El Confidencial.- La institución, financiada con fondos públicos y condenada al pago de indemnizaciones que ascienden a 100.000 euros, ha recurrido la sentencia.
El Juzgado de lo Social número 3 de Madrid ha condenado a la Fundación Teatro de La Abadía por discriminar salarialmente a seis de sus empleadas por razón de sexo durante la temporada 2016/17. La sentencia, dictada el pasado 4 de octubre, condena a la institución a abonar 6.251 euros en concepto de sanción y al pago de indemnizaciones por daños morales y materiales a las seis trabajadoras, cuya cifra total asciende a 100.800 euros. El teatro ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los hechos se remontan a 2017, cuando Esther Zalamea, técnica de iluminación del teatro desde 2007, confirma que percibe un salario inferior al de uno de sus compañeros, con las mismas funciones y categoría profesional. En ese momento, José Luis Gómez dirige el teatro (desde su fundación en 1995 y hasta 2019) y Jordi Tort ocupa la gerencia de la institución. En agosto de ese año, Zalamea interpone una denuncia por discriminación salarial en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que realiza una investigación en el teatro, en la que constata que La Abadía no solo discrimina salarialmente a Zalamea por el hecho de ser mujer, sino que la discriminación se extiende a otras cinco trabajadoras de la institución.
En la sentencia se afirma que, “revisados los recibos de pago de los salarios aportados y relativos a la temporada 2016/17 —desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017—, se ha comprobado que la empresa abona, dentro de la misma categoría profesional, salarios distintos a los trabajadores en función de su sexo” y concluye que, “tras una labor de investigación pormenorizada, en la Fundación Formación Creación Escénica de la Comunidad de Madrid, las mujeres son discriminadas salarialmente”.
En la sentencia se especifican las diferencias salariales que sufre cada una de las seis trabajadoras respecto a sus compañeros, que van desde los 215 euros que separan el sueldo bruto mensual de Esther Zalamea del sueldo de su compañero, también técnico de iluminación, a los 1.563 euros de diferencia en los sueldos de una trabajadora y un trabajador con las mismas funciones y categoría profesional de jefe de Negociado. Entre medias, diferencias entre los salarios de unas y de otros de 474 €, 495 €, 738 €, 1.254 € y 1.473 €.
La sentencia señala que “no existe justificación alguna para tal discriminación laboral” y que “el hecho de que, dentro de la misma categoría, los hombres desempeñen distintas y superiores funciones a los de las mujeres es una circunstancia que, además de no haber sido probada por la [empresa] demandada, sino todo lo contrario —atendiendo a las testificales vertidas en el juicio—, tampoco justifica la diferencia salarial, ya que atribuir funciones superiores a los trabajadores hombres dentro de la misma categoría que desempeñan las mujeres también es discriminatorio”.
Sin rectificación
En el juicio, celebrado en abril de 2019, las trabajadoras “confirmaron la discriminación salarial que aún existe en la empresa y que realizan exactamente las mismas funciones que sus compañeros hombres, que percibían (y aún perciben) salarios mayores por realizar el mismo trabajo. A pesar de los apercibimientos de la Inspección, [el teatro] no ha rectificado su actitud y continúa abonando un menor salario a las mujeres frente a sus compañeros hombres, que realizan exactamente las mismas funciones”, siempre según la sentencia.
Según varios abogados consultados por este medio, una vez que la sentencia sea firme, cabe la posibilidad de que reclamen que las indemnizaciones por daños morales y materiales se amplíen desde septiembre de 2017 a temporadas posteriores en las que se han mantenido dichas desigualdades salariales. Sin embargo, Carlos Aladro, director de La Abadía, explica a El Confidencial que dichas diferencias no existen en la actualidad, ya que, desde su llegada a la institución en 2019, ha puesto en práctica “un proceso de orden, buen gobierno y transparencia y hoy La Abadía es una institución ordenada, en cuya estructura y organigrama no existen diferencias salariales”.
El teatro ha recurrido la sentencia al TSJM, pero ha tenido que depositar ya los más de 100.000 euros destinados a indemnizaciones. La Abadía no es un teatro privado, sino una fundación cultural con financiación pública y gestión privada en cuyo patronato están presentes tres administraciones: el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem); la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento. Las tres financian en gran medida el teatro, que en 2021 recibió 1.750.000 € de la consejería de Marta Rivera de la Cruz, 409.314 € del Inaem y 50.000 € del Ayuntamiento de Madrid. Las tres subvenciones son nominativas, de concesión directa, y se mantienen con las mismas cifras para 2022.
Fuentes del Inaem señalan que en ninguna reunión del patronato —tanto en la etapa de José Luis Gómez como en la actual, con Carlos Aladro— se les informó de la existencia de esta demanda, y que solo se les comunicó en una reunión celebrada después de conocerse el fallo del tribunal. Sobre la posibilidad de que el Inaem no mantenga en el futuro la subvención nominativa al teatro, en el caso de que la sentencia condenatoria sea firme, las mismas fuentes aseguran que, “en ese momento, se valorarán las decisiones oportunas”.
Por parte de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, la Administración con más representación en el patronato (tres miembros) y con la aportación económica más alta, señalan que también se enteraron de esta situación tras la sentencia y que “hay que esperar a que esta sea firme para tomar decisiones, que en todo caso se abordarán en el seno del patronato”. El mismo portavoz añade que “la comunidad está comprometida con la cultura y el teatro de La Abadía, independientemente de que los responsables de su gestión se hayan equivocado o no”. Desde el Ayuntamiento, fuentes de la Concejalía de Cultura señalan también que “se verá en su momento” y recuerdan que las subvenciones nominativas se aprueban anualmente.
Otro frente abierto
Esta sentencia que condena a La Abadía por discriminación salarial por razón de sexo, sin ser firme todavía, no es el único frente que tiene abierto el teatro. A la incertidumbre sobre su viabilidad económica —¿qué sucederá si el teatro debe hacer frente al pago de más indemnizaciones en el futuro?— se añade el fin de la cesión de los terrenos que ocupa desde su fundación.
El terreno en el que se encuentra La Abadía es de titularidad municipal y su cesión finaliza el próximo 28 de febrero de 2022, cuando se cumplen 20 años de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación del Teatro: “Extinguida la citada cesión, el plazo para poner a disposición del Ayuntamiento de Madrid el inmueble será de tres meses”, señala el acuerdo. El convenio vigente no incluye ninguna cláusula de prórroga o renovación por lo que, en febrero de 2022, la Fundación y el Ayuntamiento tendrían que firmar un nuevo acuerdo, en un contexto político y económico distinto al de hace 20 años.
¿El Ayuntamiento de Martínez-Almeida renovará la cesión de sus terrenos a una institución condenada por discriminación salarial? Consultados al respecto, desde la Concejalía de Cultura responden que se está tramitando un nuevo convenio de cesión por cuatro años y prorrogables otros cuatro, y que se firmará próximamente.
