El Parlamento de Nueva Zelanda ha aprobado una ley que prohíbe las terapias de conversión, que pretenden cambiar a la fuerza la orientación, expresión o identidad sexual de los miembros de la comunidad LGTBIQ, y que contempla penas a los responsables de hasta cinco años de cárcel.
El proyecto de ley, que fue una de las promesas electorales de la primera ministra Jacinda Ardern, ha sido aprobado por 112 votos a favor y ocho en contra.
Con ello se ha puesto fin a “un error hiriente, insidioso y destructivo”, según dijo antes de la tercera votación el viceprimer ministro Grant Roberston, según declaraciones recogidas por Radio New Zealand.
El político laborista, quien ha declarado públicamente su homosexualidad, consideró que la aprobación de la ley “envía un mensaje: un mensaje de apoyo y afirmación del amor a todas las comunidades del arco iris”.
La ley contempla una pena de hasta tres años de cárcel si se aplica este tipo de terapias a una persona menor de 18 años o incapacitada para tomar decisiones. Así como una de cinco años en el caso de que la terapia de conversión cause un daño grave a la persona, cualquiera que sea su edad.
La legislación también abre una vía para que las víctimas puedan reclamar en los tribunales civiles una indemnización por haber sido sometidas a una terapia de conversión.
Según un estudio realizado por la Universidad de Waitako en Nueva Zelanda en 2018, una de cada seis personas transexuales o no binarias manifestaron que un psicólogo o consejero religioso intentó cambiarles su identidad sexual.
En el vecino país de Australia crecen las peticiones para que las terapias de conversión sexual —que la ONU considera como una forma de tortura contra la comunidad LGTBIQ—, sean prohibidas en todo el país, después de que el estado de Queensland, el Territorio de la Capital Australiana y Victoria las ilegalizaran a partir de 2020.
