten muy reconfortadas con la sentencia”, recalca.
“Claro que depende del contexto de cada uno, no es sencillo. Yo lo he hecho, porque vivo entre el respeto y el cuidado de las personas que quiero, de mis amigos, de mi familia. Y lo he hecho público por una cuestión social. Es importante poder denunciar, llamar a las puertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de letrados, letradas y así poder llegar hasta el final. Es la única manera de obtener resultados. Pero no todas podemos”, afirma.
“En nuestra sociedad no cabe que nos arruguemos. Hay que salir y decir que mi vida no es un delito. Lo que hacen ellos, sí. Está tipificado de esta manera en el Código Penal. Y ese justamente era mi objetivo”, recalca.
Ruiz, por su parte, destaca que el condenado aceptó los hechos y que la conformidad se pactó antes de dictarse la sentencia. “Esta condena forma parte de la tipificada en el artículo 510 del Código Penal y por el hecho de aceptar los hechos, se le hizo una rebaja en la condena. Si incumple la sentencia, en cuanto al alojamiento, y se acerca a ella, la Guardia Civil se lo llevará detenido por quebrantamiento de condena”.
“El camino hasta aquí ha sido muy duro y complicado, sí. Pero esto es una satisfacción. Cuando me dijeron que aceptaba los hechos, no me lo podía creer. Pensaba que Jorge [Fernández, su otro abogado] me tomaba el pelo”, recuerda Galán. Se siente más segura saliendo a la calle, pero también resalta que queda todavía “mucho por hacer”. “Es importante conocer que existen los delitos de odio. Que se nos agreda de una manera impune y gratuita no cabe en nuestra sociedad. Esta sentencia demuestra que son delitos que se pueden y deben denunciar y que se puede ganar”, concluye.
“Lo más importante es que las víctimas sean conscientes de lo que son. Víctimas. Cuando llegó Prado, nos explicaba su situación, no se había dado cuenta de que había cambiado su vida entera porque tenía miedo. Y, efectivamente. Darse cuenta del delito es el paso más importante. Hay que animar a las personas que lo padecen a ponerlo de manifiesto para que haya oportunidad de hacer justicia”, concluye la abogada Lidia Ruiz.
