El País/Sallly Palomino.- Un informe de la Corporación Caribe Afirmativo señala una disminución en estos crímenes durante 2022, pero dice que la tendencia sigue siendo alarmante y la respuesta estatal es insuficiente.
La diversidad sexual en Colombia se condena a muerte. En 2022, 145 personas LGTBI fueron asesinadas, según un informe de la Corporación Caribe Afirmativo, que desde 2007 presenta un registro anual sobre esta violencia. Las mujeres y hombres transexuales siguen siendo los más agredidos. El año pasado fueron asesinados 49. “En el 62% de los casos las víctimas eran hombres homosexuales o personas con experiencias de vida trans”, señala el informe. El año pasado, 47 hombres gais murieron de forma violenta. Antioquia y el Valle del Cauca son los departamentos con más casos.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dice que lo que pasa en Antioquia es grave por varias razones. “No solamente es el departamento que concentra más hechos de violencia, sino donde ocurren de forma sistemática y contra personas muy jóvenes”, explica. “En el mes de mayo, en un lapso de solo 18 días, se cometieron 12 homicidios. Las víctimas tenían entre 18 y 23 años”. En las muertes de hombres homosexuales en Medellín, los investigadores han encontrado claras coincidencias. “Los identifican a través de aplicaciones, los citan en el mismo horario, los fines de semana. Las víctimas eran, en la mayoría de los casos, hombres gais de la comuna 10 de Medellín. Sus muertes se produjeron con altísimos niveles de sevicia y de crueldad”, subraya Castañeda.
En 2021 hubo más víctimas, 205, pero la tendencia que muestran los datos de 2022 sigue siendo alarmante y la respuesta estatal a esta violencia todavía es insuficiente, advierte la organización, que publica los datos de su propio observatorio contrastados con información de la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría y la Policía. En departamentos como Amazonas y Guainía es imposible saber cuántas víctimas hay. Para el informe que Caribe Afirmativo presenta este miércoles no pudieron obtener ninguna información oficial. De otros lugares como Vichada o Vaupés solo se sabe de tres casos en cada territorio. “Lejos de concebir la inexistencia de violaciones de derechos humanos en estas zonas del país, ello da cuenta, más bien, de la inoperancia e incapacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia e información con mediana homogeneidad en todo el territorio nacional”. Mientras hacían el informe constataron que no hay estándares ni criterios de sistematización en las entidades del Estado para la documentación de estos casos.
“Frente a las distintas formas de registro de las variables de orientaciones sexuales e identidades de género en la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, esta última persiste en responder de manera narrativa, sin incluir tablas de casos. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación continúan con un margen de respuesta bajo”, cuestiona la organización civil, que llama la atención sobre la vulnerabilidad de la población migrante y LGTBI.
“En muchos de los casos, la víctima o el presunto victimario es una persona de origen venezolano. Cuando es el victimario, hemos logrado identificar que es usado por el autor intelectual y eso da cuenta de un altísimo estado de vulnerabilidad que tiene la ciudadanía LGTBI, migrante, refugiada, retornada, cuando son víctimas o cuando son usados por los victimarios intelectuales para que perpetúen el hecho violento”, dice Wilson Castañeda.
