El club rojiblanco dice que envió ese paquete extra, que acabó en manos de los ultras, directamente al gallego. El Depor asegura que fue a la Federación de Peñas.
LUIS NIETO. DIARIO AS.- Entre Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña se escamotearon doscientas entradas al control policial, asunto que se debatió en la reunión de la Comisión Antiviolencia que se celebró con carácter de urgencia convocada este lunes. El hecho, que pudo influir en los brutales incidentes que se produjeron el domingo en los alrededores del estadio Vicente Calderón y que se saldaron con la muerte de un ultra del equipo gallego, Francisco Javier Romero Taboada, provocó una fuerte controversia entre los representantes que ambos clubes enviaron a la reunión: Tino Fernández, presidente deportivista, y Clemente Villaverde, gerente de la entidad rojiblanca.
El Atlético envió al Deportivo 365 entradas para el choque del Calderón, debidamente escrutadas por la Policía tal y como se exige para prevenir actos de violencia en los estadios y sus alrededores. 110 se destinaron a peñas del equipo gallego en Madrid y cien más, en dos paquetes de cincuenta, a peñas consideradas seguras en A Coruña. El resto se comercializaron en taquilla, donde no está permitida la venta de más de cuatro por persona para evitar, precisamente, que acaben en manos de grupos radicales. No se vendieron todas y el Deportivo acabó devolviendo 77.
Sin embargo, el club rojiblanco envió 215 entradas más fuera de este canal de seguridad controlado por las fuerzas del orden a la Federación de Peñas del Deportivo, gran parte de las cuales fueron adquiridas por los Riazor Blues y aquí nace la discrepancia. En la reunión de la Comisión Antiviolencia, el Atlético defendió que remitió ese paquete de entradas a las taquillas de Riazor y que entendió que serían distribuidas por el club. Sin embargo, la versión de una nueva petición de entradas por parte del Deportivo cuando 77 habían sido devueltas resulta extraña. Tino Fernández respondió que ese sobre, con el membrete del Atlético, iba a nombre del presidente de la Federación de Peñas, Miguel Otero, y que ni siquiera se abrió al entender que se trataba de una comunicación personal. Otra explicación poco convincente.
Fuentes del club gallego señalaron a este diario que «fuimos una mera estafeta de entrega». La cuestión es que la Policía no tuvo conocimiento, como era obligado, del hecho y, por tanto, no pudo prever un desplazamiento masivo de ultras a Madrid. Tampoco el coordinador de seguridad del Deportivo advirtió el hecho.
No es la primera vez que la Federación de Peñas del Deportivo consigue entradas a través de los clubes locales, sin la mediación de la entidad. Ya en algunos partidos de la pasada campaña, en Segunda División, hubo amplios desplazamientos amparados por esta fórmula.
«Algunos clubes no consideran a la Federación de Peñas un interlocutor válido y sólo lo gestionan con nosotros. De las que recibimos, las peñas reciben un porcentaje en virtud del convenio que en sus días suscribimos con ellas. Y muchas veces no nos piden localidades», señalaron las mismas fuentes del Deportivo a este periódico para intentar explicar el hecho.
La versión de Atlético es radicalmente diferente: «Nosotros enviamos inicialmente 365 entradas, pero el Deportivo nos advirtió que alguien relacionado con la Federación de Peñas nos haría otra petición de localidades y así fue. Nos pidió 215. Eran localidades del primer y del segundo anfiteatro del fondo norte, con precios de 40 y 30 euros. Todas estaban en la zona de seguridad y se remitieron al Deportivo y a nadie más. Nosotros sólo tratamos con clubes y así lo advertimos. Quedará demostrado que nosotros enviamos todas las localidades al Depor».
Francisco Martínez, secretario de Estado para la Seguridad, ya dio cuenta de las sospechas sobre la irregular venta de entradas tras la Comisión Antiviolencia: “No existían antecedentes de enfrentamientos en los últimos seis años que hubiesen motivado la calificación de partido de alto riesgo. No existía información disponible a través de redes sociales o de otra naturaleza. Hemos abierto una investigación sobre un número de entradas que no es conocido. Estamos estudiando cómo llegaron (los Riazor Blues) a estar en disposición de esas entradas. Los hinchas violentos alquilaron el autobús fuera de la provincia e hicieron lo posible por eludir los controles y escapar a la previsión que la Policía debe tener en estos casos». Martínez dijo que no podía revelar más detalles de un caso que estaba bajo investigación judicial.
