El País.- El tribunal examina dividido la demanda contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.
El primer caso de gran calado político y social del curso nuevo del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado este lunes a la sala de vistas. Las vistas orales han vuelto este mes tras el parón de la pandemia después de un año judicial cargado de sentencias que certificaron el giro a la derecha del tribunal. La mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Donald Trump) y tres progresistas se plantea ahora acabar o limitar estrictamente la discriminación positiva, también llamada acción afirmativa, por criterios raciales en el acceso a las universidades, que favorece principalmente a estudiantes negros y latinos.
El promotor del recurso es Edward Blum, fundador de Estudiantes por Admisiones Justas (SFFA por sus siglas en inglés), activista en contra de la discriminación positiva, que considera que perjudica a los estudiantes blancos y asiáticoamericanos. Impugna en paralelo los sistemas de admisiones de la Universidad de Harvard y de la de Carolina del Norte. Unos y otros han expuesto sus posiciones ante el tribunal este lunes.
Las partes han mostrado ante los jueces su diferente interpretación de la célebre sentencia unánime de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, con la que el Supremo acabó con la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos, considerada por muchos como el fallo más destacado en la historia del tribunal.
Las dos universidades y, en general, los defensores de la acción afirmativa sostienen que la sentencia de Brown promovía la igualdad de oportunidades en sentido amplio y que, por tanto, favorece a las minorías y permite compensar las dificultades que se derivan del racismo estructural que les pone en inferioridad de condiciones. La SFFA, en cambio, se basa en la misma sentencia para argumentar que los procesos de admisión deben ser ciegos ante las consideraciones raciales y que tomar en cuenta la raza para discriminar positivamente a unos grupos tiene como reverso discriminar negativamente a otros, violando así el derecho a la igualdad que consagra la Constitución de Estados Unidos.
“La decisión histórica de este tribunal en el caso Brown rechazó definitiva y firmemente la opinión de que las clasificaciones raciales tienen algún papel que desempeñar en la provisión de oportunidades educativas”, ha señalado Patrick Strawbridge, el abogado de la SFFA, al exponer su caso, apuntando que la admisión en las universidades “es una excepción flagrante a esa regla” por la discriminación positiva.
Los jueces del Supremo han interrogado este lunes a los abogados de las partes. Han sido las tres juezas progresistas las que más han cuestionado los argumentos de la SFFA. Elena Kagan ha señalado que la diversidad racial en la universidad es necesaria para que luego haya diversidad también en los puestos de liderazgo en la economía, en la política y en el conjunto de la sociedad.
Otros factores
Strawbridge admite la discriminación positiva basada en factores socioeconómicos o incluso de género, o criterios para lograr una diversidad religiosa, pero ha insistido en que la basada en consideraciones raciales es inconstitucional. Kagan ha hecho notar que las mujeres sacan mejores puntuaciones de acceso y que si se permite equilibrar eso “sería peculiar que se primase a los hombres blancos y no a los que nuestra sociedad ha pisoteado durante siglos”. “Por supuesto, nuestra posición es que no se puede primar a los hombres blancos. Eso parece una clasificación racial. A los hombres, tal vez”, ha contestado Strawbridge.
La también progresista Ketanji Brown Jackson solo puede intervenir en el caso de Carolina del Norte, porque formó parte del comité de admisiones de Harvard, lo que deja aún más en minoría a los progresistas. Jackson ha expresado su escepticismo respecto a que las pruebas del caso demostraran que los funcionarios de admisión consideraran la raza de forma aislada. También ha cuestionado cómo una política de admisión que no tenga en cuenta la raza evaluaría a los solicitantes cuya raza está ligada a su historia personal, como un estudiante universitario de primera generación que es descendiente de esclavos. Strawbridge ha dicho que se puede tener en cuenta la historia personal y los factores culturales, pero no la raza. “Eso es hilar muy fino”, ha replicado Kagan.
“La diversidad es la mayor fuente de fortaleza de nuestra nación”, ha dicho el abogado que defiende a la Universidad de Carolina del Norte, Ryan Park. “Y para que esa democracia florezca, personas de todos los orígenes y perspectivas diferentes tienen que aprender a convivir y unirse en un propósito común. La visión de Brown era que la educación podía ser el motor de nuestra democracia”, ha añadido.
