El País.- El miedo es el mayor aliado de los delitos de odio. Solo una de cada 10 personas que es victima de uno de ellos acude a la Policía a denunciar, según reveló recientemente una encuesta del Ministerio del Interior. En el estudio, de las 437 personas que admitieron haber sufrido uno de estos delitos en el último lustro, solo 47 (el 10,76%) acudieron a una comisaría o un cuartel de la Guardia Civil a denunciarlo. Los 390 restantes (el 89,24%) optaron por guardar silencio. El porcentaje es superior al que arrojan otros estudios similares realizados en la UE por la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), que sitúa este porcentaje en el 80%.
Integrantes de la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente de Interior, admiten que una de los principales objetivos de este órgano es, hacer aflorar el mayor porcentaje posible de la cifra sumergida de delitos de odio. No obstante, desde Interior creen que esta tendencia puede haber empezado a cambiar, según los datos estadísticos de los seis primeros meses de este año, que reflejan un incremento de las denuncias de un 9,3% respecto al mismo periodo de 2019, que hasta ahora era el semestre con más infracciones conocidas. Un aumento que, en parte, se explica por la mayor conciencia social que ha llevado a más víctimas a denunciar. “Hasta ahora, muchas personas no eran conscientes de que habían sufrido un delito. Pasó algo similar con la violencia de género”, señala un miembro de dicha oficina.
Un factor que también explica el aumento del número de denuncias, según otros expertos, es que las víctimas disponen de más recursos para denunciar, aunque estos, en su opinión, siguen siendo insuficientes. Además de la mayor concienciación de la sociedad en general, en los últimos años las organizaciones que apoyan a colectivos vulnerables se han dotado de protocolos y registros para acompañar a los afectados y detectar si han sufrido agresiones, apunta la psicóloga Maribel Ramos, subdirectora de la Fundación Hogar Sí, que asiste a personas que viven en la calle. Según sus datos, casi la mitad de estos ciudadanos han sufrido delitos de odio. “Tenemos más capacidad para acompañar a estas personas en los procesos de denuncia y la gente se siente más segura”, señala Ramos, promotora del observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar Hatento, que también cifra en un 50% el porcentaje de quienes viven en la calle que han sufrido agresiones. Añade, sin embargo, que “la desconfianza sigue siendo importante, especialmente entre las personas sin hogar. ¿Cómo van a confiar en que el sistema las proteja cuando ese mismo sistema las ha empujado a la situación en la que están?”
La aporofobia, es decir, el odio al pobre, acaba de ser introducida en España en el Código Penal a través de la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia. Ramos celebra esta inclusión, pero pide mejoras en “la primera atención que recibe una víctima al llegar a una comisaría”. Reclama que se extienda la formación entre los agentes para que recojan bien las denuncias y haya más probabilidades de que prosperen, orienten a los afectados hacia asociaciones que puedan ayudarles y den credibilidad a sus testimonios. Subraya que tanto la policía como el sistema judicial deben adaptarse a las necesidades y complejas circunstancias de las víctimas ya que, en el caso de los ciudadanos que viven en la calle, suelen sufrir dificultades añadidas como discapacidades, adicciones o enfermedades mentales.
Los vulnerables desconfían
El sociólogo Ignacio Paredero coincide en que, entre los colectivos vulnerables, “hay desconfianza y percepción de que denunciar no va a servir para nada”. El también secretario de Organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales observa que, pese a las dificultades, el aumento de denuncias de delitos de odio es una “tendencia clara” desde 2016 y, al menos, hasta 2019, teniendo en cuenta que 2020 es un año distinto por los efectos distorsionadores de la pandemia y el confinamiento.
Paredero considera “complejo” determinar los motivos de este aumento, pero hay un factor que ve claro. “Los discursos de odio de grupos como Vox legitiman violencias y señalan culpables”, afirma, para añadir también que “las redes sociales generan discursos muy polarizantes”. Pese a la existencia de protocolos policiales para abordar este tipo de delitos, el sociólogo cree que “a la policía y a la judicatura les cuesta percibir la homofobia” y “es más fácil” que las personas LGTBI que sufren agresiones “se acerquen a una asociación”.
