La Vanguardia/FERNANDO GARCÍA.- Los parlamentarios conservadores restringen los derechos de los transgénero en decenas de estados e intentan criminalizar los tratamientos de reafirmación de género
“Vine a Estados Unidos cuando tenía 17 años”, recuerda la salvadoreña Aylén Sánchez al inicio de la que será una charla de más de una hora, en un salón de reuniones del centro de Washington DC. Explica Aylén que emigró a este país en busca del oxígeno vital que en su tierra todos le negaban por el mero hecho, el escandaloso hecho, de empeñarse en ser lo que sentía que era: una mujer. Una mujer nacida con la fisiología de un varón y bautizada como Javier Amaya, pero una mujer en todo caso. “Lo tuve claro desde muy pequeña”, subraya.
Cuando contaba 12 años –prosigue Aylén– el amigo de uno de sus primos la violó. Ella no dijo nada porque el tipo la amenazó de muerte. Fue el episodio más dramático de una infancia desgraciada y huérfana entre su casa de Cacaopera (departamento de Morazán) y la de una tía en la ciudad de San Salvador. Una niñez malvivida bajo continuos desprecios, burlas y agresiones de compañeros, vecinos y parientes; con cierto apoyo de algunos familiares pero sin la comprensión de casi nadie. “Me hacían daño. Sufría un montón”, admite.
Ese sufrimiento, aunque sin llegar a desaparecer, se atemperó y transformó en algo distinto el día de su particular rebelión contra el mundo, aquel mundo, “cuando decidí soltarme y decir cómo me sentía y qué pensaba”, explica. Entonces vino el escándalo: un estruendo ante el cual no vio otra salida que emigrar a Estados Unidos, en aquel momento el punto cardinal de la esperanza. “Mi hermana mayor vivía en Carolina del Norte y yo tenía claro que aquí en los states la gente tenía una mente más abierta, así que casi no tuve dudas”.
Asegura Aylén que no puede quejarse de la dureza de la travesía de más de dos semanas que hizo por México, rumbo a Texas, cuando decidió dar el salto. “Sólo pasé dos días terribles cuando crucé el desierto. No tenía comida suficiente, pasé mucha sed y tuve que andar no sé cuántos kilómetros bajo el sol, entre picotazos de mosquitos. Por la noche, una serpiente gordísima me pasó por encima del cuerpo. Recuerdo el peso que tenía y lo fría que estaba. Aquella cosa enorme me recorría el cuerpo mientras yo me contenía para no moverme ni gritar”… Pero lo demás, aclara, “fue un paseo turístico por México”.Lee también
Es evidente que ahora, a sus 30 años y con dos trabajos de recepcionista de restaurante que le permiten ir tirando, Aylén se muestra positiva al recordar aquel viaje y los altibajos vitales que experimentó en los años siguientes durante la construcción de su nueva vida entre Nueva York, Asheville (Carolina del Norte) y finalmente la capital del país. Aquí recibió ayuda de todo tipo, incluida psicológica y médica, a través de asociaciones y consultores de apoyo a la comunidad LGTBI. La ciudad de Washington, tanto o más que San Francisco y Nueva York, es particularmente amistosa con este colectivo y sus causas.
En lo que va de año, los republicanos han presentado más de 160 leyes estatales contra los derechos LGTBI, sobre todo de los transgénero
Pero un temor se cierne ahora sobre Aylén y todas las personas que, en la presunta tierra de la libertad y las oportunidades para todos sin distinción de raza o condición, declaran identidades sexuales y de género “diferentes” a las que le fueron dadas al nacer y crecer. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cientos de parlamentarios estatales republicanos de un total de 35 estados del país, 27 de ellos controlados por el partido conservador, llevan presentados en lo que va de año al menos 162 proyectos de ley destinados a restringir derechos de los ciudadanos LGTBI. Son once leyes más que las presentadas en todo el 2021 y más del doble de las 76 lanzadas a lo largo del 2020. Y aunque gran parte de los proyectos han decaído o sido bloqueados por un tribunal, o incluso vetados por los gobernadores, veintiuno de ellos se han promulgado ya, incluidos los 18 dirigidos a los trans. Es, tras la sentencia del Supremo que suprimió el derecho al aborto, la nueva ofensiva ultraconservadora y trumpista dentro de su batalla contra los avances de una sociedad cuyos patrones de convivencia, paternidad, familia y asunción de la identidad han cambiado radicalmente de unos decenios a esta parte.
La mayoría de los textos legales impulsados por los republicanos se centran en las normas que deben regir en centros escolares y las universidades –a veces también en establecimientos públicos– con respecto a los niños y adolescentes transgénero.
El estado de Florida es pionero en la prohibición de las enseñanzas relacionadas con la identidad de género; Carolina de Norte y Tennessee se destacan por los proyectos que obligan a esos chicos y chicas a utilizar los baños correspondientes al sexo bajo el que nacieron y al que han renunciado, ello al margen de que hayan empezado o no su transición sexual. Y son incontables los estados que la han emprendido contra las trans que quieren jugar en equipos deportivos de niñas. Da igual que la incidencia de esos casos sea ínfima, o en ocasiones incluso nula, y que sólo el 1% de la población femenina se declare trans, aunque obviamente la proporción esté creciendo entre las más jóvenes.
