La Justicia alemana abrió hoy el proceso contra un exsoldado al que la Fiscalía federal acusa haber adoptado una falsa identidad como refugiado y planear atentados desestabilizadores contra la seguridad nacional.
El procesado, Franco A., de 32 años y detenido en 2017, está acusado de preparar atentados, vulnerar las leyes de armamentos, robo y falsedad de documentos. Según la Fiscalía federal, entre sus objetivos estaba el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, la vicepresidenta del Bundestag (Parlamento alemán) por los Verdes, Claudia Roth, así como activistas a favor de la acogida de refugiados.
Se considera que actuó solo y se ha descartado que fuera miembro de una supuesta célula ultraderechista dentro del ejército.
La detención de Franco A., en abril en 2017, desató las alarmas en el país, tanto por esa presunta implicación en una trama radical dentro de las fuerzas armadas como por revelarse el caos organizativo en torno al registro de refugiados, tras la crisis migratoria de 2015.
El soldado, natural de Offenbach (oeste), se había registrado como peticionario de asilo en Baviera (sur del país), el «Land» por el que ingresaron en 2015 gran parte del casi un millón de refugiados que ese año recibió Alemania.
A pesar de que no hablaba árabe, logró que se tramitara su expediente y se le concedió protección subsidiaria, que se aplica a quienes no cumplen los requisitos para recibir asilo, pero son tolerados en el país.
Durante casi dos años llevó una doble vida sin levantar sospechas. Por un lado, seguía su existencia como militar y, por otro, constaba como refugiado adscrito a un centro al que apenas acudía esporádicamente.
Finalmente fue detenido, a lo que siguieron las sospechas de que planeaba atentar contra diversos objetivos, presuntamente para desacreditar con ello a los refugiados sirios. En esos momentos había gran alarma en el país por diversos ataques perpetrados por peticionarios de asilo acogidos en Alemania.
Su caso llevó al Ministerio de Defensa a abrir una investigación en busca de presuntos ultraderechistas en sus cuarteles. En paralelo se procedió a revisar los expedientes de miles de peticionarios de asilo para tratar de detectar irregularidades como las reveladas en ese caso.
