- El PSOE plantea incorporar un nuevo tipo delictivo al Código Penal que castigará el «hostigamiento» en las clínicas.
- La propuesta llega al pleno el martes, a dos días de que un grupo inicie 40 días de rezo en una clínica.
- Francia castiga el acoso con prisión. Alemania o Reino Unido optan por cordones de seguridad entorno a las clínicas
20 Minutos.- El acoso callejero que sufren las mujeres que acuden a una clínica privada a interrumpir un embarazo llega este martes por primera vez al pleno del Congreso de los Diputados. El PSOE pedirá apoyo parlamentario para introducir en el Código Penal un nuevo delito que prohíba hostigar a estas mujeres, y lo hace en la misma semana en la que un centenar de personas ha organizado un rezo ininterrumpido de 40 días en la puerta de una clínica de abortos en Córdoba
Portavoces de las clínicas de interrupción de embarazos aseguran que el acoso a las pacientes es algo habitual desde que el aborto es legal en España, 1985. Y celebran que, por fin, el Congreso dedique tiempo a «un problema real» que han sufrido y sufren «miles de mujeres» en España. Sin embargo, tienen escasas esperanzas de que, con la actual geometría política del hemiciclo, vaya a salir adelante la propuesta. Eso sí, consideran que la iniciativa abrirá la vía para que, más pronto que tarde, se dé una respuesta adecuada a una situación de acoso que, denuncian, se ha agravado notablemente en los últimos años.
Lo que plantea el PSOE este martes (es el primer punto del orden del día a las 15 horas) es añadir un tipo delictivo al Código Penal, un cambio legal que exige mayoría cualificada en el Parlamento. Se pide que «hostigar o coartar la libertad» de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, «promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad» sea castigado con «pena de prisión de tres meses a un año«.
El asesor jurídico de ACAI, la asociación de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, José Antonio Bosch, encuentra deficiencias formales a la propuesta socialista. Como que el tipo penal solo mencione las conductas grupales, y no las individuales, que sea necesaria la denuncia de la víctima, algo que no están en condiciones de hacer el 99% de las mujeres, y que no defina «las proximidades» de las clínicas, si son 50 metros o un kilómetro. «Veo imprecisión jurídica, brocha gorda, pero se abre un debate que podría transicionar hacia una propuesta más efectiva«, confía Bosch.
Los grupos Provida, aquellos que se oponen al derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas, y VOX consideran que con esta medida se coarta la libertad de expresión. «Supone que las personas que defendemos al bebé indefenso y a la mujer nos convirtamos en criminales», señalan en un comunicado los promotores de ’40 días por la vida’, quienes del 22 de septiembre al 31 de octubre rezarán delante de una clínica en Córdoba.
«Me han hecho sentir como asesina»
El asesor jurídico de ACAI considera que cuando la libertad de unos choca con la de otras es preciso legislar. Bosch denuncia que muchos de estos grupos religiosos «no se limitan a rezar, sino que acosan a las mujeres, las intimidan y vulneran su derecho a la integridad moral». Las clínicas dicen que el acoso se ha recrudecido en los últimos tres o cuatro años. Lo achacan a una campaña internacional movilizada por fundaciones de EE UU con base en Texas, donde se acaba de prohibir el aborto incluso en incesto o violación.
La asociación de clínicas de interrupción de embarazo realizó hace tres años una encuesta entre 300 mujeres sobre su percepción del acoso. «Me han hecho sentir como asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si eso es legal», les reconoció una de ellas. Otra dijo haber llegado a la clínica «muy nerviosa porque abortar no es fácil» y porque «unos hombres me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro mueren mujeres. He querido llorar».
El estudio reflejaba que un 89% de las mujeres se consideró «acosada» por estos grupos, que al 7,3,3% les resultaba esta confrontación «muy molesta» y que el 95,67% opinó que algo así «debería estar prohibido».
Las clínicas recuerdan que la interrupción del embarazo es «una prestación sanitaria pública» y se preguntan «por qué se consiente que se dé en tan malas condiciones» y si se admitiría que en la puerta de un hospital público «a unas ciudadanas las machacaran por ir a ejecutar un derecho».
Delito en Francia, prohibido en Alemania, Austria o Reino Unido
Otros países europeos han abordado esta situación con anterioridad. Francia optó por una vía similar a la que plantea ahora el PSOE en el Congreso. Allí se sanciona «con dos años de prisión y una multa de 30.000 euros» a quien impide o intenta impedir la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por cualquier medio, incluso electrónico, en particular mediante la difusión de información falsa intencionalmente. Así como a quien interrumpa el acceso a los establecimientos y la libre circulación de pacientes o personal de las clínicas.
Mientras, en Alemania, Austria y Reino Unido han preferido imponer cordones de seguridad que impiden las concentraciones a una distancia mínima de las puertas de las clínicas.
Unidas Podemos, formación en coalición de Gobierno con el PSOE, lleva tiempo denunciando el «intolerable» acoso que sufren mujeres y profesionales de las clínicas de abortos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzó la semana pasada que la futura reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que no verá la luz antes de 2022, «incluirá medidas para frenar en seco esta vulneración de derechos de las mujeres».
