El País/Paula Herrera.- Las amenazas de muerte, el rechazo, el acoso y la estigmatización contra las personas trans en gran parte del mundo les obligan a exiliarse a países donde se respete su identidad de género.
“Cuando mi madre supo que yo me vestía de mujer por la noche, dijo que prefería verme muerto a tener un hijo transexual. Me amenazó con llamar a la policía… Iba a morir, por eso me fui”, relata Olivia, que prefiere mantener su apellido oculto por seguridad. Aunque las leyes en su país, Camerún, no criminalizan directamente a las personas trans, en la práctica, son perseguidas mediante otras disposiciones legales, como la prohibición de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. De haberse quedado en su país, Olivia, mujer trans, hubiera sido condenada por mantener relaciones sexuales con hombres al amparo de una legislación que no la considera una mujer. “Cuando tenía alguna cita [con hombres], yo evitaba tener relaciones sexuales, decía que estaba con la regla. Si se daban cuenta de que no tenía la asignación de sexo, me podían denunciar”, cuenta Olivia. Por eso decidió emprender su ruta hacia España a los 18 años. Tuvo que atravesar Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos y, desde allí, se trasladó en patera hasta llegar a las Islas Canarias.
Olivia es una de los 89 millones de personas desplazadas que, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, han tenido que salir de sus países huyendo de las guerras, violencia, persecución y violaciones a los derechos humanos. En un comunicado conjunto, medio centenar de expertos en derechos humanos de la ONU, denunciaron que las personas LGTBIQ en situación de desplazamiento forzoso se ven expuestas a una “violencia exacerbada”. Y agregan que “al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que los discriminan activamente por su orientación sexual e identidad de género”. Olivia decidió irse de Camerún tras vivir una discriminación constante por su identidad de género. “En los países que recorrí debía disfrazarme de hombre, pero también me discriminaban por mi piel oscura, sobre todo en Argelia. Tenía mucho miedo y corría todo el tiempo”, relata.
En la actualidad, 69 países criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. En 11 de ellos, se castiga con pena de muerte
Como Olivia, Dina también huyó tras ser perseguida por las autoridades de su país por hablar públicamente sobre los derechos de las personas LGBTIQ y defender la libertad de las personas trans a ocupar los espacios públicos de Marruecos, un país en donde las leyes sí prohíben identificarse con un género distinto al registrado en los documentos oficiales tras nacer.
Solo 13 países, incluido Marruecos, tienen normativas que condenan de manera explícita la transexualidad, pero esta criminalización se produce también a través de otras leyes. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), las personas trans son acosadas y discriminadas a través de leyes que condenan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Este tipo de normativa está vigente en 69 países, de los que en 11 se castiga con pena de muerte, y que “se suele basar en la fusión entre la identidad de género y la orientación sexual”. También son perseguidas con el recurso a los “delitos de alteración del orden público, indecencia pública y vagancia”, una normativa vigente en 11 Estados del continente africano. La criminalización de la prostitución es otra estrategia usada para arrestar y detener a las personas trans y de género diverso, aunque, de acuerdo con la ILGA, es muchas veces un prejuicio que relaciona lo trans con la prostitución.
Dina, la activista marroquí, de 25 años, cuenta que creció en un orfanato, allí vivió maltratos constantes por ser trans. “No conocí a mis padres, así que no buscaba la aprobación de nadie. Eso me dio fuerzas para hacer activismo y decir públicamente que tener otra identidad de género u orientación sexual no es una enfermedad”, afirma. Luego empezaron las amenazas de muerte, las llamadas telefónicas. Fue entonces cuando decidió salir del país y viajar Madrid, en donde reside como refugiada internacional desde hace algo más de un año.
Una discriminación prolongada
“Aunque en España los derechos de las personas LGTBIQ son tomados en cuenta, aún se vive discriminación y rechazo, sobre todo para los transexuales”, lamenta Dina, y aclara que el activismo es fundamental para visibilizar a las personas trans migrantes. Por eso, desde que llegó a Madrid ha participado en las actividades de sensibilización e información que organiza la fundación de acogida e inclusión de solicitantes de asilo y protección internacional La Merced Migraciones, a través de su proyecto Welcome Diversity.
El programa, nacido en 2016, organiza espacios seguros de encuentro para personas LGTBIQ y da talleres de convivencia y respeto a las diversidades sexuales para los residentes de los pisos de acogida. El objetivo, explica la coordinadora del proyecto, Fabiana Castro, es evitar actitudes de discriminación entre los mismos compañeros de residencia. “Todos vienen de culturas diferentes, con otros idiomas, con contextos sociales distintos. Algunos llegan de países homofóbos o tránsfobos y nunca han estado cerca de una persona transexual, así que es fundamental hablar de los derechos LGTBIQ”.
Las personas LGTBIQ migrantes han sido blanco de discriminaciones constantes que no terminan ni en los países de tránsito, ni en los de acogida
Coincide con ella María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, quien aclara que las personas LGTBIQ migrantes han sido blanco de discriminaciones constantes que no terminan ni en los países de tránsito, ni en los de acogida, sino que muchas veces se pueden ver agravadas con otros tipos de violencias como la xenofobia, el racismo, la misoginia o la marginación socioeconómica. “Esto les genera una desconfianza que las aísla. Muchas sufren violencia, son víctimas de tráfico de personas, de trata, torturas, pero no denuncian, sobre todo en el caso de las personas trans, porque muchas veces su identidad de género no coincide con su documento de identidad oficial. Es posible que hasta las autoridades las acusen de suplantar una identidad”, lamenta.
Vega añade que uno de los obstáculos para amparar a este colectivo es que “al salir de sus países, siguen ocultando su identidad para evitar esa estigmatización. Esto impide tener cifras concretas del número de personas LGTBIQ migrantes, así como conocer dónde están, quiénes son y ofrecerles acceso a atención humanitaria”.
La sociedad camina a pasos lentos
Almudena Valdez Pino tiene 39 años, y vive en Madrid desde hace nueve. Víctima de trata, llegó como turista junto con un par de mujeres que le ofrecieron trabajo de peluquera en Girona. Valdez cuenta que al poco tiempo de llegar a España le quitaron el pasaporte, la encerraron en un apartamento y la obligaron a prostituirse. “El calvario duró un mes hasta que logré escapar, pero no pude denunciar porque me amenazaron con llamar a extranjería. Yo no quería que me abrieran una hoja de deportación, no podía volver a Panamá”. Para esta activista, salir de su país era una garantía para sobrevivir a la transfobia. “Me dispararon siete veces, todo porque mis vecinos no querían tener a un maricón en el barrio”, desgrana.
Aunque Valdez ahora cuenta con un permiso de residencia que le permite trabajar, su vida en Madrid ha estado plagada de obstáculos. No ha logrado conseguir empleos estables y formales. “Nadie nos contrata, nos preguntan si ya nos hemos hecho la reasignación de sexo y hasta me han rechazado por ser negra. También me han dicho que me regrese a mi país. He tenido que pasar mucha hambre. La sociedad no quiere que las personas trans migrantes salgamos de ese pozo”.
Rodrigo Araneda, el fundador de la ONG Acathi, dedicada a dar residencias temporales de emergencia a personas migrantes, refugiadas y asiladas en España, lamenta que, aunque las leyes avanzan en pro de los derechos LGTBIQ, la sociedad camina lenta. Y aclara que este colectivo necesita “más que el asilo”. “Requieren garantías para poder sobrevivir, como el acceso a oportunidades de trabajo y redes de apoyo. Debemos seguir rompiendo los estigmas en torno al colectivo LGTBIQ migrante”, finaliza.
