El Mundo.- Delación a profesores, espionaje en las aulas, encuestas a niños sin permiso paterno o la desobediencia para mantener la inmersión prueban la acción coordinada contra el español.
«La lengua catalana y la normalización lingüística vuelven a ser el centro de la acción del Govern. Estamos impulsando una nueva etapa de política lingüística que tiene como objetivo la plena normalidad social de la lengua catalana». Así de nítidamente defendía esta semana en el Parlament la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, la obstinación del Gabinete que preside Pere Aragonès por ahondar en la persecución del castellano, hasta el punto de convertirlo en eje prioritario del mandato.
Ante la manifiesta incapacidad para acordar la nueva hoja de ruta del procés, el independentismo ha encontrado en la defensa exacerbada del monolingüismo catalán un elemento de consenso para seguir alentando la confrontación con el Estado y con la Justicia; también para continuar alimentando la división social y para justificar su propia existencia ante una masa electoral todavía fiel, pero cada vez más desencantada con los partidos que representan la causa separatista.
La reacción institucional a la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la inmersión lingüística y obliga a impartir un 25% de materias en castellano en las escuelas de Cataluña, el anunciado desacato del Departamento de Educación de la Generalitat, supone la más pública evidencia de una estrategia mucho más coral para evitar que el castellano le siga ganando terreno al catalán, especialmente en el «uso social» de la lengua, principal preocupación del Govern.
ERC dirige con mano de hierro esta maniobra planificada desde el inicio de la legislatura, cuando arrebató a Junts la cartera de Cultura, de la que pende la Secretaría de Política Lingüística, para poder desarrollar una acción coordinada de arrinconamiento del castellano.
El 26 de octubre, todos los departamentos de la Generalitat fueron llamados a filas para multiplicar la «acción de normalización lingüística» desde todos los flancos posibles; desde el área de Justicia, a la de Salud o Interior, pasando, obviamente, por la de Educación. «Todos están trabajando en dos sentidos: en que el catalán sea la lengua normal de uso del sector público y en proyectar el uso del idioma más allá de los usos internos», precisó esta semana el secretario de política lingüística, Francesc Xavier Vila, en un discurso pronunciado en unas jornadas para analizar el supuesto declive del catalán en los colegios, al que este diario ha tenido acceso.
Tal y como ha venido revelando EL MUNDO en los últimos meses, las actuaciones de la Generalitat para marginar y señalar al castellanohablante han sido múltiples. Arrancó el Govern en septiembre ordenando a las universidades elaborar listas negras de profesores que impartieran sus clases en español. El Gabinete dirigido por Aragonès ha empezado a exigir a los centros universitarios desde este curso que elaboren informes semestrales sobre las «incidencias lingüísticas» en los «cambios de lengua».
El Ejecutivo catalán impulsó este requerimiento después de la insistente reclamación de sindicatos de sesgo independentista, que posteriormente habilitaron una página web -en colaboración con la ANC y la Plataforma per la Llengua- para delatar a los docentes que emplearan el castellano en sus clases.
En paralelo, los rectores de las ocho universidades públicas catalanas alcanzaron un «compromiso» para extender la inmersión lingüística a los campus, imponiendo un 80% de carreras en catalán.
La presión sobre el tejido universitario -en la que también cabe incluir los ataques a los jóvenes constitucionalistas de S’ha Acabat por parte de las mismas agrupaciones que delatan a profesores-, se trasladó después a los colegios.
REFUERZO DE LA VIGILANCIA
El 4 de noviembre, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, anunció la puesta en marcha del bautizado como Plan de Promoción de la Lengua Catalana en los centros educativos. Amparándose en estudios propios que señalaban un teórico descenso del uso del catalán en los colegios, tanto por parte de los profesores como de los alumnos, la Generalitat comunicó que reforzaría la vigilancia para evitar que la inmersión fuera quebrantada. Horas después, el consejero se reuniría telemáticamente con más de 3.000 directores de escuelas de Cataluña para comunicarles precisas directrices. Ordenó la Generalitat a los directores hacer «observaciones» en las aulas para comprobar si las clases se impartían en catalán, vetar las contrataciones de extraescolares y excursiones que se realizaran en castellano o aleccionar a los nuevos docentes que se incorporaran a los colegios para que conocieran la «situación lingüística del país». Para ello, también confesó el Govern estar presionando a las universidades para que los profesores en formación acaben la carrera alineados con la inmersión, conscientes de que son «modelos de lengua catalana».
En ese mismo cónclave comunicó la Generalitat a los colegios que el Síndic de Greuges les haría llegar una encuesta para conocer los «usos lingüísticos» de sus alumnos de quinto de Primaria y tercero de ESO. El defensor del pueblo catalán, «con el apoyo del Departamento de Educación», instaba a responder el cuestionario «sin necesidad de autorización de las familias», es decir, de espaldas a los padres. Incluía el test -destapado por este diario el pasado miércoles- preguntas que permitían identificar qué maestros impartían sus asignaturas en castellano, así como el idioma que los escolares utilizaban para relacionarse con sus compañeros.
La fijación del Gabinete de Aragonès con la lengua explica que la principal condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sea la inclusión en la nueva ley del audiovisual de una cuota del 6% catalán para las plataformas de streaming. Para corporaciones como Netflix, a las que el secretario de Política Lingüística anima a boicotear.
El pavor a que los niños perciban el catalán como una mera lengua académica desvela al nacionalismo, que buscará la complicidad del PSC y los comunes para blanquear su estrategia de acoso lingüístico a través de la aprobación de un Pacto Nacional por la Lengua a principios del próximo año. Defenderá el Govern la necesidad de alcanzar un «amplio consenso» para que el catalán alcance un «estatus de normalización real», a través del «blindaje jurídico» de la inmersión y, por ende, de los planes de control del castellano
