La Voz de Galicia.- Medio millar de agentes, sospechosos de posibles crímenes en estas plataformas.
Luís Filipe dos Prazeres Maria es dirigente de la Organizçao Sindical da Polícia portuguesa y su nombre saltó recientemente a la palestra pública como uno de los 591 agentes lusos implicados en una investigación de posibles crímenes en las redes sociales. «Se busca francotirador con experiencia en ministros y presidentes, políticos corruptos y gestores dañinos (…) y respectivos cónyuges», escribía en un grupo privado de Facebook. En una investigación periodística de gran recorrido, los diarios portugueses recogen decenas de comentarios similares realizados por miembros de las fuerzas de seguridad en grupos privados de las redes sociales. Se trata de más de 3.090 publicaciones y sus autores son parte de la plantilla en activo de la PSP (Polícia de Segurança Pública) o de la GNR (Garda Nacional Republicana).
La lista de posibles crímenes incluye discriminación e incitación al odio y la violencia, amenaza, incitación a la desobediencia colectiva, coacción contra órganos institucionales, difamación, discriminación racial y religiosa, ultraje por creencia religiosa, instigación y apología pública de un crimen e incitación a la alteración violenta del Estado, entre otros. Llama especialmente la atención por atentar contra puntos fundamentales del código ético policial.
El de Luís Filipe dos Prazeres Maria es uno de los pocos nombres que los investigadores decidieron publicar por ser representante sindical de la policía, así como por haber sido apartado del cuerpo en el 2019 en un proceso disciplinar (decisión posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo y Fiscal de Sintra). Pero, además, también representa la afinidad de muchos otros identificados con el partido ultraderechista Chega, con el que se reunió en calidad de líder sindical. Mediante las publicaciones referidas en las redes sociales, se identificó que hasta el 75 % de los autores confiesa sentir simpatía por este partido y difunde propaganda en su apoyo.
De hecho, el líder ultra, André Ventura, no se hizo esperar para pronunciarse. Nada más salir a la luz el caso dijo que se trataba de un grupo muy minoritario y acusó al Gobierno socialista de António Costa de tener «una actitud persecutoria» y de «humillación» hacia los policías, asegurando que denunciaría los hechos ante la Comisión Europea. A continuación, la formación garantizó que desconoce la profesión de sus militantes. Por último, en una comparecencia ante los medios en la Asamblea da República, expresó que el partido «está frontalmente en contra, como sus estatutos dejan claro, de cualesquiera prácticas de racismo, xenofobia o discriminación».
Protestas en Lisboa
Ante el malestar causado por el estallido de este escándalo, los sindicatos policiales no se amilanaron y convocaron diferentes protestas. En Lisboa, varios centenares de policías se manifestaron en silencio para denunciar «los problemas estructurales y graves» y exigir soluciones al Gobierno. Se referían a los sueldos bajos, el envejecimiento del cuerpo y su poco atractivo para nuevos miembros, la falta de efectivos y la incapacidad operacional.
Esta semana, en una audiencia en el parlamento sobre estos delitos de odio en redes sociales, el ministro de Administración Interna, José Luís Carneiro, reveló que, desde el año 2019, hasta 107 elementos de estos cuerpos policiales (PSP y GNR) fueron apartados por violar «valores fundamentales del Estado de derecho». De ellos, 36 perdieron su puesto solo desde noviembre, cuando saltó a la luz el caso.
Además, Carneiro precisó que distintos comandos policiales «están realizando un trabajo sistemático, serio y riguroso para perfeccionar el reclutamiento, formación, información, sensibilización, monitorización y sanciones, para prevenir actitudes y comportamientos individuales que atenten contra los valores del Estado de derecho democrático».
