SER.- Barreras que van del miedo de las víctimas a la desconfianza hacia las autoridades siguen haciendo que los delitos de odio sean un agujero negro cuya dimensión en toda la Unión Europea desconocemos. Pero la estimación hecha por la Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (FRA por sus siglas en inglés) estima que nueve de cada diez quedan sin denunciar ante ningún tipo de autoridad u organización.
Los números varían según el grupo social afectado por esta violencia. Por ejemplo los gitanos y las personas LGTBi están entre quienes menos dan el paso de denunciar (88% y 79% respectivamente). Los números no son mucho mejores para agresiones a negros, árabes o magrebíes. O para agresiones machistas, según advierte la FRA en el informe que acaban de publicar. Sólo en el caso de los judios mejora algo el porcentaje de quienes acuden a las autoridades a denunciar, con el 49%.
El estudio, hecho a partir de 35.000 entrevistas en toda la Unión, desgrana las causas estructurales para este raquítico porcentaje de denuncias. Destacan la idea de que no va a servir de nada y la desconfianza hacia las autoridades. Muchas personas LGTBi no van a la policía porque no confían en ella y la perciben como más empática con los agresores que con las víctimas. Los gitanos citan la resignación del «nadie me va a creer o tomar en serio».
«Esto tiene que cambiar», recuerda Michael O’Flaherty, director de la FRA, que insiste en que los gobiernos tienen que investigar y castigar a los responsables de estos delitos para que las víctimas puedan sentir que tienen derecho a la Justicia.
El papel de la FRA es el de asesorar y ayudar a los gobiernos europeos con información e formación en respetar y hacer respetar los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos de la Unión. Uno de los aspectos que más critica es el de la falta de datos, la heterogeneidad con que se recogen y que impide tener una idea de conjunto, la tendencia a no investigar los indicios en los delitos que apuntan a causas agravantes de odio, y la falta de transparencia.
Por eso podemos leer literalmente que «las pruebas que tenemos de organizaciones internacionales nos muestran que reconocer públicamente [por parte de las autoridades] la existencia de un delito de odio y su impacto ayuda a que víctimas y testigos confíen en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial».
