El País/Sally Polomino.- En el Día internacional de la eliminación de la discriminación racial, organizaciones y defensores de derechos humanos advierten de que la ausencia de información está atada a la exclusión estructural que experimenta la población negra en el país
Las personas afro en Colombia sienten en sus vidas la relación entre la invisibilidad estadística y la dificultad para acceder a derechos. Este martes, en el día internacional de la eliminación de la discriminación racial, ILEX Acción Jurídica, una organización que trabaja por y con las comunidades afrocolombianas, vuelve a poner el tema sobre la mesa con un informe que señala de qué forma la omisión en las cifras oficiales les afecta. “Tener información estadística que dé cuenta de las particularidades de la población afrodescendiente ayuda a atender las situaciones de exclusión en las que suelen encontrarse”, explica el documento, que pone ejemplos concretos del daño que significa no estar en los números.
“La invisibilidad estadística de Colombia generó [en la pandemia] que no existieran medidas diferentes para atender a la población afrodescendiente que se vio afectada de manera desproporcionada por la emergencia social, económica y sanitaria. La educación es un ejemplo claro de este escenario, pues hay una cifra inferior de población afrodescendiente que accede al sistema educativo y que en medio de esta situación necesitaba acceso a la tecnología”, señala ILEX. La investigación advierte que “la falta de información para atender la emergencia hizo que la población afrodescendiente, por sus condiciones de exclusión y desigualdad, estuviera más expuesta al contagio. No incluir este criterio en el Plan Nacional de Vacunación (PNV) llevó a que no se establecieran medidas diferenciadas, claras y acordes de prevención y atención, poniendo en peligro la vida de esta población”.
La invisibilidad estadística de las personas afro ha sido una forma de mantener la exclusión estructural y sobre todo, de desconocer sus reclamos sociales, señala la organización, que reclama un cambio para poder garantizar políticas que resuelvan las necesidades de grupos que han sufrido históricamente discriminación racial. “El problema [actual] consiste en que las bases de datos e instrumentos estadísticos oficiales se abstienen de captar la pertenencia étnico-racial de las personas, lo que dificulta que esta población pueda ser contabilizada adecuadamente o que se puedan visibilizar las disparidades sociales que reflejan la discriminación estructural y las violaciones a derechos humanos que sufren los grupos étnico-raciales subordinados”, señala el documento.
La llegada de Francia Márquez al poder visibiliza el racismo en Colombia
Una sentencia de la Corte Constitucional reconoce que el país no sabe cuál es el tamaño de su población afrodescendiente.
No ser contados en las cifras también hace difícil el acceso a la justicia y lograr protección ante diferentes formas de violencia. “En la toma de registros permanentes de denuncias sobre los casos de violencia policial no es obligatorio registrar la pertenencia étnico-racial de la población, lo que significa que no se genera un reconocimiento de la violencia policial racista, ni se dan medidas adecuadas de atención y reparación diferencial, precisamente porque existe una ausencia de datos fidedignos”, explica ILEX, que ha llevado litigios en los que muestra que la falta de estadísticas oficiales confiables ha sido una constante dentro de la institucionalidad colombiana. “Esto ha impedido el reconocimiento de problemáticas que requieren atención del Estado”, señala.
Las comunidades afrocolombianas han estado tan invisibilizadas que no hay una cifra que señale el tamaño de esta población y, por lo tanto, la respuesta del Estado a sus necesidades ha sido incompleta e injusta. La Corte Constitucional aseguró en una sentencia de agosto de 2022 que el último censo, el de 2018, ocasionó un “daño irreversible” al haber desconocido al 30% de personas negras. ILEX explica que la disminución de la cifra de población afrodescendiente en comparación a la que se tenía a partir del censo del 2005, no respondió a cambios en la natalidad y la mortalidad, que determinan el tamaño natural de una población, sino a situaciones logísticas. Mientras que con el censo del 2005 el 10,3 % de la población nacional se reconocía como afrodescendiente (4.311.757 personas), en el 2018 solo el 6 % de la población (2.982.224 personas) se reconocieron como tal.
La invisibilidad estadística que resultó del conteo de 2018 fue denunciada por distintas organizaciones y colectivos afrodescendientes, al considerar, entre varios aspectos, que la información que surge de los censos sirve para crear políticas públicas diferenciadas. “El gran problema de la invisibilidad estadística para la población afrodescendiente parte de la discriminación estructural que ha negado la existencia y la pertenencia política de la población afrodescendiente en las naciones latinoamericanas. Hasta décadas muy recientes, los Estados de la región han estructurado la recolección de datos desde una concepción homogénea de la sociedad, homogeneizando consecuentemente a la población afrodescendiente”.
Líderes sociales afro: la doble discriminación
Colombia es un país hostil para ser líder social, pero es peor si además es una persona negra quien ejerce ese liderazgo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha alertado sobre el recrudecimiento de la violencia contra las poblaciones indígenas y afros y el aumento de los asesinatos de líderes. En el informe anual, presentado a inicios de este mes, señala retrocesos en la protección de los derechos a la vida y a la movilidad en comunidades indígenas y afrodescendientes. Según ACNUDH, en 2022 recibió 256 casos de asesinatos de defensores, 15 eran afrodescendientes.
“Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente solo representan el 35,4% del consolidado total, a pesar de que la mayoría de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos se registraron en departamentos con predominancia de población étnica como Cauca, Nariño, Valle del cauca y Antioquia”, ha cuestionado ILEX, que señala un subregistro, y de nuevo invisibilización, en las cifras.
“Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra o afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de los liderazgos sociales”, apunta la organización.
