El País.- La instrucción judicial del caso que puso el foco sobre la violencia que sufre la comunidad LGTBIQ+ encara la recta final con el análisis de los mensajes en redes sociales de los acusados.
Era la primera noche de sábado con ocio nocturno en Galicia tras 15 meses de pandemia, pero pasará a la historia por un crimen salvaje. En la madrugada de aquel 3 de julio de 2021, a la salida de un pub del paseo marítimo de A Coruña, una turba de jóvenes, incluidos menores, persiguió y golpeó hasta la muerte a un muchacho de 24 años llamado Samuel Luiz después de que otro veinteañero sin antecedentes iniciara la agresión llamándole “maricón”. Aquella frase no fue recogida en el primer atestado policial, pero la persistencia del entorno de la víctima en calificar de homófobo el crimen atrajo la atención internacional y provocó un estallido de protestas de la comunidad LGTBIQ+. “Lo que le ocurrió a Samuel nos ha marcado emocionalmente, nos recordó que nuestras vidas están en juego. Volvimos a hablar de violencia, algo que nunca hemos dejado de sufrir pero de la que ya no hablábamos”, explica Ana García Fernández, portavoz de la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (Alas Coruña), personada en la causa judicial para defender que se le aplique a los investigados la agravante de odio.
La jauría espontánea que mató a puñetazos y patadas a Samuel Luiz no solo destapó los miedos escondidos de la comunidad LGTBIQ+ y revolvió las tripas de la ciudadanía en general. Las circunstancias del linchamiento sorprendieron a los criminólogos. Ya lo dijo el comisario Pedro Agudo, que dirigió la investigación, tras detener a los presuntos asesinos: “Que personas sin antecedentes sean capaces de cometer una agresión que acaba convirtiéndose en la eliminación de un ser humano marca un antes y un después”. “No fue un crimen cualquiera”, coincide Jon-Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. Este experto en delitos de odio explica que en España, a diferencia de otros países, se suele centrar el debate público y la atención en perseguir los delitos de expresión. “A veces hay que encarcelar a quien incita al odio con la palabra, pero debe ser la excepción. La buena protección a los colectivos diana debe venir mediante agravantes en los delitos de homicidio, lesiones, daños, etc. En España se hace al revés”, advierte el también director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la institución vasca. MÁS INFORMACIÓNSamuel Luiz, el chico que enseñaba la Biblia y tocaba la flauta en la iglesia
Landa considera que la agresión a Samuel Luiz “visualizó la trascendencia” que tienen estos delitos, que restringen los derechos fundamentales de los grupos atacados, en este caso del colectivo LGTBIQ+, porque les lanza un “mensaje amenazante” que los lleva a “cuidar más adónde van y cómo van”. El caso de A Coruña generó “un desgarramiento del tejido social” porque “los delitos de eliminación son muy perturbadores para la convivencia democrática”, añade. Landa pide más formación a policías, jueces y fiscales y “trabajar más los datos” para no combatir “a ciegas” el “efecto corrosivo” de estas agresiones.
Samuel Luiz murió a 100 metros del portal del edificio donde vive el criminólogo José Antonio Ramos. Aquella mañana de domingo el impactante suceso desató un torbellino de mensajes de colegas y alumnos en el teléfono de este profesor de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña. Porque este crimen, subraya él un año después, tiene muchas aristas, que van más allá de la agravante de odio por la que pelean algunas de las partes personadas en la causa y que no se dirimirá hasta que no se celebre el juicio con jurado popular. “Desde el principio me asaltaron muchas dudas sobre la calificación de los hechos. Según cómo se plantee puede dar lugar a sentencias muy dispares”, explica Ramos, en alusión a que las hipotéticas condenas a los acusados pueden ir desde el mínimo de un año de un homicidio por imprudencia a los 25 años de un asesinato con alevosía y ensañamiento.
