Información/C.Pascual.- Tres eurodiputados socialistas preguntan ante la Comisión Europea por el supuesto incumplimiento de artículos de Carta de Derechos Fundamentales de la UE, además del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Declaración de Lisboa.
Dos son las preguntas que tres eurodiputados socialistas han trasladado a la Comisión Europea respecto a la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. «¿Cómo evalúa la Comisión Europea la ordenanza del Ayuntamiento de Alicante y sus efectos en la provincia?» y «¿considera que la ordenanza de Alicante cumple con los artículos 21,1 y 34,3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Declaración de Lisboa?» son las cuestiones planteadas por los socialistas Domènec Ruiz Devesa, Inmaculada Rodríguez-Piñero y Estrella Durá Ferrandis.
Los eurodiputados cuestionan el posible incumplimiento de artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que giran en torno ala «prohibición de toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual» y que también hablan de que «la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y practicas nacionales».
Por otro lado, los eurodiputados también señalan otros documentos, como el pilar europeo de derechos sociales, respecto a un principio que trata de la vivienda y la asistencia para las personas sin hogar, con puntos como que se «debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad», que las «personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo forzoso» y que «se deben facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social».
En el cuerpo del escrito remitido a la Comisión Europea, los representantes socialistas hacen alusión a la noticia publicada por este diario sobre que «la ordenanza de mendicidad de Alicante desplaza a sintecho a Elche”, donde se explican que el Ayuntamiento ilicitano ha detectado un aumento de las personas sin hogar en la ciudad en los últimos meses, coincidiendo con la aprobación de las multas en la capital de la provincia. «La criminalización de personas vulnerables sin hogar es especialmente grave en un contexto en el que, debido a la crisis del covid y a la llegada de refugiados, particularmente de Ucrania, la capacidad del centro de acogida municipal es insuficiente. Además, la ordenanza contrasta con el objetivo de que nadie sea discriminado por su estatus de persona sin hogar, establecido por la Declaración de Lisboa de 2021, firmada, entre otros, por los Estado Miembros y las instituciones europeas», subrayan los eurodiputados.
Hace menos de un año, la Comisión Europea, a su manera, ya se pronunció sobre la polémica ordenanza. «La Comisión Europea condena enérgicamente toda violación de los derechos fundamentales, incluida cualquier forma de discriminación, ya que va en contra de los valores en los que se basa la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», señalaba la institución europea tras la pregunta registrada por dos eurodiputados de Izquierda Unida en alusión a la aprobación de la controvertida ordenanza de mendicidad de la ciudad de Alicante, en vigor desde finales de marzo y que incluye multas de hasta 3.000 euros.
En esa respuesta fechada el pasado 9 de septiembre, el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, recuerda que «la Carta solo es aplicable a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la UE», mientras que la polémica ordenanza -prosigue el texto- «no parece estar relacionado». En tales casos, según el comisario, «corresponde a los Estados miembros, y en particular a sus autoridades judiciales, garantizar el respeto de los derechos fundamentales previstos en su Derecho nacional y en sus compromisos internacionales».
