EFE.- Varias organizaciones de EE.UU. denunciaron ante la CIDH que los casos de detención y homicidios injustificados de minorías por parte de policías «se ha convertido en la norma» en el país, y urgieron a tomar medidas para prevenir tensiones como las registradas en agosto en Ferguson (Misuri).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo una audiencia sobre las denuncias de racismo en el sistema de justicia de EE.UU., para evaluar el clima en el país dos meses después de que el joven negro Michael Brown muriera abatido a tiros por un policía blanco en la localidad de Ferguson.
«En agosto, Michael Brown fue atacado a tiros en Ferguson. Tristemente, ésta no es la primera y no será la última vez que hay un abuso policial contra minorías, porque esa práctica se ha convertido en la nueva norma en EE.UU.», denunció Barbara Arnwine, presidenta del Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley.
En todo el país, «los barrios de escasos recursos poblados por afroamericanos y latinos son objeto de prácticas policiales teñidas por sesgos explícitos» que resultan en «miedo, desconfianza de la comunidad e incluso muertes», añadió Salma Safiedine, directora del proyecto de justicia racial en la Asociación de Abogados de EE.UU.
Para Arnwine, una de las cosas más preocupantes es que, debido a la falta de transparencia de los departamentos de policía locales, «nadie sabe realmente cuántas personas son asesinadas al año por funcionarios de policía» en EE.UU.
«Nadie sabe a ciencia cierta su raza, su género, nada», dijo Arnwine, pero añadió que el problema parece «grave» porque, según algunas estimaciones, «cada 28 horas muere asesinada una persona de color en el país».
Las organizaciones pidieron en la audiencia que, antes de conceder fondos a los departamentos de policía en el país, el Gobierno de Barack Obama exija como condición previa la publicación de datos fiables sobre personas muertas a manos de policías y la demostración de que sus prácticas no son discriminatorias.
«El Gobierno federal concede fondos a todos los departamentos de policía del país, que están comprando tanques y equipos militares con esos fondos en lugar de buscar cómo proteger a la comunidad», lamentó Arnwine.
Además, exigió que el Gobierno actualice sus directrices sobre el uso de prácticas discriminatorias en función de la raza por las agencias de seguridad, que datan de 2003, ya que «están terriblemente desfasadas y son muy débiles».
Carter Stewart, fiscal federal para el Distrito Sur de Ohio y líder del grupo de trabajo del Departamento de Justicia para eliminar disparidades raciales en las agencias de seguridad del país, respondió a las denuncias de los solicitantes en la audiencia.
«Estamos de acuerdo en que esas directrices sobre el uso de prácticas discriminatorias tienen que actualizarse, y se van a actualizar», prometió Stewart.
Aseguró que, en los últimos cinco años, el Departamento de Justicia ha abierto 20 investigaciones a departamentos de policía en el país «para investigar prácticas discriminatorias», y ha procesado criminalmente a 337 funcionarios de policía por ese motivo durante ese periodo.
Respecto al caso de Ferguson, garantizó que la investigación en marcha sobre la responsabilidad del agente de policía Darren Wilson en la muerte de Michael Brown «será justa, íntegra e independiente y seguirá la ley a donde lleve».
Stewart lamentó también que muchos de quienes han cumplido su condena en la cárcel no recuperen su derecho al voto en las elecciones, como denunciaron las organizaciones, pero aseguró que es un tema que «depende de los Congresos estatales, y muchos se resisten a cambiarlo».
