El Comercio. – Una cincuentena de personas han sido citadas por la Fiscalía de delitos de odio y discriminación por la campaña de presunto linchamiento que sufrió en la red una familia de Canet de Mar (Barcelona) por defender que su hijo recibiera más clases en castellano en la escuela. El Ministerio Público investiga tuits de personas muy críticas con la familia por si pudieran ser constitutivos de delitos de acoso y amenazas. Algunos de ellos ya han comenzado a declarar en la Ciudad de la justicia, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
La macrocausa abierta por la Fiscalía parte de una denuncia de Vox, Asamblea por una Escuela Bilingüe y Movimiento contra la Intolerancia a raíz de algunos mensajes en Twitter como quien llamó a «apedrear la casa del niño» cuyos padres pedían más castellano en la escuela, quien les invitó a marcharse «fuera de Cataluña» o quien emplazó a «hacerle el vacío al niño» para que se quedara «solo en la clase de castellano». Cuando abrió diligencias, el Ministerio público calificó los hechos como «execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar».
Plataforma per la Llengua, entidad que recibe ayudas públicas y que es conocida como la ONG del catalán, ha iniciado una campaña de defensa jurídica ante lo que ha calificado como una «ofensiva judicial contra tuiteros por criticar la sentencia del 25%». «Con estos procedimientos, se quiere atacar la legitimidad de las políticas lingüísticas catalanas con la criminalización de sus defensores y la contaminación de la opinión pública», según esta entidad.
El centro educativo Turó del Drac, en la localidad del Maresme, se situó en el centro de la atención informativa en diciembre pasado, a raíz de las supuestas amenazas vertidas contra un niño y su familia, que recurrió a la justicia para pedir más horas de castellano. El TSJC dio la razón a la familia y obligó al centro a impartir en castellano el 25% de las clases para los alumnos de una de sus dos clases de P5. El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, acudió a arropar a los responsables del centro y a la comunidad escolar, que se manifestaron a favor de la inmersión, frente a la escuela. El Govern admitió que el centro ya había acatado la resolución judicial, dando en castellano las clases por las tardes tres días a la semana, y reconoció además que no podía hacer nada más que asumir la sentencia, a pesar de que algunos sectores del mundo educativo y el independentismo le reclamaban que se declarara insumiso.
La resolución sobre Canet llegó día después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia del TSJC que obligó a aplicar ese 25% pero en este caso a todos lo centros educativos de Cataluña. Esta es la sentencia que preocupa en el catalanismo, pues pone patas arriba el modelo de inmersión.
La familia de Canet presentó un escrito dirigido al TSJC en el que reclamó a la justicia que obligara a la Generalitat a garantizar la seguridad de su hijo, su intimidad e identidad y evitar la discriminación y el señalamiento del menor, tras la campaña radical contra ellos en las redes sociales. La asociación ‘Hablamos español’ interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra lo que consideró una campaña que incitaba a la violencia y el odio. La ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, anunciaron una investigación. «Toda amenaza es un acontecimiento grave para la convivencia», afirmó el ministro, que recalcó la importancia de «garantizar la convivencia» y la «seguridad de los ciudadanos».
