Público.- En seis meses, cerca de 13.000 personas han sido devueltas a un país considerado no seguro por la ONU. Médicos Sin Fronteras ha dejado de prestar atención sanitaria en dos centros de detención oficiales tras el enorme deterioro de la situación debido a la masificación producida por los retornos de la guardia costera libia financiada por Europa.
«La situación es dramática y seguirá empeorando si no hay cambios. La violencia contra los migrantes es tal que los guardias han llegado a disparar con armas automáticas a las personas retenidas en centros de detención oficiales». Beatrice Lau, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Libia, es clara y contundente, al igual que la difícil decisión que ha tomado su ONG.
La semana pasada, MSF anunció el cese de sus actividades en los desbordados centros libios de detención de migrantes de Mabani y Abu Salim, en Trípoli, dos de los tres lugares de esa zona en los que presta una atención sanitaria tan indispensable como escasa en Libia.
El país norteafricano es un estado fallido que vive en guerra civil desde que Muamar al Gadafi fuera derrocado en la revolución de 2011. Una precaria tregua auspiciada por la ONU ha dejado cierta calma desde el pasado octubre, mientras las partes negocian en Ginebra unas posibles elecciones para diciembre de este año. Los gobiernos de Trípoli (apoyado por la ONU y Turquía) y de Tobruk (dirigido por mariscal Jalifa Hafter) llevan años disputándose territorio e influencia, apoyados por milicias armadas y mercenarios extranjeros, mientras el país se convertía en escenario perfecto para el tráfico de personas y de combustible.
Allí se han documentado en los últimos años terribles y constantes vulneraciones de los derechos humanos, entre ellas, extorsión de migrantes, tráfico de personas, trata, esclavitud, tortura y violencia sexual contra migrantes y refugiados. A pesar de ser considerado un país no seguro por las Naciones Unidas, desde 2017, la Unión Europea ha destinado cientos de millones de euros para el equipamiento y entrenamiento de los guardacostas libios, una figura sombría, relacionada en numerosos casos con las mafias del tráfico de personas. Aunque antes que Bruselas, Italia ya delegó en su socio libio el control del Mediterráneo central a la hora de interceptar y devolver a los migrantes que se lanzan hacia las costas europeas en precarias embarcaciones.
Situación «inaceptable»
La razón de la ONG para tomar la «difícil» decisión abandonar estos centros está en el «patrón persistente de incidentes violentos y daños graves a personas refugiadas y migrantes«, y también en el «riesgo» para la seguridad de su propio personal. El nivel, asegura Beatrice Lau, es «inaceptable».
Uno de los ejemplos más contundentes de esta violencia sucedió el pasado 13 de junio en el centro de detención de Abu Salim, donde los guardias del centro de lucha contra la emigración irregular dispararon con armas automáticas contra las personas retenidas. Hubo varios heridos, según MSF, y no se permitió a la ONG acceder al centro durante los siguientes siete días, denuncian. Dos meses antes, una persona murió y dos chicos de 17 y 18 años resultaron heridos por disparos de los guardias del centro de Mabani, denunció la ONG.
«Los centros están totalmente masificados. No paran de llevar allí a personas interceptadas por la Guardia Costera Libia en el Mediterráneo. El aumento es desproporcionado desde febrero», relata Lau a Público.
Incide que el número de retenidos ha crecido tanto y tan rápido que cientos de personas tienen que dormir al aire libre, por falta de espacio, o que hay turnos para dormir en espacios de menos de un metro cuadrado para cuatro personas. El centro de Mabani, ilustra, albergaba a una 300 personas a finales de febrero, y «ahora supera las 3.000». Y lo mismo sucede con el centro de Abu Salim. «Las condiciones son horribles. No hay apenas agua potable ni comida ni, tampoco duchas o algún tipo de higiene. No hay ventilación ni apenas luz natural. Es imposible aplicar medidas de prevención del coronavirus», enumera.
«Las malas condiciones hacen que aumenten la tensión y los incidentes violentos entre los guardias y las personas retenidas arbitrariamente», relata. Y la respuesta de los guardias es brutal e indiscriminada, afirma Lau.
En lo que va de año, cerca de 12.800 migrantes, entre ellos, más de 400 menores, han sido interceptados por la llamada guardia costera libia y devueltos forzosamente al país del que huyen. En medio año ya han sido interceptadas en el mar y devueltas a este infierno más personas que en todo el 2020, cuando se produjeron cerca de 10.400. En 2019, fueron unas 8.400 las personas retornadas, según cifras de la ONU y de la Organización Internacional para las Migraciones, también presentes en el país.
Condena de la ONU: «Libia no es puerto seguro»
Esta estrategia europea no solo ha sido criticada por numerosas organizaciones humanitarias, sino también por la ONU. En un contundente informe del pasado mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderado por la chilena Michelle Bachelet, urgía a Trípoli y a la UE a poner fin a estas devoluciones y a dotar de más medios a las operaciones de búsqueda y rescate en el mar.
Considera que «Libia no es un puerto seguro» y que la política europea, que delega en la guardia costera libia la inmensa mayoría de los rescates, «es responsable de gran parte del sufrimiento y de las muertes en esta ruta«, que este año se ha cobrado la vida de más de 800 personas.
El documento de la ONU, titulado Desprecio letal: búsqueda y salvamento y protección de los migrantes en el Mediterráneo central, de 37 páginas, considera «evitables» la mayoría de las miles de muertes registradas en esas aguas en los últimos años.
«Cada año, muchas personas se ahogan porque la ayuda llega demasiado tarde o, incluso, porque no llega», afirma la oficina de Bachelet, que carga contra las directrices de Italia y Malta a la hora de gestionar los rescates de embarcaciones a la deriva, que violan el derecho marítimo internacional.
Las diferentes ONG que trabajan —cada vez con más trabas burocráticas y bloqueos en puerto— en el Mediterráneo central han denunciado en numerosas ocasiones que no han recibido permisos de los centros de coordinación de Italia y Malta para rescatar a personas en peligro. Incluso los buques comerciales que encuentran pateras a la deriva son obligados a esperar a que lleguen los guardacostas libios para hacerse cargo, y la ONU advierte de que cada vez «evitan con más frecuencia» esta ruta.
Sin barcos de rescate en el mar
Por otra parte, el Mediterráneo Central lleva desde el pasado 18 de junio sin barcos de ONG de rescate. La última operación humanitaria en la zona fue la del buque Geo Barent, de MSF, que llevó a 410 personas rescatadas a puerto. Desde entonces está sometido a cuarentena de dos semanas en Italia.
La ONG española Open Arms anunció el viernes que regresará próximamente a la zona después de una «inmovilización administrativa» que lo ha mantenido amarrado al puerto siciliano de Pozzalo durante dos meses y medio. Hasta cinco embarcaciones humanitarias han sido bloqueadas por cuestiones administrativas en Italia, denuncian. «Pero seamos honestos. Con y sin barcos de ONG en el Mediterráneo, la Guardia Costera Libia se está empleando a fondo», lamenta Lau, que critica la deriva europea en el Mediterráneo.
