Heraldo.- La Audiencia Nacional halló vídeos pedófilos en los ordenadores requisados por Europol cuando lo detuvo por un delito de odio en 2018.
Los agentes de la Policía Nacional y la Europol irrumpieron a finales de 2018 en casa de Mario P. G., un joven de 22 años que vivía con sus padres en el barrio de Las Delicias. La Audiencia Nacional había ordenado su detención tras averiguar que podía estar utilizando un portal de internet para difundir propaganda neonazi, racista y homófoba. Durante el registro de su vivienda se intervinieron varios ordenadores y dispositivos electrónicos. Y, al analizarlos, los agentes descubrieron por casualidad abundante material pedófilo. En concreto, 2.681 imágenes con menores en actitudes claramente sexuales y una decena de vídeos donde varios adultos abusaban de niños.
El Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional continúa investigando la parte relativa al presunto delito de odio, pero el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza abrió otra pieza para esclarecer la posible corrupción de menores. El juicio se iba a celebrar este miércoles, pero un acuerdo in extremis con la Fiscalía permitió despachar el asunto y dictar sentencia en cuestión de horas.
El zaragozano había negado siempre haberse descargado los archivos, pero terminó reconociendo ayer ante la juez la autoría de un delito de corrupción de menores en la modalidad de posesión de pornografía infantil. La confesión le ha permitido evitar la pena de siete meses de cárcel que exigía el Ministerio Público y convertirla en una simple multa de 2.700 euros. Como medida complementaria, la sentencia incluye dos años de inhabilitación para el desempeño de cualquier profesión que conlleve contacto regular con menores de edad.
Además del joven, en el banquillo de los acusados tenía que sentarse ayer su madre, María Jesús G., sobre la que ha recaído una condena idéntica. La mujer se autoincriminó para proteger a su hijo, pero no logró su objetivo.De hecho, además de no archivar la causa contra Mario P.G., el juez instructor acabó dictando auto de apertura de juicio oral también contra ella. La conexión de internet desde la que se descargó el material pedófilo –se hallaron archivos tanto en una computadora como en una tarjeta externa de memoria– estaba a nombre del padre del investigado, pero el hombre no tuvo ninguna participación directa en los hechos y resultó exonerado.
De haberse podido demostrar que el zaragozano difundía los vídeos, la Fiscalía podría haber pedido hasta nueve años de prisión. Sin embargo, solo lo llevó a juicio por un delito del 189.5 del Código Penal, que castiga a aquellos que «para su propio uso adquieran o posean pornografía infantil».
Contenido antisemita
La detención del zaragozano se llevó a cabo en diciembre de 2018 en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional, la Policía Federal Suiza y Europol. Gracias a ella, se detuvo también a Miguel R. B., en Tarragona, e Ian L. P., en Barcelona, todos ellos como supuestos responsables de la sección en castellano de uno de los portales neonazis con mayor difusión a nivel mundial. Según los investigadores, los arrestados apoyaban al ideólogo y máximo responsable del portal –radicado en Suiza, aunque también tiene pasaporte español– en su labor propagandística, con el objetivo de captar adeptos no solo en España sino también en Latinoamérica.