Los republicanos han lanzado este año más de 160 leyes contra los derechos LGTBI, sobre todo de los transgénero
Es sonado el caso de Fischer Wells, una niña de 13 años que el curso pasado se inscribió con entusiasmo en el equipo de hockey de su escuela, la Westport Middle School de Louisville, en Kentucky. Al mes de empezar la temporada, el centro comunicó a sus padres que Fischer no podría jugar porque era trans y las reglas de la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria del estado hacían inviable que los atletas transgénero jugaran en equipos coincidentes con su identidad de género. Al poco, el distrito escolar echó atrás la exclusión. Pero en marzo, la mayoría republicana en el Parlamento de Kentucky sacó adelante una ley que prohíbe a las trans jugar en equipos femeninos. Se trataba de evitar su “ventaja biológica” respecto a las jugadoras nacidas como niñas. No importó el que Fischer fuera en ese momento la única atleta estudiantil transgénero conocida en todo el estado.
La cuestión de si las deportistas trans se benefician de alguna superioridad física respecto a las atletas cuyo sexo coincide con su identidad aparece analizada, a partir de la literatura médica disponible, en un informe del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos. La conclusión es que “en la actualidad no hay investigaciones consistentes que sugieran que las mujeres transgénero tengan una ventaja atlética en cualquier etapa de su transición (desde hormonas cruzadas hasta cirugía de confirmación de género). Y, por ello, las políticas deportivas competitivas que imponen restricciones a las personas transgénero deberían ser reconsideradas y potencialmente corregidas”.
Lo que están haciendo estos republicanos es muy cruel, y todo por buscar votos entre la gente que desconoce y teme estas cuestiones”
Jim MadiganActivista
Las políticas anti trans ocupan un lugar cada vez más destacado en el discurso de los republicanos ultras. Raro es el mitin en que Donald Trump no despliegue sus mejores dotes teatrales para burlarse de las deportistas trans, incluyendo casi siempre un numerito sobre una imaginaria campeona de halterofilia llamada Rita pero que según él es “un tío”.
Para acabar con los pretendidos abusos de las Rita de la vida que estarían destruyendo el deporte femenino en EE.UU., la congresista republicana, trumpista y de extrema derecha Marjorie Taylor Greene acaba de presentar un proyecto de ley que criminalizaría los tratamientos de reafirmación de género de los trans menores, hoy legales, y castigaría con hasta 25 años de cárcel a quienes brindan esa atención médica.
“Lo que están haciendo estos republicanos es muy cruel. Desprecian y hacen daño a los trans sin querer entender ni que nadie entienda su situación porque para ellos lo esencial es buscar votos entre la gente que desconoce y teme estas cuestiones”, afirma el veterano activista Jim Madigan, buen conocedor de los problemas de los homosexuales y los trans como miembro desde hace 30 años de la coral Gay Men’s Chorus de Washington. Madigan ha visto cómo muchos integrantes jóvenes de la agrupación se han visto “traumatizados y hasta empujados al suicidio por la presión discriminatoria del exterior”.Lee también
En contraste con las dudas que suscitan los argumentos y las motivaciones de quienes promueven la ofensiva política contra los trans, los hechos y la estadística acreditan con cruda certidumbre el grave daño que sus ataques les causan. Según sondeos del citado Centro Nacional para la Información Biotecnológica y del Trevor Project –línea permanente de asistencia y prevención de crisis en jóvenes LGTBI–, el 42% de los adolescentes trans en general y el 50.8% de los que han transitado de hembra a varón declaran haber intentado suicidarse alguna vez, siendo la tasa de tentativas entre jóvenes no trans del 14% (el 17,6% en chicas y el 9,9% en chicos).
El psicólogo Rafael Málaga, establecido en Washington desde hace 20 años y el 60% de cuyos pacientes pertenecen a la comunidad LGTBI, cree que “los mensajes políticos dirigidos a intensificar las diferencias y los temores de la gente están creando una opresión real”; una opresión que, en el caso de los trans, “solidifica la sensación de miedo y abandono de unas personas que creen que no hay espacio para ellas”. El resultado, añade, puede llegar a ser fatal.
El 42% de los jóvenes transgénero de EE.UU. ha intentado suicidarse, frente a una tasa general del 14% entre los adolescentes
Aylén Sánchez opina que “no hay que vivir con miedo”; que hay que tratar de adaptarse. Pero admite que le da vértigo pensar en un retroceso que, en este asunto, conduzca a los Estados Unidos hacia territorios cercanos a la oscuridad que ella dejó atrás en su tierra, El Salvador. “No quiero volver a eso, por favor. De ninguna manera. Nunca”, ruega.