A escala social y mediática, esgrime Ramos, la clave para que la futura sentencia se convierta “en un hito y no en un escándalo” es que se tenga en cuenta la agravante de odio. Este criminólogo advierte, sin embargo, de que el “campo de batalla” para los juristas es otro. El “auténtico salto en la pena”, detalla, se daría si se consigue demostrar el ánimo de matar y aplicar las agravantes de alevosía y ensañamiento, que elevarían la condena a 25 años. Avanza que no será fácil. “Probar que [los acusados] eran conscientes de que Samuel podía morir y que les dio igual es difícil”, opina Ramos. “Este es el típico caso que apunta a una condena alta, pero tiene puntos ciegos”. A él, como a los investigadores, también le sorprende que un grupo de personas ataque con ánimo de matar a alguien a quien acaban de conocer accidentalmente. Y ve esta circunstancia “como un arma de doble filo”.Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.SUSCRÍBETE
Ya ha habido una primera sentencia sobre el caso. Los dos menores que participaron en la paliza, que fueron recluidos en un centro tras ser detenidos, han sido condenados por asesinato y permanecerán en régimen cerrado durante tres años y medio, después de reconocer los hechos y llegar a un acuerdo de conformidad. Otros cinco adultos, cuatro chicos y una chica de entre 18 y 25 años y sin historial delictivo, fueron arrestados por el caso. Tres de los varones ingresaron en prisión provisional, mientras que la mujer y el otro joven permanecen en libertad con cargos.
De los siete investigados, los seis hombres por presunto asesinato y la única mujer por encubrimiento, solo uno de los menores tiene antecedentes. El historial delictivo del resto estaba limpio hasta aquella noche de hace un año. Son todos amigos. Diego M. M. fue el que inició el ataque a Luiz al grito de “maricón”, un insulto homófobo que repitió horas después, según han declarado varios testigos. Alejandro F. G., alias Yumba, el segundo agresor, trabajaba en una empresa del puerto coruñés. Los otros dos, Kaio A. S. C. y Alejandro M. R., son camareros. Este último, detenido casi tres meses después que los demás, siguió atendiendo el local en el que trabajaba sin que nadie allí sospechara el secreto que guardaba. Hasta que lo vieron esposado en televisión.
La instrucción judicial encara la recta final, a falta de un informe policial sobre los mensajes en redes sociales que intercambiaron los encausados después del crimen. Tras superar complejos trámites con la justicia de EE UU para que la empresa Meta les dé acceso a Whatsapp e Instagram, los investigadores iniciaron hace tres meses el análisis de estas comunicaciones sin hallazgos relevantes de momento, según fuentes conocedoras del proceso. Las pesquisas han acreditado que los implicados se reunieron dos veces en la madrugada del 3 de julio del año pasado tras la paliza mortal y se repitieron insultos homófobos. “Puto maricón, si era un maricón de mierda”, dicen los testigos que soltó el encausado que empezó el linchamiento.
El vídeo de los seis minutos de paliza mortal que captaron las cámaras callejeras ha sido clave para identificar a los principales protagonistas de una turba de la que formaron parte una decena de individuos. Gracias al minucioso trabajo de una empresa coruñesa de inteligencia artificial se ha logrado ampliar, aclarar y dar color a unas confusas imágenes para arrojar luz sobre la participación de cada uno de los acusados. Por el juzgado de instrucción número 8 de A Coruña han pasado decenas de testigos. El linchamiento a Luiz se produjo ante los ojos de un montón de viandantes, pero solo dos se atrevieron a intervenir.
“No somos héroes, somos humanos”
En este año, la vida ha dado un vuelco para Ibrahima Shakur y su amigo Magatte, las únicas personas que se lanzaron a intentar proteger a la víctima. Eran dos vendedores ambulantes que pasaban por allí, inmigrantes senegaleses sin papeles que, pese a arriesgarse a ser deportados por verse implicados en un suceso así, no dudaron en interponer sus cuerpos entre Luiz y la turba agresora. Por su comportamiento, con el que pusieron incluso en juego su vida, el Gobierno decidió concederles permiso de residencia y trabajo y un empresario les ha dado empleo en una fábrica de puertas.
Shakur afirma, un año después, que lo que él y su amigo hicieron “es lo normal”: “No somos héroes, somos humanos”. Admite que pasaron “mucho miedo” aquella noche y los días siguientes, pero la reacción de A Coruña, que ha aprobado distinguirlos como Hijos Adoptivos, les da “tranquilidad”. Los acusados están siendo también investigados por intento de asesinato a Ibrahima, que sobrevivió al ataque magullado por los golpes y patadas que recibió.
En las semanas posteriores al crimen de Samuel Luiz, en la asociación Alas Coruña detectaron un incremento de las denuncias presentadas en su observatorio de LGTBIfobia por “incidentes de odio”, un concepto que incluye ataques violentos tanto verbales como físicos, pero también otras situaciones discriminatorias. “El crimen dio más visibilidad a la violencia contra el colectivo e hizo que más gente se animara a denunciar. Pero es difícil comparar porque no hay datos y porque para las víctimas sigue siendo difícil dar el paso por el estigma que aún hay y porque puede que no haya salido del armario”, explica Ana García Fernández.
