ABC.- Según el estudio presentado por el Ministerio de Igualdad este viernes a un 17,7% le negaron enseñarles la vivienda para alquilar o comprar.
El 90% de las personas que viven en asentamientos informales de vivienda pertenece a algún grupo étnico que sufre con más asiduidad la discriminación racial, según consta en el estudio ‘Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales’, cuyos resultados presentó este viernes el Ministerio de Igualdad.
Lo hizo en una rueda de prensa telemática en la que participaron la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, su subdirector general, Nicolás Marugán, y responsable del Área de Investigación y Evaluación de Provivienda, Elena Martínez Goytre.
En el estudio se pone de manifiesto que el 31% de las personas de origen étnico o racial encuestadas percibieron discriminación a la vivienda durante el último año, siendo los individuos procedentes del África no mediterránea, los de origen magrebí y los del pueblo gitano las víctimas más recurrentes de este tipo de discriminación.
En ese sentido, a un 17,7% le negaron enseñarles la vivienda para alquilar o comprar, a un 20,8% no quisieron alquilársela y a un 20,1% les pusieron problemas o más requisitos que al resto.
Las causas de este comportamiento, según el informe, suelen ser la presunción económica, prejuicios sobre un eventual mal uso del inmueble e hipotéticos problemas de convivencia. Todo ello, motivado por el aspecto físico, el idioma, el nombre o el acento.
Como consecuencia de ello, estas personas sufren engaños y excusas sobre la disponibilidad de la vivienda, se les piden garantías y documentos excesivos, se les imponen cláusulas abusivas e incluso se les ofrecen infraviviendas en zonas periféricas o vulnerables de las ciudades, lo que fomenta la segregación y provoca sinhogarismo, ocupación de viviendas o la proliferación de asentamientos informales.
A su vez, el informe destaca que el 90% de las personas que viven en los asentamientos informales de viviendas estudiados (más de 10.000) pertenece al algún grupo étnico que sufre con asiduidad discriminación racial, un guarismo que alcanza el 97% en Barcelona y el 96% en Almería, y que, según datos del censo de 2011, es del 55% en la Cañada Real Galiana, sita en Madrid.
El estudio distingue entre tres tipos de asentamientos: periurbanos, como los de la Cañada Real o Las Sabinas, en Madrid; urbanos, como los del Gorgh, en Badalona, o en Barcelona; o los rurales, como los de Andalucía.
En ellos, se han encontrado trayectorias no cronificadas, como es el paso temporal por un asentamiento, una situación poco frecuente derivada de un momento de necesidad concreta por la pérdida de vivienda, unido a un proceso de exclusión socioresidencial e imposibilidad de acceso a vivienda normalizada.
También se han registrado trayectorias cronificadas, caracterizadas por la entrada y salida en un asentamiento o varios del mismo entorno urbano, la itinerancia entre varios asentamientos de diferentes territorios ligados a la actividad económica, la entrada y permanencia de larga duración en uno de ellos y el nacimiento en el asentamiento.
Razones de acabar en un asentamiento
El informe señala que el motivo principal para acabar en un asentamiento son las barreras en el acceso y mantenimiento y permanencia en la vivienda normalizada. En este tipo de lugares, «las condiciones de vida son una vulneración de los derechos humanos», como lo demuestran algunos testimonios recogidos que hablan de que «algo tan sencillo como calentar agua puede ser un riesgo para la vida, por las condiciones pueden provocar un incendio».
A su vez, los procesos de salida de un asentamiento suelen ser individuales (acceso al mercado privado de alquiler o de vivienda pública) o institucionales.
Por último, las recomendaciones del informe son la aprobación de una Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, e incorporación en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 a las víctimas de discriminación racial; el diseño de campañas específicas de sensibilización e información; la puesta en marcha de programas de intermediación en el mercado de la vivienda en alquiler; y la creación refuerzo e impulso de los canales, recursos y mecanismos de denuncia frente a la discriminación racial en el ámbito de la vivienda.
También recomienda garantizar el empadronamiento de las personas pobladoras de los asentamientos eliminando barreras y obstáculos en el procedimiento; la erradicación de los asentamientos a través de mecanismos de coordinación y de un Plan de intervención integral; y el impulso de soluciones habitacionales dignas para las personas pobladoras de asentamientos informales.
