EFE.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda que las diferencias en la edad de jubilación entre sexos equivale a una diferencia de trato y, por tanto, a una discriminación, en una nueva sentencia contra Rumanía publicada este martes.
En este nuevo caso, las demandantes, Liliana Moraru y Doina Marin, eran dos funcionarias rumanas que fueron obligadas a jubilarse en 2017 y 2019 al cumplir los 60 años y 10 meses, edad estipulada por ley para el retiro de mujeres.
Ambas mujeres acudieron a los tribunales después de que no se les permitiese continuar en su trabajo hasta alcanzar la edad de jubilación de los hombres, 65 años, y la justicia falló a su favor en primera instancia, pero las apelaciones de sus empleadores tuvieron éxito y no se les permitió reincorporarse al mundo laboral.
Las demandantes llevaron sus casos al tribunal de Estrasburgo en 2018 y en 2020, ambas alegando que ser obligadas a retirarse una vez cumplida la edad legal de jubilación para mujeres era una discriminación de género. Al ser dos asuntos similares, el tribunal decidió tratarlos conjuntamente.
Una vez examinados, los jueces concluyeron que «no dar a las demandantes la opción de continuar su trabajo pasada la edad de jubilación para mujeres y hasta que alcanzasen la edad de jubilación establecida para hombres había constituido una discriminación basada en el sexo» en una violación del artículo 1 del protocolo 12 del Convenio de Derechos Humanos, según establece la sentencia.
Se trata de un principio ya establecido en 2005 en un caso contra el Reino Unido sobre distintas discriminaciones en el acceso a la jubilación y a subsidios por accidentes laborales, en el cual el tribunal del Consejo de Europa concluyó que «una diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres constituye una diferencia de trato por razones de sexo».
El TEDH resaltó que los tribunales nacionales rumanos no aplicaron correctamente «el derecho de la Unión Europea ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», que prohíben la discriminación de género en el entorno laboral.
El tribunal de Estrasburgo recordó además el Convenio de Estambul contra la violencia de género, que establece la igualdad de las mujeres y pide a sus firmantes, entre ellos Rumanía, abolir las leyes que las discriminen.
Los magistrados sentenciaron a Rumanía a pagar 400 euros a Moraru y 1.600 euros a Marin por costos y gastos, además de 7.500 euros a Moraru por daños materiales e inmateriales.
Tras las apelaciones de Moraru y Marin a la justicia europea, Rumanía permitió en dos sentencias de su tribunal constitucional de 2018 y 2021 que se extendiese la edad de jubilación femenina en el sector público hasta igualar la de los hombres.
