Las Provincias.- La Asociación contra la Impunidad ya presentó la pasada semana una querella contra los cabecillas terroristas para tratar de evitar que prescriban 327 crímenes de la banda.

Sigue el cerco judicial a los jefes de ETA. Solo cuatro días después de que la Asociación Española contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos pidiera la imputación de diez cabecillas de la banda por «tentativa de genocidio» en el sumario por el atentado en el año 2000 en Sallent de Gállego (Huesca), en el que murieron dos guardias civiles, el mismo colectivo se querelló este lunes por idéntico delito contra los seis exlíderes de ETA que estaban ya imputados por el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola (Alicante), en el que fallecieron una niña y un jubilado.

Como en el caso de la querella por el asesinato de los guardias civiles José Ángel de Jesús e Irene Fernández con una bomba lapa en Huesca, la asociación en el sumario de Santa Pola busca que la Audiencia Nacional declare imprescriptibles 327 de los 379 asesinatos aún sin resolver perpetrados por la organización terrorista, al considerar que fueron «elementos instrumentales» para llevar a cabo un exterminio que, no obstante, no llegó a consumarse.

El coche bomba en la casa cuartel de Santa Pola costó la vida a la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de un agente del instituto armado, y a Cecilio Gallego, un jubilado que estaba esperando al autobús. El Juez Manuel García Castellón, tras reabrir esta causa el 29 de marzo del año pasado a petición de Dignidad y Justicia, en julio de 2022 imputó a Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Jon’; Ainhoa Mugica, ‘Olga’; Félix Ignacio Esparza, ‘Navarro’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’; y María Soledad Iparraguire, ‘Anboto’.

Aquella querella primigenia sostenía que los seis cabecillas de ETA integraban presuntamente por entonces la cadena de mando intermedia y el comité ejecutivo de la banda terrorista. Y que pese a su ascendiente, omitieron dar contraórdenes para que el atentado no fuese perpetrado.

La nueva denuncia ahora les acusa de haber participado en la «política de genocidio en grado de tentativa» levada a cabo por ETA a través de sus múltiples acciones, algo que «hasta ahora no ha quedado debidamente reconocido ante los tribunales de Justicia en España».

Naciones Unidas

Como ya argumentó en el sumario de Sallent de Gállego, la asociación sostiene que los cabecillas encausados por el ataque de Santa Pola pueden ser perfectamente acusados de «tentativa de genocidio» de acuerdo con la Resolución 780/1992 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que define los tres indicios que, conjuntamente, apuntan a una «fuerte indicación de genocidio, independientemente del número real de muertos»: los «ataques» al «conjunto del liderazgo de un grupo»; el asesinato de las «fuerzas aplicativas de la ley» como policías, militares, jueces o fiscales; y la «huida» de un «número relativamente grande de miembros del grupo» sometido al acoso.

Con esta tesis, la querella sostiene que el coche-bomba que hizo saltar por los aires el cuartel alicantino «en ningún caso puede ser abordada como una masacre desconexa o aislada», sino que debe entenderse «como parte de una larguísima cadena anterior, y que continuaría posteriormente».