El Ayuntamiento cierra provisionalmente el cementerio islámico, el único en el centro de la Península, y estima que no podrá reabrirlo en al menos dos meses
IGNACIO CEMBRERO. EL MUNDO.- «Imagina que al dolor de perder un familiar se le sumara la incapacidad de poder afrontar el duelo por no poder dar sepultura a su cuerpo. Pues eso le está pasando a la Comunidad Musulmana de Madrid». Con esta denuncia Nuria El-Haddad Boufares recoge firmas a través de ‘Change.org’ contra la «deshumanización del Ayuntamiento de Griñón».
No es la única voz entre los musulmanes de España que se ha levantado para criticar a la alcaldesa de Griñón, Antonia Díaz Garrido, elegida por una lista independiente. Le reprochan haber cerrado, desde el 18 de noviembre, el cementerio musulmán de esta localidad de 9.400 habitantes en el sur de la provincia de Madrid. Es el único camposanto islámico en el centro de España -abarca Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León- donde residen 250.000 musulmanes.
Ya hay seis cadáveres a la espera de sepultura en hospitales y tanatorios, se indignaba, el sábado en un comunicado, la Comisión Islámica de España (CIE). Las familias musulmanes que no quieren esperar a que se reabra el cementerio deben trasladar a sus difuntos hasta lugares alejados, lo que supone grandes desembolsos para sus modestas economías. En España solo hay 12 camposantos musulmanes.
El Ayuntamiento «ostenta plena responsabilidad por la situación actual y las consecuencias de tipo social y sanitario que puedan derivarse» del cierre, advertía el comunicado de la Comisión. Pedía ayuda al Ministerio de Justicia para que se resuelva el problema y dejaba caer que podría emprender acciones legales contra el consistorio.
El PSOE brindó ayer su respaldo a la Comisión. Pedro Zerolo, el secretario de movimientos sociales, pidió al Gobierno que «garantice la libertad de conciencia, de religión y de culto de los ciudadanos». La prioridad, dijo, es «poner de nuevo a disposición de las familias el cementerio paralizado».
Media docena de asociaciones
Media docena de asociaciones islámicas celebraron ayer domingo concentraciones de protesta ante el Ministerio de Justicia y el Consistorio de Griñón. Reivindicaban en sus convocatorias que ambas instituciones respeten la Constitución española y los acuerdos de 1992, entre el Estado y los representantes de los musulmanes, que les dan derecho a disponer de sus propios camposantos.
«Por supuesto que los vamos a respetar, pero también hay que legalizar y poner orden en ese cementerio que estaba en un limbo jurídico y no cumplía la ley mortuoria», responde la alcaldesa Antonia Díaz que se reunió el martes con Riay Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Acudió a la cita Fernando Arias, presidente de Pluralismo y Convivencia, una fundación estatal que sirve para evitar roces con las comunidades religiosas minoritarias.
A finales de los años treinta una mujer hispano-marroquí donó 7.000 metros cuadrados en Griñón para que fuesen enterrados allí algunos de los aproximadamente 20.000 marroquíes que murieron luchando con el general Franco durante la Guerra Civil. Más tarde varias decenas de fallecidos de la Guardia Mora de Franco también recibieron allí sepultura.
El terreno pertenecía desde entonces al Ministerio de Defensa, pero el cementerio estaba supervisado por el Consulado de Marruecos en Madrid. Allí vivía entre tumbas con su familia Mohamed Riani, el enterrador, que seguía fielmente el rito musulmán. Inhumaba los cadáveres sin la caja y en dirección de La Meca. Riani vivía de las propinas que le daban los familiares de los difuntos, es decir, que se inhumaba prácticamente sin costes.
El lunes pasado Defensa indemnizó a Riani para que desalojara su vivienda, y cedió los terrenos al Ayuntamiento por un plazo de 50 años. Al día siguiente la alcaldesa decretó la suspensión de inhumaciones, pero no las visitas a los difuntos. «No lo hice por fastidiar», repite hasta la saciedad. «Hay que registrar el cementerio porque no lo estaba; arreglarlo», explica. Después se sacará a concurso su gestión entre las empresas funerarias de la zona.
«Intentaremos que los plazos sean lo más cortos, pero calculo que se necesitarán dos meses hasta la reapertura», prosigue la alcaldesa. Cuando se produzca, recalca, ya no se podrá enterrar sin caja, en una zona repleta de acuíferos, ni quemar después los féretros al aire libre como sucedió a veces. «¿Y mientras ella busca al mejor postor para la gestión del cementerio le decimos a nuestros correligionarios que no se mueran?», se pregunta con ironía un joven marroquí de Fuenlabrada, otro municipio del sur de Madrid.
