Redacción El HuffPost.- Los servicios secretos resolvieron que la entrada irregular de miles de migrantes en España era parte de una estrategia de presión de Rabat para que Madrid reconociese la soberanía sobre la excolonia.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió al Gobierno de que la entrada irregular de miles de migrantes en mayo de 2021 a través de la frontera de Ceuta estaba enmarcada dentro del “discurso agresivo” con el que Rabat quería presionar para que España cambiase de postura sobre la soberanía del Sáhara occidental, según ha desvelado El País este lunes.
Se trata del contenido de un informe de cuatro páginas y de carácter reservado al que ha tenido acceso dicho diario, en el que se analizaba el estado de las relaciones con Marruecos después de la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño para tratarse del coronavirus. El documento, que fue redactado el mismo día que se registró la crisis migratoria se recoge que el Ejecutivo marroquí buscaba “implicar directamente al Presidente del Gobierno”.
No es el único informe del CNI que alertaba de este tipo de presiones. En un segundo, con fecha del 26 de junio, se destaca que el fin era “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”. Precisamente, tal y como recuerda el citado medio, diez meses después se producía el histórico cambio de posición respecto a ese territorio.
Una “estrategia” dirigida desde las altas esferas
Según el primer informe, Marruecos inició “una estrategia perfectamente planificada y dirigida desde las más altas instancias del poder” y apunta directamente al rey Mohamed VI. “El monarca marroquí se implicó directamente en la estrategia al considerar que la decisión española fue aprobada por los niveles de decisión política más altos en nuestro país y estimó insuficientes las explicaciones recibidas”, cita El País de dicho documento.
El CNI también apunta a Fouad Alí el-Himma, consejero del rey Mohamed VI, como planificador de esta estrategia. También al ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y a los responsables de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED en sus siglas en francés, el servicio de inteligencia exterior dependiente de las Fuerzas Armadas marroquíes), Yassin Mansouri, y de la Dirección General de Vigilancia del Terrorismo (DGST, el servicio secreto interior), Abdellatif Hammouchi.PUBLICIDADhttps://www.dailymotion.com/embed/video/x81ccen?pubtool=oembed
Robles se ampara en la ley del CNI para no revelar si se informó
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha amparado este lunes en la Ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no revelar si los servicios de espionaje alertaron de movimientos de Marruecos para forzar un cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental.
“Todo lo que realiza el CNI tiene carácter de secreto y no se puede hacer ninguna manifestación al respecto”, ha sostenido en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, respecto a la información que publica este lunes ‘El País’ sobre la crisis migratoria en la valla de Ceuta de mayo del pasado año.
En cualquier caso, la ministra de Defensa ha aludido al “rigor” de todas las actuaciones del CNI y ha ensalzado el trabajo “serio y riguroso” de sus más de 3.000 miembros, tanto dentro con fuera de España, y “siempre sometidos a la legalidad”.
Aunque no ha querido ahondar en este asunto, sí que ha apuntado que las relaciones entre España y Marruecos “han dado un giro importante” y ha sostenido la necesidad de que España tenga una buena relación con sus países vecinos, como Marruecos, Argelia, Francia o Portugal.
Además, ha evitado señalar al reino alauí en el caso del espionaje a móviles de miembros del Gobierno con el programa ‘Pegasus’ -entre ellos el suyo- y ha explicado que en estos casos es muy difícil comprobar la autoría de las intrusiones y no se deben hacer acusaciones “sin pruebas”.
“Yo no sé quién ha sido”, ha asegurado recordando que hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional y “la prudencia” aconseja no hacer manifestaciones “carentes de ninguna prueba”.
