Los representantes de varias ONG denunciantes en el proceso judicial abierto para investigar los fallecimientos de Ceuta valoran la imputación de 16 guardias civiles. La acusación había criticado que la causa apenas avanzaba y esperan que éste sea el primer paso para esclarecer si hubo relación entre la actuación policial y las muertes. «Las imputaciones denotan que damos pasos para demostrar que todavía hay garantías democráticas en Ceuta», dice la activista Helena Maleno
LAURA OLÍAS. EL DIARIO.ES.- «Estamos contentos de que la investigación avance». La respuesta, sobre la imputación de 16 agentes de la Guardia Civil conocida este miércoles, se repite entre los representantes de varias ONG personadas en el caso judicial abierto en Ceuta para investigar la muerte de 15 personas en el espigón fronterizo del Tarajal hace un año. Las organizaciones habían criticado en varias ocasiones la lentitud del proceso instruido por la jueza María del Carmen Serván, pero la imputación de los guardias civiles supone «un gran paso» conocer qué ocurrió el 6 de febrero de 2014, apuntan los denunciantes.
Helena Maleno, activista de la red Caminando Fronteras que ha seguido toda la causa (no como parte de la acusación sino como testigo), admite que la decisión de la jueza de Ceuta ha alegrado a las familias. Recuerda a uno de los padres de los fallecidos, «que pidió a la justicia española que fuera valiente». Maleno apunta que la abogada de las familias había solicitado la imputación de varios agentes y la declaración de otros como testigo, «porque además de las responsabilidades políticas, las familias también pedían personas en la cárcel. Saber si había una relación ‘causa-efecto’ entre la actuación policial y las muertes de sus hijos».
El 6 de febrero de 2014 unas 400 personas dejaron los bosques próximos a Ceuta para acceder a España a través de la frontera del Tarajal. Un grupo intentó entrar a través del espigón fronterizo que separa la playa española de la marroquí, pero la incursión fue repelida por la Guardia Civil. Los agentes dispararon botes de humo y pelotas de goma en la zona en la que nadaban varias personas y donde, según la versión oficial, murieron 15 personas.
La acusación particular había solicitado la imputación por homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos. La jueza, aunque cita como imputados a 16 agentes de servicio el día de la tragedia, no determina el supuesto delito que podrían haber comedito los agentes. Con las declaraciones, la magistrada pretende investigar las posibles responsabilidades que la actuación de la Guardia Civil en los fallecimientos.
Para Javier Baeza, portavoz de ONG Coordinadora de Barrios personada en el proceso, la imputación significa «que, después de un año, estos hechos deben ser investigados». Considera que la declaración de los agentes ante la magistrada como una oportunidad para que las partes hagan las preguntas que preocupan a las familias. «Si hubo órdenes de disparar y de quién, si había una orden de que no pasara nadie como se oye, quiénes dispararon», enumera.
Hasta el momento, los efectivos del Instituto Armado solo han comparecido ante la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, grupo dependiente de la propia Guardia Civil que está siendo investigada. Su informe ha servido a la jueza para determinar las imputaciones que ha comunicado a las partes este miércoles. «Y con todos los respetos a la Guardia Civil, lo lógico es que los acusados no se investiguen a sí mismos», añade Javier Baeza.
Esperanzas de esclarecer los hechos
La lógica es una de las palabras que más repite Isabel Elbal, abogada que representa al Observatior DESC como denunciante.»Por fin la lógica se ha incorporado a la causa de Ceuta. El cualquier otro procedimiento la imputación no habría sido solo lo lógico, sino que habría sido lo inmediato», critica la abogada. Según explica, «también se ha vulnerado los derechos de los agentes como imputados a defenderse». Si bien, aunque la imputación llega algo tarde, cree que «aún estamos a tiempo» de hacer justicia.
En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) –parte de acusación particular en el proceso junto a la Asoción Pro Derechos Humanos de España– también celebran «que se haya producido algún avance», apunta su secretaria general, Estrella Galán. «Se trata de resolver si hubo una relación de ‘causa-efecto’ entre la actuación policial y las muertes de, al menos, las cinco personas cuyos cuerpos fueron encontrados en España», añade Galán.
En su opinión, «habrá que esperar a las declaraciones de los agentes» para valorar la verdadera relevancia de sus testimonios, pero pueden suponer «otra imputación, si dicen si hubo órdenes de superiores, y también son muy importantes para esclarecer si el uso de material antidisturbios respetó los principios de seguridad y proporcionalidad», explica la representante de Cear.
Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el material antidisturbios no se disparó sobre los inmigrantes y «siempre» respetó la distancia mínima reglamentaria de 25 metros. Las imágenes de las cámaras del perimetro de seguridad evidencian que ese mínimo no fue «siempre» respetado.
Las metiras oficiales, que han quedado más tarde probadas con los cambios de versión de las autoridades y las pruebas gráficas aportadas más tarde, tienen una oportunidad más de ser destapadas, según Javier Baeza, con las declaraciones de los imputados. «Que la Audiencia Nacional devolviera el caso a la jueza de Ceuta [que había intentado pasar la causa al Juzgado] ya es un golpe a la versión del ministro del Interior, que asegura que las muertes tuvieron lugar en Marruecos. La Audiencia lo que ha dicho es que las muertes pudieron ocurrir en territorio nacional», explica el portavoz de Coordinadora de Barrios.
Helena Maleno reconoce, con cautela, que este avance denota «que damos pasos para demostrar que todavía hay garantías democráticas en Ceuta». Los denunciantes esperan que no sean los últimos y que el resto del proceso permita esclarecer qué paso ese 6 de febrero. «Se lo debemos a las familias», recuerda Javier Baeza.
