El Comercio.- El caso de Rocío Martínez Borbolla, maestra que tenía 30 años cuando fue raptada por un comando militar, se considera un delito de lesa humanidad.
46 años, un infierno judicial sin precedentes y un programa de protección de testigo mediante, fue lo que tuvieron que soportar Bárbara y Camilo García para, «por fin», encontrar algo de justicia para su madre, la gijonesa Rocío Martínez Borbolla, secuestrada en 1976 por un comando militar durante la cruenta dictadura argentina. Rocío, maestra de profesión, cuyos padres habían emigrado de Gijón, tenía 30 años cuando fue raptada en su propia casa del Gran Buenos Aires el 13 de junio de 1976. Los militares se la llevaron a golpe de fusil, en presencia de sus dos hijos, que tenían de aquella 4 y 9 años. Con aplausos euróficos y gritos de ¡bravo! recibió el público presente en la sala de tribunales de Comodoro Py de Buenos Aires el veredicto de cadena perpetua para tres de los siete militares procesados por crímenes de lesa humanidad. Se les juzgaba, entre otros delitos, por el secuestro y desaparición forzosa de la gijonesa Rocío Martínez Borbolla. El presidente del tribunal, Javier Feliciano Ríos, tuvo que pedir a los presentes que intentaran contenerse, «pero es dificil esconder 46 años de rabia contenida», explicaron a la salida.
«Estoy feliz, todavía no me lo creo. Ha sido mucha lucha, mucho camino para llegar hasta aquí y para que por fin mi mamá, de la que aún no sabemos qué pasó con ella ni donde está su cuerpo, tenga algo de justicia», indicó a EL COMERCIO desde Buenos Aires Bárbara García, hija de Rocío, y una de las principales valedoras del megaproceso que finalizó en la tarde del miércoles con un histórico pronunciamento: cadena perpetua para los exsubtenientes Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari. El juez los hace responsables del homicidio agravado y premeditado con alevosía de Rocío Martínez Borbolla, además de la que era su pareja Pedro Óscar Martucci, de 25 años, también docente.
Con la foto de Rocío al cuello
Tras el veredicto, Bárbara salió de la sala con cara casi incrédula: «no me lo esperaba. Cadena perpetua. Estoy casi en shock porque mamá por fin va a poder descansar», indicaba mientras abraza la foto de su madre, casi a tamaño real y que lleva colgada al cuello cuan cartel, y que siempre le ha acompañado.
El del miércoles es un veredicto histórico contra represores argentinos que han logrado sortear la justicia en todos estos años. Lo cierto es que tras el juicio a la Junta Militar argentina que en diciembre de 1985 logró encarcelar a los principales responsables de la violenta represión de la dictadura, entre ellos, el general Videla (fallecido en prisión en mayo de 2013), no hubo una causa judicial tan grande como la que propició el caso del secuestro, desaparición y muerte de la gijonesa Rocío Martínez Borbolla hace 46 años. Gracias al testimonio de su hija Bárbara, que en el momento de los hechos tenía 9 años, y que años después logró identificar a uno de los secuestradores, un juez reunió las pruebas necesarias para procesar a siete de los militares que en 1976 participaron en una sucesión de operativos para el secuestro y desaparición sistemática de personas.
Camilo y Bárbara García abrazan a su padre. A la derecha, el abogado que llevó su causa, Pablo Llonto. / E. C.
Aquella fatídica noche del 13 de junio de 1976, «una noche que jamás olvidaré en toda mi vida», Bárbara y su hermano Camilo, de 4 años, dormían, «cuando me desperté por unos fuertes golpes que escuché en la puerta de casa». Más de diez miembros del Ejército vestidos de civil, con gorros de lana y borceguíes, entraron en la vivienda. Iban armados.
«Nunca más las vas a ver»
Tal y como relataron en el juicio Bárbara y Camilo, ambos periodistas, cuando los militares violentaron su casa de Haedo, en el partido de Morón, al oeste del Gran Buenos Aires, los pequeños intentaron escapar por una ventana de la habitación que daba a la calle. Pero uno de los militares entró y, recuerda Bárbara, «me pegó un culatazo con la escopeta». Al ver que había golpeado a una niña «se empezó a reír y dijo «menos mal que la ventana no se abrió porque si no te hubieran disparado porque está la casa rodeada por todos lados».
Otro militar les amenazó y preguntó: «¿Qué hacemos con éstos, los matamos?». Camilo, el más pequeño, prometió portarse bien y se protegió a sí mismo y a su hermana con una sábana. Gracias al recuerdo de esa cara, la del hombre del culatazo, que se llama Martín Eduardo Sánchez Zinny (entonces subteniente), se ha podido tirar del hilo y dar cuerpo a esta megacausa judicial. Sánchez Zinny, el mismo que le dijo a Bárbara y a Camilo que «nunca más vas a volver ver a tu mamá», fue condenado el miércoles a cadena perpetua.
