El País.- Un tribunal federal de apelaciones revisa el caso después de la orden unánime del Supremo. “Al insistir en no devolvernos el cuadro, España perpetúa el Holocausto”, dice el heredero de la mujer a la que se lo arrebataron los nazis.
Un nuevo capítulo (que no el último) de la historia del pissarro expoliado por los nazis que cuelga desde 1993 en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, se ha escrito este lunes en un juzgado de Pasadena (California). Las partes se han visto otra vez ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con jurisdicción sobre la costa Oeste de Estados Unidos, en el litigio que enfrenta desde hace 17 años a la fundación española y a los herederos de Lilly Cassirer, a quien le fue arrebatada en Berlín en 1939 la obra maestra impresionista Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia como impuesto revolucionario para escapar a su suerte como judía durante el Holocausto.
La vista era la consecuencia procesal del fallo unánime del Supremo de Washington, que en enero decidió devolver la causa a Pasadena, al considerar que el juez se equivocó al aplicar la norma de conflicto, federal o estatal, que es la que decide qué ordenamiento impera, si el español o el californiano, en una disputa como esta en la que hay dos en liza, dado que el demandante es estadounidense y el demandado, un Estado extranjero.
En las dos sentencias dictadas hasta ahora en el caso (por el juez John Walter, de Los Ángeles, en 2018, y por los tres magistrados a los que este lunes les ha vuelto como un bumerán) mandó la federal, y por eso se aplicó la ley española, que da la razón al Thyssen. Ahora que el árbitro es la norma de conflicto estatal, el tribunal de apelación puede seguir aplicando la ley sustantiva española o cambiar el paso y optar por la californiana. Según esta, una persona que reciba un bien mueble robado, como es el caso, no puede consolidar su título de propiedad por mucho tiempo que pase. En el ordenamiento español bastan seis años para eso, siempre que haya prescrito el delito (tres si lo ha adquirido de buena fe).
Ante la terna de jueces han comparecido por espacio de una media hora los dos abogados principales de uno de los casos de restitución de arte más sonados de la historia. En favor del demandante, David Cassirer, bisnieto de Lilly, ha hablado uno de los letrados más famosos de Estados Unidos: David Boies. En su exposición, lo ha planteado como un enfrentamiento “entre lo viejo”, el Código civil español, de 1889, y “lo nuevo”, la ley californiana, “más acorde con las normas modernas”. También ha insistido en la necesidad de que el caso se envíe al Tribunal Supremo californiano en lugar de que la revisión se haga en el de apelaciones, por el que ya pasó en su día. Boies confía en que una revisión integral del asunto les acabe dando la razón.
El abogado Taddheus J. Stauber, del despacho Nixon Peabody, ha hablado en favor del museo madrileño, y ha vuelto sobre el argumento de que cuando el Estado español adquirió el cuadro, lo hizo ignorante de su procedencia. Fue como parte del lote de la colección del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, por el que se pagó en 1993 un precio de 350 millones de dólares. Stauber también ha defendido que España no regrese la pintura a sus primeros dueños pese a haber firmado los compromisos internacionales en materia de devolución de arte expoliado por los nazis: los Principios de Washington y a la Declaración de Terezin. “Ninguno de los dos son tratados, no son leyes, son más bien orientaciones”, ha dicho. “Y sus textos también dicen que hay que respetar las leyes de otros países, el hecho de que existen diferentes sistemas legales, que cada país trae su propio trasfondo histórico”.
Ambos abogados han soportado el interrogatorio impaciente de los magistrados, pues todo, inevitablemente, tenía un cierto aire de déjà vu. Su presidenta, Consuelo Callahan, ha repetido en varias ocasiones que lamenta la reprimenda recibida del alto tribunal de Washington y ha dicho: “Incluso por mucho que nos arrepintamos, no podemos cambiar de opinión”. Y eso es precisamente lo que desean los abogados del Thyssen, que los mismos jueces que les dieron la razón se la den de nuevo. También confían en que eso significará que el cuadro se quede en Madrid.
La sentencia podría llegar tan pronto como en enero o retrasarse más allá de la primavera si el proceso acaba en el Supremo de California, como quiere el demandante. A este, siempre le quedaría la opción de elevar su queja de nuevo al Supremo de Washington, que podría aceptar revisar de nuevo el tema o dejarlo estar. A David Cassirer no le preocupa que todo ello dilate el proceso. “Llevamos 23 años con esto; esperar un poco más no será tan grave”, explicó el viernes pasado en una conversación telefónica con este diario. Cassirer fijó como inicio el momento en el que su padre, Claude, fallecido en 2010, que fue quien comenzó con la cruzada, supo que el cuadro de su antepasada, que recibió en los cincuenta una compensación del Estado alemán, estaba en Madrid.
“Creo que a mi padre, quien, como mi bisabuela, fue un superviviente del Holocausto que casi muere en un campo de concentración de Marruecos, le habría hecho sentir orgulloso la publicidad que está teniendo el caso”, opinó Cassirer. “Le preocupaba mucho que los jóvenes se olvidaran de lo que pasó. Y eso, ahora que ya van muriendo los últimos testigos directos es una amenaza real. Más feliz le habría hecho que España hubiera actuado correctamente, pero al menos nos queda la enorme publicidad”. Cassirer considera que el Thyssen debería dejarse “de subterfugios legales” y “enfrentarse a la obligación moral que tiene ante sí”.
El demandante siempre ha creído que el Estado español fue consciente de que la pintura, una vista de la ciudad de París creada en 1897 por Pissarro que acabó en la galería de otros antepasados suyos en Berlín en 1900, era “fruto del expolio nazi”. “Al negarse a devolverla, España básicamente está negando el Holocausto. Y eso es muy peligroso en estos momentos en Estados Unidos, con [Donald] Trump cenando con antisemitas”. El demandante se refiere al reciente escándalo de la reunión mantenida por el expresidente con Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, y Nick Fuentes, dos notorios altavoces del creciente odio contra los judíos.
