elDiario.es.- El estudio ‘Exclusión del acceso a la vivienda en Andalucía por razón de origen, etnia u orientación sexual por parte de las inmobiliarias’ analiza las reacciones de agentes de la propiedad ante la exigencia ficticia de dueños de pisos de dejar fuera a personas inmigrantes u homosexuales. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria responde que la actividad de intermediación inmobiliaria está liberalizada desde 2000.
“Si ustedes me indican unas directrices, son las que voy a llevar a cabo”, responde al otro lado del teléfono un agente inmobiliario cualquiera ante la petición o condición discriminatoria que le exige el dueño ficticio de una vivienda que no quiere alquilar a personas inmigrantes u homosexuales. Los prejuicios y estereotipos provocan la “falta de oportunidades en el ámbito inmobiliario para todo aquel que la sociedad considera fuera de lo normativo”. Es una de las conclusiones a las que llega el estudio ‘Exclusión del acceso a la vivienda en Andalucía por razón de origen, etnia u orientación sexual por parte de las inmobiliarias’, elaborado por la federación SOS Racismo, que presenta la novedad de centrarse en los agentes de la propiedad inmobiliaria, no en la población migrante como otros estudios similares.
Los resultados de la investigación, desarrollada mediante un testing telefónico de 80 llamadas a una lista de inmobiliarias previamente seleccionadas de forma aleatoria en cada una de las capitales andaluzas, señalan que un 97,5% de los agentes inmobiliarios contactados aceptaron la condición discriminatoria por razón de raza. Asimismo, el 85,8% de los agentes inmobiliarios con los que contactaron desde SOS Racismo, fingiendo ser propietarias de un inmueble recibido en herencia, aceptaron la condición que les imponían a las inmobiliarias de no alquilar el inmueble a personas homosexuales. El trabajo de campo se desarrolló durante dos meses y en él participó un equipo interdisciplinar de cinco personas para tratar de medir el grado de discriminación de los agentes de la propiedad inmobiliaria. El informe, en su diseño inicial, comprendía únicamente la discriminación por motivos étnicos, pero los resultados obligaron a una modificación de ese planteamiento, aclara SOS Racismo.
El informe contiene finalmente dos tipos de muestreo: uno relacionado con la discriminación por motivos étnicos o raciales y otro por la orientación sexual. “En todos los casos se pone de relieve la necesidad de satisfacer las condiciones del arrendador frente a posibles peticiones del arrendatario”, apunta el informe, lo cual explicaría la “exclusión” de esos dos colectivos de la oportunidad de alquilar la vivienda, imponiéndose los filtros propuestos por el presunto dueño de una casa, “con el simple objetivo de obtener el beneficio económico y agrado personal del cliente y de la propia inmobiliaria” por encima de un trato igualitario y de oportunidad de acceso a un techo.
Según se explica, la elección final de realizar dos muestreos se alcanzó para esclarecer si en los dos casos los agentes inmobiliarios seleccionaban filtros para acomodarse a las exigencias de los arrendadores. “Aunque en el caso de racismo la discriminación es mucho más notoria, la exclusión por orientación sexual también es evidente”, dice el estudio, que detalla “una clara diferencia” entre las reacciones en la justificación por parte de los agentes inmobiliarios: “en los casos de racismo se suele justificar esta discriminación por la pobreza pero, en los casos de rechazo a la homosexualidad, la agencia inmobiliaria atribuye a los homosexuales una mayor renta y buen comportamiento, de ahí la gran diferencia en la aceptación de la discriminación a un colectivo u otro, lo que nos lleva de nuevo a los estereotipos”.
“Con confianza, discreción y cierto tacto”
El informe, que destaca que el acceso a la vivienda por parte de la población inmigrante supone un elemento imprescindible para su integración y que recoge buena parte de los aspectos metodológicos del estudio ‘Discriminación a la carta: Exclusión por motivos étnicos del mercado de alquiler de vivienda de Barcelona’ publicado el año pasado, resalta que solo uno de los 40 agentes contactados rechazó la condición exigida por el propietario ficticio de no alquilar el inmueble a personas inmigrantes. “Es como decir que no puedes alquilar un piso porque hay niños, o porque son lesbianas, eso es imposible… ni tampoco que no quieren marroquíes, que no quieren gitanos, todo eso fuera, y menos ahora como están los temas”, dijo ese agente. Por contra, 28 de los agentes aceptaron la discriminación planteada alegando que ellos se encargarían de pasar un filtro o de buscar un perfil que se adaptase a las necesidades. Otros nueve agentes informaron de que el dueño tendría que filtrar en base a los perfiles que enviara la inmobiliaria y otros dos evitaron dar una respuesta clara a la petición de discriminación. Pero “todos haciendo hincapié en que la última decisión la tenemos nosotros”, señala el informe.
