EUROPA PRESS. – El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha determinado la conclusión de su investigación sobre posibles casos de acoso en Cataluña debido al uso de la lengua castellana en los colegios, tras recibir la información solicitada a la Generalitat en la que asegura que tiene «adoptadas las medidas necesarias para evitar cualquier perjuicio o discriminación que por motivos de lengua de origen, cultura, religión, género u orientación sexual pueda darse en los centros educativos».
Así lo ha reflejado la institución que dirige Ángel Gabilondo en su ‘Informe anual 2022’, recogido por Europa Press, que ha presentado este lunes 13 de marzo en el Congreso de los Diputados.
El documento refleja que, con la finalidad de atender la preocupación de personas y colectivos que se dirigen al Defensor del Pueblo en relación con el aprendizaje y uso del castellano en el ámbito escolar en Cataluña, y por la prevención del «acoso o molestia que pudieran sufrir los alumnos por cuestiones vinculadas al uso de la lengua castellana», solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat información sobre las medidas adoptadas en las distintas etapas educativas para prevenir tales conductas.
En la respuesta recibida por el Defensor del Pueblo, la Generalitat «expresa su compromiso con la erradicación de cualquier actuación que pueda afectar a la convivencia en los centros, explicitado normativamente en el decreto de atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo, y que para el cumplimiento de esta norma tiene adoptadas todas las medidas necesarias para evitar cualquier perjuicio o discriminación que por motivos de lengua de origen, cultura, religión, género u orientación sexual pueda darse en los centros educativos».
Asimismo, la Administración catalana destaca que al inicio de curso «proporciona a todos los centros educativos orientaciones claras y precisas para resolver cualquier eventualidad relacionada con la convivencia y el clima escolar y la existencia de protocolos específicos a seguir ante cualquier alteración de la convivencia, aprobados en el marco de la normativa que regula el proyecto de convivencia en los centros educativos». Tras recibir esta información, el Defensor del Pueblo ha determinado la conclusión de estas actuaciones.
El año pasado, el Defensor ha realizado el seguimiento de la ejecución e la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone sobre la Generalitat «el deber de garantizar que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25%, en uno y otro caso».
Tras la aprobación de normas autonómicas que establecen la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas, el referido tribunal ha declarado que «no resulta posible ejecutar la sentencia».
«El planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad y posteriormente de recurso de inconstitucionalidad contra dichas normas ha determinado necesariamente la finalización de estas actuaciones», ha señalado el Defensor del Pueblo.
