elDiario.es.– «El problema es que seguimos entendiendo la vivienda como un producto cuando es un derecho que no se está respetando», explica la socióloga Iraide Fernández, una de las autoras de un informe elaborado por el observatorio Ikuspegi en colaboración con el Gobierno vasco.
De cada 100 hogares vascos, 85 son viviendas en propiedad, 11 en alquiler y 4 son cedidas. Euskadi encabeza el listado de comunidades autónomas con mayor número de viviendas en posesión. Esto hace que el mercado sea más pequeño y al haber menos oferta que en otros lugares de España, un alquiler a un precio razonable sea más difícil de encontrar. Pero hay un colectivo que aún lo tiene más complicado a la hora de acceder a una vivienda: la población gitana.
A pesar de que la población gitana aparece escasamente en la literatura como uno de los colectivos discriminados en su acceso al mercado inmobiliario, los pocos estudios y testimonios recogidos confirman que, aunque se reduce progresivamente el chabolismo que afecta a esta comunidad, aún sigue existiendo infravivienda y malas condiciones residenciales y de equipamiento de vivienda, según recoge el estudio ‘Discriminación y diversidad en la CAE: perspectivas, ámbitos y colectivos’ elaborado por el observatorio Ikuspegi en colaboración con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
El informe realiza un análisis de diferentes tipos de discriminaciones que tienen lugar en Euskadi. Entre ellas la discriminación en el acceso a la vivienda que se recoge en el capítulo ‘Discriminación residencial: un derecho entre comillas’. El estudio concluye que las características que pueden afectar a la hora de alquilar una vivienda son, en ese mismo orden, tener pocos recursos económicos, ser gitano y ser extranjero. Concretamente el 46% de la población vasca considera que ser gitano puede ser una característica que discrimine a la hora de lograr una vivienda. Sin embargo, el 25,7% de la población afirma no querer compartir vecindario con personas gitanas.
«Ser de origen extranjero o pertenecer a la comunidad gitana se destacan también como características potencialmente discriminatorias. No cabe duda de que ambos colectivos se enfrentan a discriminación en el ámbito público y privado (particular e inmobiliaria), basada, en parte, en la clase social (y factores económico-laborales) y, en parte, en motivos étnicos-raciales (negar el alquiler por el hecho de no ser autóctono)», señala el estudio.
«El caso de la vivienda es uno de los casos más flagrantes. El 82% de la población vasca percibe que existe discriminación en el acceso a la vivienda y específicamente apunta a los dos grandes colectivos que sufren esa discriminación. Por un lado tendríamos las personas en desempleo y por otro lado a las personas gitanas y extranjeras. ¿Por qué? Por el racismo. Hace unos años algunas inmobiliarias incluso ponían anuncios de «abstenerse personas gitanas», dice a elDiario.es/Euskadi Iraide Fernández, Doctora en Sociología por la EHU/UPV y una de las autoras del informe. «Ahora ya no lo hacen porque son más políticamente correctas, pero eso no quiere decir que la pauta haya cambiado», añade.
Esta doctora e investigadora también destaca que para formalizar un contrato de alquiler, una de las condiciones que ponen los propietarios e inmobiliarias es tener contrato de trabajo y nóminas altas. Estos colectivos tienen más complicado acceder a empleos de calidad. «Muchos de ellos cuentan con empleos muy precarios y en el ámbito informal. El problema es que seguimos entendiendo la vivienda como un producto cuando es un derecho. Sin embargo es un derecho que no se está respetando cuando tenemos colectivos de personas que no están pudiendo acceder a las viviendas», denuncia Fernández.
Tamara Clavería, responsable de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, (Amuge) es consciente de la problemática y desde su asociación realizan campañas de sensibilización, median con inmobiliarias y se reúnen con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco para ver qué medidas pueden tomar para mejorar la situación del colectivo.
«La misión es imposible. Conseguir que se alquile una vivienda a una persona gitana es muy complicado. Te piden contrato, nómina, muchos requisitos. Cuando lo demuestras todo, te dicen que sí, pero cuando saben tu apellido se echan para atrás y no hay manera. Las inmobiliarias ya no te dicen directamente que no te alquilan porque denuncias por delito de odio, pero sí que te dicen que los clientes prefieren a otro. Trabajamos para intentar que conozcan a las personas antes de rechazarlas. Todos tenemos derecho a una vivienda y nadie tiene que decir que alguien no tiene derecho a una vivienda sin conocerle siquiera. Con la comunidad gitana eso sí que pasa», lamenta Clavería, que asegura que la alternativa que les queda es compartir vivienda con otras personas de la comunidad o alquilar en barrios –sobre todo apartados– en los que ya viven personas gitanas.