“He oído la palabra diversidad bastantes veces y no tengo ni idea de lo que significa. Parece que significa una cosa para cada uno”, ha replicado el juez Clarence Thomas, conservador y fiero opositor de la discriminación positiva, aunque es afroamericano.
El abogado de Harvard, Seth P. Waxman, también ha defendido su sistema: “Un alumnado universitario que abarque una multiplicidad de experiencias e intereses beneficia vitalmente a nuestra nación. Se rompen los estereotipos. Se reducen los prejuicios y se mejoran las habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas”, ha dicho.IN ENGLISH
US Supreme Court considers ending affirmative action in universities
Los magistrados conservadores le han cuestionado reiteradamente si el sistema de admisiones perjudica a los estudiantes asiático-americanos, como sostiene la SFFA. Según Waxman, “Harvard no hace hincapié indebidamente en la raza en sus decisiones de admisión. No realiza un balance racial. Ciertamente, no discrimina a los solicitantes asiático-americanos, y todavía no tiene una alternativa actual viable y neutral en cuanto a la raza. La falsa narrativa a la que se aferra la SFFA no es una base para desmantelar décadas de precedentes, confirmando la constitucionalidad de unas admisiones conscientes de la raza de forma limitada”.
Precedentes
Aunque deducir de sus intervenciones cuál será el sentido de su fallo siempre es algo aventurado, hay indicios que apuntan a que los jueces conservadores se disponen a acabar con la discriminación positiva con criterios raciales tal y como hoy se aplica en el acceso a las universidades.
El Tribunal Supremo se ha manifestado sobre este asunto en el pasado, por primera vez con el caso Universidad de California contra Bakke, en 1978. Su doctrina parecía bastante asentada desde la sentencia Grutter contra Bollinger de 2003, relativa a la Universidad de Michigan, que se resolvió por cinco votos a cuatro, en un tribunal que entonces tenía mayoría progresista. Su tesis hasta ahora es que las universidades no pueden establecer cuotas por raza, pero sí tomar en cuenta consideraciones raciales junto a otras para favorecer la diversidad y la igualdad de oportunidades. Ese criterio se reafirmó por última vez en la sentencia de Fisher contra la Universidad de Texas, de 2016.
De los jueces de 2003, solo sigue en el Supremo el conservador Clarence Thomas, que quedó en minoría, rechazando la sentencia. En 2016, tanto Thomas como los también conservadores Samuel Alito y el presidente del Tribunal, John Roberts, dijeron que la sentencia era “notablemente errónea”. Criticaban que la Universidad de Texas justificase “la discriminación racial sistemática simplemente afirmando que dicha discriminación es necesaria para lograr ‘los beneficios educativos de la diversidad’, sin explicar —y mucho menos probar— por qué es necesaria la discriminación o cómo el plan discriminatorio está bien diseñado para servir a sus objetivos”, y señalaban la “alternativa más obvia de neutralidad racial: una revisión holística, sin distinción de raza, que tenga en cuenta las características únicas del solicitante y sus circunstancias personales”. Thomas, Roberts y Alito quedaron en minoría, pero ahora forman parte de la mayoría conservadora. El hecho de que haya decidido aceptar esos casos ya es visto como un indicio de que está dispuesto cambiar la jurisprudencia.
Roberts escribió en una sentencia de 2006, relativa a la distribución de alumnos en los colegios por criterios raciales, que “la mejor forma de parar la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”.
“Este tribunal debería anular Grutter”, ha sostenido el abogado de la SFFA. “Su opinión de que los beneficios educativos de la diversidad justifican las clasificaciones raciales contradice la garantía de igualdad de trato de la 14ª enmienda”, ha añadido. En su opinión, ese precedente también crea muchos efectos negativos. “Algunos solicitantes se ven incentivados a ocultar su raza. Otros que fueron admitidos por sus méritos ven disminuidos sus logros por la suposición de que su raza desempeñó un papel”, ha afirmado.
