El alcalde de Vitoria y el PP vasco luchan por restringir las ayudas a los inmigrantes mientras Euskadi constata el avance del racismo
ÍÑIGO ADURIZ. PÚBLICO.- Primera hora de la tarde de un día de octubre de 2014 en la Estación del Norte de Donostia. Dos mujeres conversan con un marcado acento suramericano mientras descienden de un tren de Cercanías. Un hombre se cruza con ellas y de inmediato les espeta: «¡Que Maroto os eche a todos!».
El hombre, que a pesar de recibir la reprimenda de varios transeúntes continúa su camino sin sobresaltarse, hacía mención al alcalde de Vitoria, el conservador Javier Maroto, que desde julio protagoniza uno de los enfrentamientos políticos más sonados en el País Vasco, después de asegurar que los inmigrantes que llegan a Euskadi «viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse», y plantear la restricción y la limitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a los extranjeros.
El comentario que sobresaltó a viajeros y demás usuarios de la mencionada estación donostiarra no parece ser residual, según el informe que el pasado día 9 hizo público Iñigo Lamarca, el Ararteko o defensor del pueblo vasco.
Tal y como explicó él mismo ante el pleno del Parlamento Vasco, el racismo ha crecido en Euskadi como reacción a la situación provocada por la crisis económica. A pesar de reconocer que «el fenómeno migratorio se ha estructurado social, económica y culturalmente» en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, «están creciendo las ideas negativas o de rechazo sobre las personas inmigrantes, así como la xenofobia».
Desde SOS Racismo decidieron por ello no quedarse de brazos cruzados y ya en verano presentaron una denuncia contra Maroto por «incitación al odio» que se está tramitando en los tribunales vascos. Asimismo, tres meses después de que el regidor del PP pronunciara esas polémicas palabras, el futuro acerca de esa Renta de Garantía de Ingresos sigue centrando gran parte del debate político.
La pasada semana, el alcalde vitoriano mostraba su respaldo a una recogida de firmas para poder presentar una Iniciativa Legislativa Popular para limitar esa RGI que supondría impedir el acceso a la misma a la mayoría de los extranjeros que viven en Euskadi. Necesitarán 30.000 rúbricas.
El PP mantiene su empeño en contra de este método de ayuda a la integración de los inmigrantes a pesar de que en su informe el propio defensor del pueblo de los vascos aseguraba que dicha renta supone «un importante elemento de cohesión social y contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión por debajo de las cifras medias de la Unión Europea», consolidando así al País Vasco «como una de las sociedades con menor nivel de desigualdad en Europa». A su juicio, en el caso de modificar la RGI debe ser «para que llegue a más familias necesitadas».
Las cifras
Al PP vasco, presidido por Arantza Quiroga, todos los grupos políticos presentes en el Parlamento vasco —PNV, PSE y EH Bildu— le han acusado de plantear esas restricciones a los inmigrantes para rascar votos, así como de culpabilizar a los extranjeros residentes en el País Vasco de los recortes sociales y de derechos que el Gobierno ha puesto en marcha arguyendo que son consecuencia de la crisis económica.
En pleno debate sobre este asunto, el consejero de Empleo del Gobierno Vasco, José María Aburto, evidenciaba el pasado 23 de octubre que el fraude que ha registrado la administración en el cobro de esa RGI no es en absoluto una práctica atribuible en exclusiva a los inmigrantes.
En el País Vasco existen 65.337 personas que perciben la RGI, de los que 48.210 no son pensionistas, informa EP. De esos casi la mitad, 22.903, nacieron fuera del Estado y son originarios de Marruecos (4.204), Argelia (1.706), Bolivia (2.106) o Colombia (1.878). De media cobran unos 584,51 euros al mes. Según explicó Aburto en una respuesta parlamentaria, el número de cobros indebidos de no pensionistas asciende a 47,6 millones de euros, de los que 25,1 corresponden a extranjeros.
El fenómeno ya había sido constatado por el Gobierno Vasco a través de varias encuestas que mostraban ese aumento del rechazo social a los inmigrantes, lo que hizo que el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu dedicara en septiembre 152.448€ a una campaña publicitaria, visible en numerosas marquesinas de las localidades vascas, para combatir ese racismo. Precisamente un compañero de filas del lehendakari, el alcalde del PNV de Sestao, Josu Bergara, también hizo su particular aportación a este repunte de la xenofobia el pasado mayo, al hacerse públicas unas grabaciones en las que se le podía escuchar cómo se refería a los inmigrantes como «mierda», a los que había que echar «a hostias». Después se disculpó.
«Incitación al odio»
Las asociaciones de inmigrantes llevan meses constatando ese «cambio» en el trato que reciben en las calles de las ciudades y pueblos vascos, y confirman que las tesis del alcalde de Vitoria, que insinúa que los extranjeros llegan a Euskadi para aprovecharse de los recursos de los ciudadanos, están cada vez más extendidas entre sus vecinos.
