El Periódico.- En plena crisis, el Gobierno peruano ha obtenido la confianza del Parlamento
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se enfrenta a una investigación por «genocidio», junto con otros altos cargos, tras la represión de las protestas antigubernamentales que han dejado 40 muertos desde diciembre en el país andino. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha decidido abrir una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otarola, el ministro del Interior Víctor Rojas y el ministro de Defensa Jorge Chávez». La investigación se abre por la comisión de los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Punón, Junín, Arequipa y Ayacucho», detalla la fiscalía.
La investigación ha señalado también al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y al exministro del Interior César Cervantes, que formaron parte del Gobierno de Dina Boluarte entre el 7 y el 21 de diciembre. Un total de 22 personas habían muerto en protestas durante estas dos semanas. Un total de al menos 40 personas han fallecido y más de 600 han resultado heridas en las protestas que siguieron a la destitución y detención, el 7 de diciembre, del presidente socialista Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de Estado por haber querido disolver el Parlamento que iba a desalojarlo del poder.
Huelga ilimitada
Los manifestantes han exigido, entre otras cosas, la salida de Boluarte, que sucedió a Castillo, y la celebración inmediata de elecciones anticipadas, que ya se han adelantado de 2026 a abril de 2024. Aunque procede del mismo partido de inspiración marxista (Perú Libre) que el expresidente socialista, la actual presidenta de Perú es considerada una «traidora» por los manifestantes.
El epicentro de la protesta es la región aymará (pueblo amerindio) de Puno, en la frontera con Bolivia y a orillas del lago Titicaca, donde está en vigor una huelga indefinida desde el 4 de enero y donde se han producido graves enfrentamientos, saqueos y pillajes.
Las autoridades han declarado este martes un toque de queda de tres días en esta región, después de que 18 personas murieran en manifestaciones desde este lunes. En Juliaca, a 1.300 kilómetros al sur de Lima, decenas de familiares de víctimas hacían cola en la morgue para recibir el cuerpo de un ser querido tras los mortíferos enfrentamientos cerca del aeropuerto de esta ciudad de la región de Puno. «Mi hermano está muerto porque le dispararon, lo mató la policía», ha declarado un hombre a la radio La Decana.
Confianza del Parlamento.
En plena crisis política e institucional, el Gobierno peruano ha obtenido este martes por la noche la confianza del Parlamento con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones. El Gobierno habría tenido que dimitir si hubiera perdido la votación, como exige la Constitución. Perú recibirá este miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enviada al país para investigar las manifestaciones y la respuesta de la policía. Las protestas han continuado este martes con bloqueos de carreteras en seis regiones del país. En la región andina meridional de Ayacucho, miles de personas han marchado por las calles de la ciudad de Huamanga.
En un comunicado emitido este martes, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado estar «profundamente preocupada por el aumento de la violencia en Perú». Ha pedido a los manifestantes que muestren «contención» y a la policía que «garantice que la fuerza se utiliza sólo cuando sea estrictamente necesario». «Estamos en manos de la barbarie», ha denunciado el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, mientras que la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, ha expresado que «la violencia está llegando realmente a niveles insospechados».
