Europa Press/20Minutos.- Se creará el Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia.
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de lucha contra el racismo y la xenofobia, un texto que alinea el actual marco regulatorio con lo dispuesto en el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-25, de manera que se haga efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad u origen étnico o racial.
El proyecto, presentado por el Gobierno foral, ha contado con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma se ha abstenido, señalando que la norma es «una auténtica chapuza».
Yolanda Díaz, durante un acto de escucha de su proyecto Sumar (Archivo).
Podemos Navarra desoye a la dirección y oficializa su respaldo a Yolanda Díaz: «Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa».
Un Consejo para luchar contra el racismo
Para procurar sustento legal y social a las personas «racializadas», es decir, a todas aquellas que son «potenciales víctimas del racismo y la xenofobia», la ley instituye una serie de mecanismos de prevención entre los que se incluye la creación del Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta ley.
Se trata de un órgano consultivo y de participación que, bajo la presidencia del consejero competente en la materia, estará integrado por representantes de la Administración foral, la Oficina del Defensor del Pueblo, las entidades locales, asociaciones especializadas y otras con presencia significativa de personas racializadas o de minorías étnicas.
Mecanismos en diferentes sectores
El Gobierno de Navarra asumirá la elaboración de un plan de lucha contra el racismo y la xenofobia que será renovado cada 5 años. A su vez, facilitará el «apoyo técnico y económico» necesario para que las entidades locales puedan elaborar sus propios planes, con el fin de dar respuesta a las manifestaciones específicas de discriminación localizadas en su ámbito territorial.
En la esfera educativa, el departamento se encargará de difundir los contenidos de esta norma y asumirá la implantación de las medidas necesarias para «eliminar la segregación escolar y asegurar una distribución equitativa del alumnado en todos los niveles educativos».
El proyecto de ley se ocupa también de los medios de comunicación (públicos y privados) y las redes sociales, realidades ambas donde, «sin ánimo de interferir en su independencia funcional», se fomentará la adopción de «códigos deontológicos y acuerdos de autorregulación» tendentes a promover el uso de un «lenguaje respetuoso», también en la órbita «comercial y publicitaria».
En lo que a la vivienda concierne, se arbitrarán las medidas precisas para combatir la «segregación residencial», para lo cual se difundirá (en diversos idiomas) la información necesaria sobre las medidas de protección y sanción previstas para neutralizar las prácticas discriminatorias e ilegales.
Respuesta integral a la discriminación
Además, se instituye el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia para garantizar una respuesta integral a través de medidas de detección, amparo y reparación, también en los planos jurídico y psicosocial.
En caso de que una persona alegue y aporte indicios fundados de discriminación, se aplicarán las reglas relativas a la carga de la prueba previstas en la legislación estatal y comunitaria sobre igualdad de trato. La salvaguarda frente a posibles represalias alcanzará, además de a demandantes, víctimas y testigos, a cualquier persona que pudiera verse afectada por la reacción de la parte denunciada.
