COPE.- La Federación ECOM, que integra a 120 entidades de toda España del ámbito de la discapacidad, ha denunciado este lunes que las administraciones públicas no han tenido presente durante la pandemia a las personas con discapacidad, lo que ha hecho aumentar la desigualdad en el colectivo.
La Federación ECOM, que integra a 120 entidades de toda España del ámbito de la discapacidad, ha denunciado este lunes que las administraciones públicas no han tenido presente durante la pandemia a las personas con discapacidad, lo que ha hecho aumentar la desigualdad en el colectivo.
En el marco del 50 aniversario de la Federación ECOM, la entidad ha dado a conocer el Radar ECOM, el primer Informe de Vulneraciones de Derechos y Discapacidad Física u orgánica, donde recogen las desigualdades detectadas a lo largo del año 2020.
El objetivo de la iniciativa es hacer visibles las vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad y concienciar a toda la sociedad sobre esta desigualdad, así como promover cambios en las políticas públicas que favorezcan la plena inclusión social.
El informe recoge las consultas recibidas en la federación entre enero y diciembre de 2020, así como una encuesta realizada a 1.933 personas con discapacidad en este mismo período.
Según la entidad, durante la toma de decisiones por la pandemia no se ha tenido presente a las personas con discapacidad, una situación que «ha supuesto un paso atrás en la movilidad personal y la accesibilidad del espacio público».
Asimismo, desde ECOM lamentan que con la llegada de la COVID-19 no se contó con sistemas de comunicación accesibles ni en las comunicaciones oficiales ni en los servicios telefónicos, «dejando a una parte de la población sin acceder a las orientaciones básicas sanitarias».
«La crisis social y sanitaria generada por la pandemia ha puesto en evidencia la falta de recursos en muchos ámbitos de nuestra sociedad», ha señalado el presidente de ECOM, Antonio Guillén.
La secretaria de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Anna Figueras, ha añadido que la COVID-19 ha comportado tomar decisiones «que han priorizado la salud y la seguridad de las personas por delante de otros derechos individuales que no se han visto suficientemente reconocidos».
Ante esta consideración, Figueras ha asegurado que el nuevo Govern reforzará el compromiso con el sector social, asegurando «los derechos, la igualdad de oportunidades y la participación de las personas con discapacidad».
«Las personas con discapacidad ya contaban con una desigualdad económica de entre 17.700 y 41.200 euros anuales de media para adquirir estándares de vida parecidos al resto de la población», ha subrayado la responsable de Defensa de Derechos de la Federación ECOM, Inma Gómez.
Según la entidad, el riesgo de pobreza o exclusión social de las personas con discapacidad es del 31,5 % y está especialmente agravado en cuestiones de salud, trabajo y vivienda.
El 54,6 % de las personas que respondieron la encuesta de ECOM y que trabajaba antes de la declaración del estado de alarma ha visto empeorada su situación laboral.
En cuanto al ámbito residencial, según Gómez, «durante el 2020 ha aumentado los casos de personas en situación de riesgo de exclusión residencial, porque los propios vecinos son los que se niegan a hacer las obras de accesibilidad».
Desde la entidad han resaltado que estas vulneraciones de derechos quedan especialmente agravadas por la infradenuncia, que «continúa siendo una problemática que sufren las personas con discapacidad».
Para revertir esta situación, la entidad insta a construir un modelo de atención integrada social y sanitaria, promover un sistema de atención comunitario centrado en la persona y concebir políticas sociales desde la perspectiva de la diversidad.
La Federación ECOM cuenta con más de 120 entidades de personas con discapacidad que trabajan para defender los derechos del colectivo y favorecer la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
