«Responderemos como respondieron los unionistas en Irlanda» o «estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España» fueron algunas de las frases que se escucharon, en referencia al inicio del proceso soberanista, durante un acto en Montjuïc en 2013.
La Fiscalía ha reclamado este miércoles tres años de prisión para los presidentes de La Falange, Pedro Pablo Peña, y de Alianza Nacional, Manuel Andrino, juzgados por un presunto delito de incitación al odio y a la violencia en sus discursos el 12 de octubre de 2013 durante un acto en Montjuïc (Barcelona).
Ambos se han negado a declarar en el juicio en el Juzgado de lo Penal 8 de Barcelona, por lo que la Sala ha oído la lectura de sus declaraciones ante el juez instructor: Peña se ratificó en el contenido de su discurso, del que dijo que formaba parte de la línea argumental de su formación, y Andrino dijo que no podía confirmar si los extractos que se le mostraron se correspondían con lo que dijo en el acto por el Día de la Hispanidad.
Además de tres años de cárcel, el fiscal Miguel Ángel Aguilar reclama imponer una multa de 3.600 euros a cada uno por los discursos de esa jornada, en la que Muñoz afirmó, en referencia al inicio del proceso soberanista, que «la bala debería ser para la clase política española, y para la cúpula militar que ha permitido este atropello», y después reiteró en declaraciones a los periodistas que estaba dispuesto a una respuesta armada.
«Responderemos como respondieron los unionistas en Irlanda», sostuvo que el camino es la violencia, en sus palabras, y llamó a derrocar la monarquía y defender España con sacrificio y a costa de sus vidas si fuera necesario. En su discurso, Andrino apeló actuar como en el golpe de Estado de julio de 1936: «Estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más».
Fiscal: «No perseguimos ideas»
«Lo que dicen, a veces lo hacen. La violencia a la que incitan, a veces la hacen», ha advertido el fiscal ante la jueza, ha señalado que ese mismo día, al acabar el acto, hubo actos violentos y ha recordado que Andrino fue condenado por el asalto al centro cultural Blanquerna de Madrid.
Aguilar ha replicado los reproches de la defensa, que le ha tachado de hacer una investigación prospectiva y perseguir a los acusados por motivos ideológicos: «Aquí no perseguimos ideas. Perseguimos personas que amparándose en organizaciones cometen actos violentos». También ha descartado que sus discursos puedan acogerse al derecho a la libertad de expresión porque no respeta otros derechos fundamentales, y ha considerado que «quizás hace 30 años hubiera generado hilaridad pero en el momento en que se dijo pudo y generó violencia».
Llevaban «una esvástica encubierta»
En el juicio ha testificado el sargento de los Mossos que dirigió el dispositivo policial durante la jornada, que también es el jefe de la unidad de investigación del cuerpo dedicada a los delitos con motivación ideológica de extrema derecha. Ha explicado que ese año estaban «especialmente preocupados» con la convocatoria dada la creciente crispación social, y ha explicado que los asistentes a la manifestación previa al acto en Montjuïc llevaban símbolos como la cruz celta, que ha definido como una esvástica encubierta.
El sargento ha explicado que había unas 500 personas como público en los discursos, de las que «al menos 30 tenían antecedentes por hechos violentos«, según comprobó la Policía Nacional al identificar a los pasajeros de dos autocares procedentes de Madrid para asistir al acto, y ha dicho que además conocía a algunos de investigaciones que había hecho anteriormente.
También ha contado que fue «un poco costoso» que los acusados declararan en la fase de instrucción, y que después de un requerimiento de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal de Madrid les llamó él mismo personalmente, pero rechazaron acudir sin una citación por escrito.
Los abogados de los dos acusados han pedido a la jueza que, si decide condenarlos, rebaje las penas tomando en cuenta que el juicio se ha celebrado más de siete años después de los hechos, por lo que han reclamado aplicar una «pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley», como recoge el Código Penal. Además, el defensor de Muñoz ha pedido anular la causa al considerar que el caso está prescrito y ha tachado de irregular la investigación del fiscal porque no se abrió por estos discursos sino por un panfleto que resultó ser falso, lo que la jueza ha rechazado.
