France24.- Tras varios meses de investigación, una comisión de expertos de la ONU reveló que es probable que se hayan cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Etiopía. «La comisión está profundamente perturbada por lo que ha encontrado porque refleja una profunda polarización y odio entre grupos étnicos» en el país africano, reza el informe de Naciones Unidas. ANUNCIOS
Probablemente se cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto que desgarra a Etiopía desde finales de 2020, según un informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La comisión de tres miembros que redactó el informe «tiene motivos razonables para creer que, en varios casos, las violaciones equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad».
«La comisión está profundamente preocupada por lo que ha encontrado porque refleja una profunda polarización y odio entre etnias en Etiopía», dice el informe. «Esto ha creado un perturbador ciclo de violencia extrema que es respondido con represalias, lo que aumenta el riesgo inminente de nuevas y más graves atrocidades», indicaron los expertos preocupados por la situación.
Ya en noviembre de 2021, un informe conjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a las violaciones, algunas de las cuales podrían «constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad». Este abarcó el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2020 y el 28 de junio de 2021.
«Un impacto devastador en la población civil»
El conflicto estalló a principios de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal del primer ministro Abiy Ahmed lanzó una ofensiva contra los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) que controlan esta región del norte de Etiopía.
Las autoridades de Tigray «siempre han asegurado» que el gobierno federal es responsable de crímenes contra la humanidad, dijo un portavoz del TPLF entrevistado por la agencia AFP. Al ser contactado por esta agencia, el gobierno federal no reaccionó inmediatamente.
La reanudación de los combates en el norte del país el 24 de agosto rompió cinco meses de tregua.
Los expertos destacaron la grave situación de Tigray, donde el gobierno federal y sus aliados han negado a unos seis millones de personas el acceso a los servicios básicos durante más de un año, y donde las severas restricciones al acceso humanitario han dejado al 90% de la población con necesidad urgente de ayuda.
El informe afirma que existen «motivos razonables para creer que el gobierno federal y los gobiernos regionales aliados (principalmente Eritrea) han cometido y siguen cometiendo crímenes contra la humanidad por motivos étnicos y otros actos inhumanos». Están «causando intencionadamente un gran sufrimiento» al restringir la ayuda humanitaria a Tigray, dice el documento.
La presidenta de la comisión, Kaari Betty Murungi, describió la crisis humanitaria en Tigray como «impactante por sus dimensiones y duración».
«La denegación y la obstrucción generalizadas del acceso a los servicios básicos, los alimentos, la atención sanitaria y la asistencia humanitaria están teniendo un impacto devastador en la población civil, y tenemos motivos razonables para creer que esto equivale a un crimen contra la humanidad», dijo la funcionaria.
«También tenemos motivos razonables para creer que el gobierno federal está utilizando la hambruna como método de guerra», añadió, y pidió al gobierno que «restablezca inmediatamente los servicios básicos y garantice un acceso humanitario sin obstáculos».
Kaari Betty Murungi también pidió a las fuerzas del TPLF que «garanticen que las agencias humanitarias puedan operar sin obstáculos».
Obstáculos a la investigación
La comisión -que también detalló los numerosos impedimentos que han limitado su investigación sobre el terreno, desde la prohibición de salir de Addis Abeba, la capital, hasta la falta de recursos- se creó el 17 de diciembre de 2021 por un año, para llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las denuncias de reiteradas violaciones de los derechos humanos.
En una serie de recomendaciones, pidió al gobierno federal, pero también a las autoridades de Eritrea y Tigray, que garanticen el procesamiento de los autores de los abusos. Instó a los organismos internacionales y regionales a que «tomen medidas para restablecer la paz, la estabilidad y la seguridad y evitar nuevas violaciones» de los derechos humanos.
Los expertos también pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que vigile constantemente la situación y siga pidiendo a las partes del conflicto que respeten el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y los derechos de los refugiados.
