La presidenta manda esta señal inédita en materia de derechos humanos cuando se cumplen 41 años del golpe de Estado
ROCÍO MONTES. EL PAÍS.- Después de una jornada cargada de simbolismos, donde la presidenta Michelle Bachelet encabezó en La Moneda un homenaje a Salvador Allende en recuerdo del golpe de Estado que le derrocó en 1973, el Gobierno de Chile anunció una propuesta de ley para que el Parlamento apruebe con urgencia la anulación de la ley de Amnistía promulgada en 1978 por el régimen de Augusto Pinochet, que permitió que crímenes cometidos entre 1973 y esa fecha quedaran impunes.
En el primer aniversario del golpe que preside en su segundo mandato, la mandataria socialista hizo un llamamiento a entregar información sobre el paradero de las víctimas: “Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. Lo he dicho estos días y lo repito hoy: es el momento de hermanarnos en la verdad. Y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, anunciaron en la tarde del jueves un conjunto de iniciativas en materia de derechos humanos, entre ellas la anulación de la ley de Amnistía.
El Gobierno impulsará un proyecto de ley de cuatro senadores oficialistas que estaba paralizado en el Congreso desde 2006. “La iniciativa no sólo busca derogar, sino anular la ley de Amnistía por ilegítima, ilegal y por violar todos los tratados internacionales”, ha explicado el senador Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD, centroizquierda), uno de los autores. La distinción es relevante: de aprobarse el texto original en el Parlamento, donde el PPD y sus aliados de la coalición gubernamental tienen mayoría, los tribunales podrán reabrir juicios que hayan sido cerrados invocando la normativa de 1978, según explican fuentes del Poder Judicial que investigan causas de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura.
El ministro de Justicia señaló que la medida no hace más que ratificar lo que han hecho los tribunales chilenos hasta ahora: no aplicar la ley de Amnistía. El secretario de Estado se refería a lo que, efectivamente, ocurre en Chile en la actualidad: la jurisprudencia es unánime en que no corresponde aplicarla, dado que se trata de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, anteriormente, hubo decenas de juicios por casos ocurridos entre 1973 y 1978 que se cerraron invocando la normativa del régimen militar. En algunos casos, explican fuentes del Poder Judicial, los abogados de las víctimas han pedido la reapertura de esas causas y se les ha dado la razón, salvo en las que fueron falladas por la propia Corte Suprema. Existe un conjunto importante de causas que se podrían reabrir.
“La normativa se aplicó antes en mucho de los procesos y, mientras esté vigente, se puede invocar en cualquier momento. Aunque actualmente existe una conciencia distinta, estamos al arbitrio de la voluntad ideológica y no judicial de los magistrados”, precisa la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García. Por esta razón, la anulación de la ley de Amnistía ha sido una demanda histórica de las agrupaciones de derechos humanos desde la llegada a la democracia en 1990. García considera que “la medida no sólo tiene carácter simbólico, sino efectos judiciales concretos, ya que muchos casos se podrían reabrir en los tribunales chilenos”.
