EFE.- Un grupo de representantes de asociaciones españolas, implantadas en Comunidades Autónomas donde estiman que se está produciendo la exclusión del español en la enseñanza y en otros aspectos de la sociedad, denunciaron este miércoles en Bruselas la «discriminación de la lengua española» y abogaron por la defensa del bilingüismo en España.
En una jornada organizada por la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, se dieron cita en la Eurocámara representantes de Impulso Ciudadano, Docentes Libres, Asamblea por una escuela bilingüe, Plis, educación, Societat Civil Balear, Docentes por la Libertad Lingüística, Idiomas y Educación, Sociedad Civil Valenciana, y así como la Asociación Pompaelo para hablar de País Vasco y Navarra.
«Estamos en el Parlamento Europeo hoy, justamente en el Día de la Hispanidad, y este encuentro tiene como objetivo mostrar una realidad, una realidad de discriminación de la lengua española en una parte de nuestro territorio nacional, algo que parece irracional en el siglo XXI, en sociedades abiertas. Y, sin embargo, ocurre», lamentó Pagazaurtundua en declaraciones a los medios.
La eurodiputada enfatizó que «el español es un patrimonio común y debe ser una lengua vehicular y no puede ser discriminado porque es una cuestión no sólo lingüística, no sólo de educación, sino de Estado de derecho democrático, de pluralismo».
«Esta lengua está siendo excluida de los sistemas educativos, no solo en Cataluña, sino también en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Navarra y en el País Vasco», apuntó, por su parte, la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.
Pagazaurtundua arremetió especialmente contra la Generalitat de Cataluña por aplicar «el monolingüisimo catalán en la escuela como la dictadura (de Franco) impuso el español», denunció.
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«Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien en su lengua materna supone una crueldad social que se vivió, lamentablemente, en época franquista. Son comportamientos contra el pluralismo que tenemos que denunciar en la UE (Unión Europea) del siglo XXI», manifestó Pagazaurtundua.
Recordó que El Tribunal Supremo confirmó que la condición vehicular del español está «blindada» por la Constitución.
«Hablamos de miles de familias cuyos hijos tienen derecho a estudiar en castellano por lo que la no ejecución de la sentencia del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) sería como incumplir centenares de miles de sentencias en materia de derechos fundamentales y obligarles, además, a acudir, uno a uno ante la Justicia para hacer valer sus derechos», dijo.
Además, Pagazaurtundua recalcó que «el Gobierno de Pedro Sánchez no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto», y deja en una «indefensión manifiesta a las familias y niños», que a veces sufren «señalamiento» y «acoso».
En ente sentido, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, explicó que el 45 % de la población española vive en zonas con cooficialidad lingüística y denunció el «atropello» de que en Cataluña no se respete en la educación el 25 % establecido por la ley, algo que el portavoz de la Plataforma de Profesores Docentes Libres, Carlos Silva, definió como un «panorama siniestro».
«Esto es un problema para Europa porque un miembro de la UE, el Gobierno de España, no ha hecho nada para que la sentencia se cumpla», expuso Losada, quien aludió a la situación de «impás» en la que se encuentran a espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie: «no sabemos si lo va a hacer en dos meses o en dos años o en seis años», señaló.
Los participantes en esta jornada también protagonizaron una concentración al mediodía en la explanada del Parlamento Europeo en Bruselas abierta a la comunidad española en las instituciones comunitarias.