“Sin problema. Mascotas, si no queréis mascotas, todas estas cosas, lo que vosotros me digáis. No hay ningún problema”; “Ustedes ponen las condiciones que quieran y nosotros hacemos todo lo posible para que sea así”; “no te voy a meter a nadie que no sea de tu agrado y si tú me dices X nacionalidades no me gustan, de esas X nacionalidades no va a ir nadie. Ningún problema”; “hay personas que no quieren mascotas, hay personas que no quieren niños… lo que me digan los propietarios”; “no puedes decir no te lo alquilo… porque ahí os podéis meter vosotros en un lío y nos podéis meter a nosotros en un lío, hay que hacerlo con confianza, discreción y cierto tacto”; “nosotros a inmigrantes no se lo alquilamos tampoco”; “que vosotros me decís mira yo no quiero inmigrantes, yo quito de en medio a los inmigrantes porque para eso estamos aquí nosotros”, fueron algunas de las respuestas recogidas.
Además de los porcentajes que se ofrecen el estudio, se concluye en la parte de la discriminación xenófoba que “en todos los casos, los agentes entienden que nos referimos a personas no occidentales, en ningún caso nos preguntan a qué tipo de inmigrante nos referimos o directamente nos dicen que si viene alguien de color queda rechazado”. “El estereotipo que los agentes imponen a la persona inmigrante es la baja calidad de vida, inmigrante de color y el inmigrante ilegal, es por eso que en algunas respuestas se refieren a poner trabas a las personas extranjeras como pedir la nómina, la documentación de todos los miembros que vayan a convivir en el domicilio, establecer condiciones abusivas y pedir una cantidad de meses de fianza con el objetivo de que sea la propia persona inmigrante la que rechace el piso de alquiler para así no entrar en racismos”, se indica.
Por otro lado, el caso de la discriminación por orientación sexual es “todo el contrario”. “Algunos agentes nos preguntan cuál es el motivo de la discriminación cuando los homosexuales son personas con un alto bienestar económico y social que pueden pagar la mensualidad sin ningún tipo de problema, otro estereotipo. Además, los que aceptan el filtro nos dicen que rechazarán a personas si acuden con dos personas del mismo sexo y noten que son pareja, la manera que relatan de conocer esta información es por la voz, la pluma y si aprecia que uno de los hombres es más femenino o si, son mujeres, una de ellas es más masculina”, relata el estudio.
El derecho a la vivienda digna
“Todas estas justificaciones que se relatan son prejuicios y estereotipos que la sociedad ha decidido crear a estos dos colectivos, que perjudica la imagen y la relación de estos con el grupo normativo”, sentencia el estudio, que apunta que los agentes inmobiliarios “deciden rechazar ofertas por mera creencia y rechazarán a toda persona de color que entre por su puerta y rechazará a la persona interesada por el domicilio solo porque ha notado en la voz que es homosexual”.
Únicamente hubo cinco agentes inmobiliarios que no aceptaron la discriminación por orientación sexual propuesta por el supuesto dueño del inmueble. Estas fueron algunas respuestas donde se acepta que el inmueble no se alquile a personas homosexuales: “Es la primera vez que lo oigo, pero sí…”. “Sí… en principio… no creo que haya ningún problema”; “Si ustedes me indican unas directrices son las que voy a llevar a cabo”; “¿eso es lo que no querríais verdad? Perfecto, pues aclarado”; “sin problema, se pone este filtro. No se puede publicar porque no lo podemos hacer, pero sí”; “simplemente tendríamos que filtrar, vale, o sea que no habría problemas”.
Según se apunta en el estudio, en el Código Deontológico Europeo para Profesionales Inmobiliarios se menciona que el agente inmobiliario estará obligado a “no ejercer ningún tipo de discriminación por motivos de raza, creencia, sexo o nacionalidad” y a “actuar con plena transparencia respecto a todas las partes”. En igual sentido el Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria establece la obligación de rechazo de encargos de venta o alquiler que contengan cláusulas discriminatorias. “Sin embargo, los resultados de estudio reflejan que la mayoría de los agentes vulneran, no solo el derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos, faltando a la verdad en varias ocasiones a los clientes, sino que también quebrantan sus propios códigos deontológicos”, concluye SOS Racismo.
Para la federación, “las administraciones públicas deben invertir en proyectos para denunciar este tipo de conductas, concienciar a la población y regular que, no solo en relación con el particular, sino en sus propios procedimientos, la discriminación no sea una opción”.
Fuentes de la Consejería de Salud, con competencia en materia de consumo, no quieren entrar a valorar en concreto los resultados del estudio de SOS Racismo pero recuerdan que la Dirección General de Consumo “actuará, como siempre, ante denuncias por cláusulas abusivas de éste u otro tipo”.
Intermediación sin colegiar
Este periódico, por otra parte, se ha puesto en contacto con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para conocer su valoración respecto a las conclusiones del estudio. Lo primero que quiere advertir es que el informe “parece desconocer que la actividad de intermediación inmobiliaria está liberalizada desde el año 2000 en el que cualquier persona, sin necesidad de título, formación específica, ni requisito alguno puede dedicarse a la actividad, incluso aunque no supiera leer ni escribir”.
También se refieren a a denominación ‘Agente de la Propiedad Inmobiliaria’, que corresponde “al colectivo de intermediarios inmobiliarios colegiados, como también, que, en Andalucía, más del 90% de las personas que se dedican a la actividad de intermediación no son colegiadas”. Por eso consideran que el informe hace gala de “un mal planteamiento” cuando se refiere a los agentes “en lugar de tratar de los profesionales de la intermediación o prestadores de servicios de intermediación, desconociéndose si, en la selección aleatoria de Inmobiliarias realizada para la elaboración del informe, alguno de los encuestados era Agente de la Propiedad Inmobiliaria colegiado”.
En cuanto a los datos del estudio propiamente dichos, el Consejo califica de “absoluta exageración” la cifra de que el 97,5% y 85,8% de los encuestados aceptan la condición discriminatoria por razón de raza y de sexo “si pensamos que, en una valoración adecuada de las circunstancias y teniendo en cuenta cuales son las funciones del intermediario, los porcentajes se reducirían al 70% y 54%”. “Desde luego, son altos y, para el Consejo Andaluz que valora estos datos, objeto de preocupación”, añaden a ese respecto.
En ese misma cuestión añade el Consejo que “no es acertado incluir a los que atribuyen al propietario el filtro de la elección entre los que aceptan la condición discriminatoria, sencillamente porque, jurídicamente, el intermediario no tiene disponibilidad y posibilidad de elección, limitándose su función a indicar a la propiedad la oportunidad de cerrar la operación con el demandante de su vivienda, y el hecho de indicarle que es a él a quien corresponde la elección es indicativo de que la Inmobiliaria no entra en discriminaciones de ningún tipo, pudiendo presentar demandantes de cualquier condición que el propietario, que es quien realmente puede discriminar, aceptará o no”.
“Consideramos que no es fácil llegar a conclusiones definitivas sobre este problema, pero intuimos que el trasfondo sobre una posible actuación discriminatoria en materia de vivienda es puramente económico y no directamente imputable a los servicios de intermediación y que, aún admitiendo que pudieran existir ciertos prejuicios sobre determinados colectivos, más que a una cuestión racial u homófoba, habría que achacarlo a circunstancias económicas o de hábitos de esos colectivos que la mayoría de la población percibe como ajena o lejana a su entorno, ámbito o cultura y que, siendo casos concretos, acaban generalizándose, repercutiendo negativamente en el colectivo”, argumenta el Consejo, que concluye que “los propietarios buscan, legítimamente, la mayorseguridad en todos los sentidos huyendo de circunstancias imprevisibles ante un estado de opinión que parte de casos conocidos y que, inevitablemente, crean el prejuicio. La Inmobiliaria es ajena al prejuicio al no recaer sobre ella los riesgos de los que huye el propietario”.
Por último señala el Consejo en el escrito remitido a este periódico que, “dada la liberalización del ejercicio de la intermediación, desconocemos la regulación, si es que la tienen, de otros colectivos que se dedican a la actividad de intermediación en el mercado inmobiliario además de resultar improcedente inmiscuirnos en sus ‘autoregulaciones’ o protocolos de actuación, sin olvidar que un alto porcentaje de personas la ejerce libre e individualmente, sin sujeción a normas y sin pertenecer a ningún colectivo”. “El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, al igual que los Colegios de cada una de las provincias, tiene como fin la protección de consumidores y usuarios, de todos, sin discriminación de ningún tipo”, sentencia.
